El menor de Gambia que acudió a la ONU para pedir protección sigue en situación de calle sin que España tome medidas

Ya ha pasado un mes desde que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas solicitó a España que adoptara “medidas provisionales” para transferir a un centro de protección de menores a un niño de 14 años de Gambia que se encuentra en situación de calle, pero el Estado sigue sin tomar medidas. De momento, tampoco han surtido efecto los pronunciamientos del Defensor del Pueblo, de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, o del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que también han solicitado a la Fiscalía General del Estado que realicen las gestiones necesarias para que el chico ingrese en el mencionado centro.

Modou (nombre ficticio) llegó a Las Palmas de Gran Canaria en agosto del año pasado, en patera y solo. Desde allí las autoridades le trasladaron a Tenerife y luego a Granada, Barcelona y Madrid, donde estuvo en centros para adultos a pesar de que en todo momento aseguró ser menor de edad. En esos lugares solo se permite pernoctar, por lo que el joven pasó muchos días deambulando a la intemperie y comiendo en comedores sociales, con todas las dificultades que eso implica para un adolescente. Así sobrevivió hasta que una entidad derivó su caso a la Fundación Raíces, la ONG especializada en infancia migrante sin protección familiar que denunció la situación de este adolescente ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Gracias a esta organización, Modou pudo entrar en un centro de menores en la capital, pero poco después la Fiscalía decretó su mayoría de edad, por lo que volvió a quedarse en situación de calle.

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La situación de Modou no ha cambiado y el menor sigue sin protección, pues actualmente se encuentra en un albergue de personas sin hogar donde solo puede pasar las noches, unas instalaciones que, además, están lejos de reunir las condiciones necesarias para atender adecuadamente a menores.

Cuando un migrante desembarca en costas españolas y alega ser menor de edad pero no cuenta con un documento que lo acredite o se sospecha que puede ser un adulto, la Administración comprueba si es cierto o no mediante una prueba ósea que determina su edad, unos exámenes muy criticados por su amplio margen de error de dos años y cuyos resultados suelen demorarse mucho, lo cual deja a cientos de migrantes en un limbo, tal y como ya han denunciado las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes.

En el caso de Modou, cuando llegó a Canarias no contaba con la documentación que acreditara su edad, ya que solo tenía una fotografía de su pasaporte y su partida de nacimiento, pero después, con la ayuda de una organización humanitaria, logró que le enviaran el pasaporte que había tramitado antes de poner rumbo a España. Ese documento fue verificado por la Embajada de Gambia en España y, sin embargo, la Fiscalía de Menores de Madrid duda de esos datos.

“El fiscal dijo al chico que se tenía que someter a pruebas radiológicas para determinar su edad, pero la abogada del joven le informó sobre su derecho a no someterse a pruebas al estar documentado y poder acreditar su edad con su pasaporte original”, algo que ya ha recordado también el Tribunal Supremo en muchas otras ocasiones, dice a Infobae España Lourdes Reyzábal, cofundadora de la Fundación Raíces. Tras la negativa de Modou a hacerse esas pruebas óseas, la Fiscalía decidió enviar el pasaporte a la Policía Científica y, a pesar de que en su informe pericial certificaron que “no había signos de falsedad”, la Fiscalía de Menores de Madrid decretó su mayoría de edad. A raíz de ello, Modou tuvo que salir del centro de menores en el que se encontraba y se quedó en la calle.

Tras la decisión de la fiscalía, la Fundación Raíces no solo decidió presentar medidas cautelares en el juzgado, sino que acudió al Comité de la ONU, que pidió a las autoridades españolas que protegieran al chico, por eso desde la ONG confían en que se ejecute pronto.

La edad es determinante para el futuro de las personas migrantes que llegan a las costas españolas en busca de un mejor futuro. Si se trata de una persona adulta y carece de documentos, será expulsada, mientras que si es un menor, debe ser protegido por el Estado. Los menores de 16 años, además, tienen derecho a la educación pública, obligatoria y gratuita.

El caso de Modou refleja una realidad que se repite en España cada vez con más frecuencia, advierte Reyzábal, pues la Fiscalía desconfía y “no está dando validez a los datos de los registros civiles de países africanos como Gambia, Senegal, Guinea-Conakri, Camerún, Mali o Costa de Marfil”.

Por si fuera poco, al igual que este joven gambiano, concluye la activista, todos los adolescentes que son declarados mayores de edad por la Fiscalía “se quedan en la calle con ese pasaporte que no ha sido válido para acreditar su edad, teniendo que esperar a cumplir 18 años para poder vivir como un adulto a pesar de estar decretado como mayor de edad”. “Nadie les va a retirar ese pasaporte porque es auténtico y es el que les va a servir en un futuro para hacer cualquier trámite o identificarse ante la policía”.

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