Qué ocurre con la herencia si uno de los herederos se niega a firmar el reparto

El fallecimiento de un ser querido supone tener que afrontar un proceso complejo a nivel emocional. Esto se complica cuando llega el momento de abordar la herencia y todo el papeleo que ello conlleva en España. Aceptarla es un acto voluntario y libre, por lo que puede darse la situación en la que uno de los herederos se niega a firmar el reparto. Sea cual fuere el motivo que lleve a ello, si se mantiene esta postura de disconformidad, el resto de personas cuentan con dos herramientas legales para resolver el problema.

En ocasiones, uno de los herederos no está de acuerdo con lo que el fallecido ha fijado en su herencia, ya sea por razones relacionadas con la prudencia, en caso de que haya que hacer frente a deudas, por conflictos familiares o por cualquier otro motivo. Cuando esto ocurre, el primer paso que se ha de dar es optar por el diálogo y tratar de buscar una solución a la causa que lleva a rechazar el reparto y, por ende, alcanzar un acuerdo.

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Una de las principales opciones de las que disponen los herederos es realizar una adjudicación parcial y firmar, de mutuo acuerdo, el reparto de ciertos bienes, de manera que se dejan los que han generado un conflicto para una posterior distribución. Sin embargo, si la persona que no está conforme mantiene su negativa a aceptar la herencia, los demás tienen dos herramientas: la interpelación notarial y, en última instancia, acudir a los tribunales.

Para que se produzca el reparto de una herencia pueden darse dos situaciones:

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• Que el fallecido haya dejado hecho su testamento antes de morir. Esto significa que ha decidido quiénes son sus herederos.
• Que el fallecido no haya hecho testamento, por lo que la ley decide quiénes son los herederos.

Pero hay algo común en ambos casos: es obligatorio que todos los herederos declaren su decisión de aceptar o renunciar al reparto. Si no es así, la legislación señala que no es posible llevar a cabo el reparto y, por tanto, las personas involucradas en este trámite disponen de las dos vías señaladas con anterioridad.

En España, la Ley 15/2015 de 2 de julio, sobre la Jurisdicción Voluntaria, ofrece una alternativa para resolver las disputas entre los herederos en caso de que uno de ellos se niegue a firmar la aceptación o renuncia de una herencia. De acuerdo con esta normativa, se puede solicitar una interpelación notarial para desbloquear el proceso. Esta medida puede aplicarse a partir de los 9 días posteriores al fallecimiento del causante.

La interpelación notarial permite que, a través de un notario, se inste al heredero reacio a decidir su participación en la herencia en un plazo de 30 días naturales. Si el heredero no responde dentro de este periodo, se asume que acepta la herencia, incluso si esta conlleva más deudas que bienes. Es crucial mencionar que la aceptación puede ser pura y simple o a beneficio de inventario, donde el heredero no se hace cargo de las deudas que superan el valor de la herencia.

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En las situaciones en las que persisten los desacuerdos sobre el reparto y un heredero se niega a firmar el documento, el procedimiento notarial no resuelve completamente el conflicto, por lo que es necesario recurrir a la vía judicial. Este paso implica llevar el caso ante los tribunales para una resolución final. Este es el último recurso para garantizar el derecho de todos los beneficiarios involucrados y asegurar un reparto equitativo de los bienes según lo establecido por ley.

La interpelación notarial es un mecanismo que permite resolver las situaciones en las que un heredero rechaza aceptar su herencia. Pero esta herramienta no garantiza una solución a otros conflictos derivados del reparto. Cuando los desacuerdos persisten, los involucrados tienen la opción de recurrir a la justicia para que sea un juez quien defina la composición de la herencia y cómo se distribuirá, conforme lo establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este procedimiento judicial suele ser el último recurso. La Ley de Enjuiciamiento Civil proporciona un marco legal dentro del cual un magistrado analiza el caso y determina, basándose en pruebas y leyes pertinentes, la manera justa de dividir los bienes entre los herederos. Esta medida busca preservar los derechos de todos los involucrados y garantizar una equidad en el reparto.