España comprometió una reforma fiscal en el componente 28 del Plan de Recuperación que se ha ido realizando a cuentagotas y que en los próximos meses la Comisión Europea tendrá que evaluar. Dicha reforma está en teoría sujeta al quinto pago, el que el Gobierno debería solicitar antes de julio de 2024 para recibir 7.200 millones de euros. No obstante, ya hay problemas con la solicitud del cuarto (de diciembre de 2023) por la no convalidación de la reforma del subsidio por desempleo, lo que podría terminar retrasando todo el calendario.
La transformación fiscal pactada con Bruselas consta de nueve bloques de reformas, de las cuales el Gobierno ha realizado ya la mayor parte, aunque hay excepciones notables. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la pelota está en el tejado de la Comisión: será el Ejecutivo comunitario quien tiene que evaluar en la solicitud de pago correspondiente si basta con las medidas ya adoptadas. De lo contrario, Hacienda reconoce que habrá que implementar más y negociar, pero no quiere adelantar acontecimientos.
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Los nueve puntos del componente se mantienen intactos sobre el papel desde el inicio del plan en 2021, pero uno ya se ha eliminado en la práctica: la introducción de peajes de carretera (incluido en la reforma cuatro). La Comisión dio el visto bueno durante la negociación de la adenda para que en vez de poner peajes en las autovías se apliquen medidas alternativas con un resultado de descarbonización equivalente, algo que se tradujo en el compromiso de fomentar el transporte de mercancías por carretera.
En la reforma cuatro hay otro punto polémico sobre el que no se ha actuado: la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante. Esto se refiere a que las gasolinas tienen en España un tipo impositivo más elevado por este concepto que los gasóleos. De hecho, el gasóleo agrícola y el pesquero están exentos del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos. El comité de expertos para la reforma tributaria recomendó efectuar un “aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos” de la gasolina, el diésel y el gas natural para reducir las emisiones y aumentar la recaudación, aunque con compensaciones a las rentas bajas y sectores más afectados.
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Más allá de estas dos concretas, hay otro grupo de medidas en las reformas dos y tres que son muy amplias al estar relacionadas con las recomendaciones del comité de expertos y que no se han cumplido, aunque esto no implica que la Comisión vaya a exigirlas específicamente. Las principales son ensanchar la base imponible del IRPF suprimiendo exenciones; hacer una transición gradual a un IVA simplificado más alto; aumentar impuestos medioambientales y revisar el Impuesto de Sociedades. Para el IRPF recomiendan específicamente eliminar la bonificación por el arrendamiento de vivienda, modificar la reducción por tributación conjunta y la reducción por rendimientos del trabajo.
Cabe recordar que la justificación de la reforma fiscal en el Plan de Recuperación es la necesidad de hacerlo más progresivo, de impulsar la fiscalidad verde y de que contribuya más a la sostenibilidad presupuestaria. “Dado que la proporción global de ingresos tributarios en relación con el PIB en España es inferior que la de las economías comparables, existe margen para aumentar los ingresos y fomentar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo”, detalla.
Una reforma fiscal “global” pactada con Sumar
Por otra parte, el Gobierno tiene seis reformas y parte de otra (la cuarta) para defender que ha cumplido con el componente. Las totalmente cumplidas son: las medidas para paliar los efectos de la pandemia; el impuesto sobre los servicios digitales; la tasa Tobin; la subida del IVA a las bebidas azucaradas; el impuesto sobre residuos en vertederos; el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y la modificación del impuesto de gases fluorados.
A estos se suman la puesta en marcha del anteproyecto de ley para la tributación mínima del 15%; los gravámenes de momento temporales sobre la banca y las energéticas; el impuesto sobre las grandes fortunas y las medidas sobre los impuestos personales. Algunas son el incremento del IRPF a rentas del trabajo por encima de 300.000 euros y a rentas del capital por encima de 200.000; la reducción de las desgravaciones a los planes de pensiones privados; el aumento de la reducción por rendimientos del trabajo a 21.000 euros y las reducciones de las retenciones por las subidas del SMI.
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Lo que más llama la atención es que a pesar de que casi todas estas medidas se hicieron en la legislatura pasada (menos la del 15% de Sociedades sobre el resultado contable y las reducciones por subir el SMI), el pacto de gobierno de coalición recoge que se va a hacer una “reforma global del sistema fiscal”. Esto podría dar a entender que todavía quedan muchas medidas por aprobar, pero Hacienda no está muy por la labor de las nuevas propuestas de Sumar y ha habido tensiones para hacer permanentes el impuesto a la banca y a las energéticas. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado este lunes que el PSOE tiene que “ser más ambicioso” en varias materias de cara a los Presupuestos de 2024, entre ellas la “justicia fiscal”. En cualquier caso, al no estar detalladas las medidas de dicha reforma fiscal en el pacto, no se puede verificar si se cumplen o no.