El PSOE se enfrenta al PP por la denuncia de la pareja de Ayuso y amortigua el impacto del ‘caso Koldo’

La denuncia de la Fiscalía de Madrid al empresario Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental ha revuelto las aguas políticas. El Partido Popular lleva acorralando al PSOE desde el pasado 21 de febrero por el conocido como caso Koldo, pero el presunto fraude a Hacienda de más de 350.000 euros junto a los dos millones que el novio de Ayuso habría cobrado en comisiones por contratos de mascarillas podrían volver las tornas o, al menos, entorpecer la encauzada oposición del PP.

“Nada tiene que ver esto con la Comunidad. Yo respondo por mi gobierno”, se defendió Ayuso. Pero el PSOE ha sacado las uñas este martes en el Senado para transmitirle a los populares que no lo van a tener tan fácil. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, hay un patrón de conducta que se observa en toda la familia de Ayuso, con los mismos ingredientes: el aprovechamiento del erario público para la obtención de contratos y con una persona que convive.

Tanto Puente como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han entrado al juego mostrando sus cartas: piden que el PP diga con qué dinero se ha pagado el piso en el que vive la presidenta madrileña, que podría provenir de un presunto “fraude”, advierten.

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Fuentes del Gobierno dan más importancia a este caso que al de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por el rescate de Air Europa, con el que el PP les señala. Y argumentan que, mientras en el caso de Ayuso hay una denuncia por parte de la Fiscalía, el asunto de Gómez es, a su juicio, un “bulo”. De hecho, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ya pidió explicaciones tras el Consejo de Ministros a los populares, que cierran filas con Ayuso.

La guerra abierta por estos casos se trasladará a sendas comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. La de la Cámara Alta, que ya se ha creado este martes con el beneplácito del PSOE, previsiblemente cuente con la comparecencia de Begoña Gómez, entre otras personas vinculadas con los socialistas o, directamente, miembros del Gobierno o la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol.

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En el Congreso de los Diputados es previsible la creación de otra comisión aunque, en su caso, no obtendrá el apoyo de los populares y abarcará la investigación de otros contratos sucedidos durante la pandemia. Pilar Alegría ya ha expresado que es “fundamental” que la pareja de Ayuso comparezca en la Cámara Baja, lo que también han pedido Sumar y Podemos.

Y todo ello coincide con la tercera reunión entre el ministro socialista Félix Bolaños y el responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons, para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la mediación del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders. Las posiciones de las partes llevan días alejadas, hasta que esta misma semana, el PP ya ha reconocido que hay “escollos” para llegar a un acuerdo, por lo que podrían dilatar la fecha límite para alcanzarlo, que en un primer momento coincidía con la salida de Reynders de la Comisión Europea. En el PSOE también se duda de una llegada a buen puerto, de lo que culpan directamente a Esteban González Pons que, a su juicio, “boicotea” la negociación.

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Por todo ello, la reunión que se va a celebrar este miércoles en Estrasburgo no parte de un clima de entendimiento, ni mucho menos. De hecho, el Partido Popular volverá a introducir la ley de amnistía en la negociación, avanzan a Infobae España fuentes de la Dirección Nacional del PP. Y, aunque no descartan que el ‘caso Koldo’ no salga a colación en esta tercera reunión, a un día de la aprobación de la medida de gracia en el Congreso y tras la denuncia a la pareja de Ayuso, la prioridad de los populares no será esa.