¿Peligra el ‘fast fashion’? La UE debate prohibir los productos del trabajo forzoso y restringir las cadenas de suministro

La Comisión Europea se ha propuesto fijar límites a la actividad económica de las empresas europeas y al comercio comunitario. Se trata de dos iniciativas que se encuentran en sus últimos pasos para la aprobación definitiva tras dos años de debates: la directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad y el reglamento para prohibir los productos elaborados con trabajo forzoso. Aunque aún está por ver si se terminan aprobando y siendo eficaces, ambas normas han puesto de relieve los dilemas de fondo: la crisis del comercio global de bienes y la reindustrialización que busca la UE tras la deslocalización de sus multinacionales a finales del siglo pasado.

El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo el pasado cinco de marzo para aprobar el reglamento, que se aplicaría en los estados miembros directamente (no requiere transposición) tres años después de su entrada en vigor. La presidencia rotatoria del Consejo criticó que la esclavitud y el trabajo forzoso todavía existan en el mundo y defendió que el primer paso para erradicarlos es “romper el modelo de negocio de las empresas que explotan a los trabajadores”. “Con este reglamento queremos asegurarnos de que sus productos no tengan cabida en nuestro mercado único, ya sean fabricados en Europa o en el extranjero”, declaró Pierre-Yves Dermagne, viceprimer ministro de Bélgica.

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El último texto del reglamento europeo, el que ahora tendrá que negociar y votar el Parlamento, prohíbe en la UE tanto la importación como la exportación y la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso. También se extiende a la venta online de este tipo de productos a usuarios europeos por parte de empresas extranjeras. La aplicación de la norma consiste en investigaciones fuera de la UE (dirigidas por la Comisión) y dentro (competencia de las autoridades nacionales).

Para facilitar la aplicación, el Ejecutivo comunitario creará una base de datos de áreas y productos con riesgo de trabajo forzoso. Si se demuestra este hecho en un producto, se retirará del mercado completa o parcialmente y se impondrán sanciones. Por otra parte, la directiva pretende obligar a las multinacionales a que ninguno de sus proveedores incumpla los derechos humanos ni ciertos requisitos de sostenibilidad ambiental, enfrentándose en caso de incumplimientos a sanciones.

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En opinión de Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis, la directiva es “muy ambiciosa en el papel”, pero cree que perderá fuerza en la transposición a cada estado miembro en el caso de que termine aprobándose: “Alemania, Italia y Francia ya han dicho que es demasiado complejo”, recuerda. Cristina Faciaben, secretaria de CCOO internacional, coincide y opina que el reglamento puede ser “la enésima propuesta de la UE vacía de contenido”. Añade que en el bloqueo de la directiva también influyen las “presiones del lobby empresarial”. Ana María Corral, responsable de Migraciones de UGT considera que las normas propuestas son un avance, pero que el plazo de entrada en vigor del reglamento (36 meses) es “demasiado largo” si lo que se busca es eficacia.

Aunque estas iniciativas no pongan el foco en ninguna zona geográfica concreta, la UE las propuso después de que EEUU aprobara a finales de 2021 una ley que prohibió importar bienes realizados con trabajo forzoso, especialmente en la región China de Sinkiang. La ley nació como respuesta a los presuntos campos de trabajo forzoso de uigures (una minoría musulmana) ubicados en dicha región, por lo que las empresas que operen en Sinkiang y quieran exportar a EEUU tienen que demostrar que no usan el trabajo forzoso para producir sus bienes,

Las fricciones con China en el ámbito comercial son crecientes, también por parte de la UE, como muestra la investigación de la Comisión a los vehículos eléctricos importados de China que presuntamente habrían recibido “subvenciones ilegales”. De hecho, las importaciones desde China han caído en 2023 por primera vez en una década, tanto en EEUU como en la UE. El descenso es de un 20,3% y de un 18%, respectivamente, aunque ambos siguen teniendo déficit comercial con el gigante asiático.

Ya hay numerosos casos de productos afectados por la normativa de EEUU, según el portal de datos abiertos del gobierno. Desde la entrada en vigor de la ley hasta febrero de 2024, Washington ha rechazado el 42% de los envíos investigados por posible trabajo forzoso y, curiosamente, la mayoría provienen de Vietnam, seguidos de los de China y Malasia. De los rechazados, el 32,8% son electrónicos, el 29,3% materiales de manufactura y el 22,9%, textiles.

Los datos están anonimizados, pero un ejemplo recientemente conocido es la retirada el mes pasado por parte de EEUU de vehículos del grupo alemán Volkswagen alegando que tenían componentes fabricados en Sinkiang. Lo que demuestra que la normativa no solo afecta a China, sino también a todo el comercio global y, por ende, a las multinacionales europeas con lazos comerciales en zonas sospechosas de trabajo forzoso.

Si hay una región en el punto de mira en los últimos años por posibles trabajos forzosos es Sinkiang. La ONU publicó una evaluación en agosto de 2022 sobre el cumplimiento de los derechos humanos en esta región y concluyó que el sistema de centros de formación profesional constituye “una privación arbitraria de libertad a gran escala” y que es “involuntario”. “Los detenidos en los centros de formación profesional y técnica dijeron a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tenían que trabajar en ellos como parte del ‘proceso de graduación’, sin posibilidad de negarse por miedo a que los retuvieran más tiempo en las instalaciones”, detalla el informe.

Otros informes de centros de estudios y universidades han señalado a multinacionales occidentales por incluir productos de esta región en sus cadenas de suministro. Los más recientes son los publicados por la universidad británica Sheffield Hallam sobre trabajo forzoso de uigures en el textil, la industria solar y la industria de la automoción. El trabajo de febrero de 2024 Tailoring Responsibility: Tracing apparel supply chains from the Uighur Region to Europe, financiado por el grupo socialista europeo, señala que dos firmas españolas tienen lazos comerciales con Sinkiang: Inditex y Mango.

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En concreto, identifica que Guanghua Group es proveedor de Inditex y Mango a través de su empresa Bejing Guanghua Times Textile and Garment. “Los registros aduaneros confirman que Beijing Guanghua suministra a Inditex (matriz de Zara) en España”, señala el informe. Además, la relación se anunciaba en la web de la empresa hasta hace unos meses. Esta empresa estatal china tiene su sede principal en la región de Uigur y participa en programas de “alivio de la pobreza” que “vigilan y controlan al pueblo uigur”, según el informe. También suministra a otras marcas conocidas como Primark, Skechers, Guess, Jack&Jones, Levi’s y Only, entre otras.

La respuesta de Inditex ante estas acusaciones ha sido que reconocen relaciones antiguas con algunas empresas y actuales con intermediarios, aunque no se especifican cuáles. “Aunque hemos tenido operaciones de compra con algunas de las cuatro empresas mencionadas en su correo electrónico, confirmamos que actualmente no tenemos ninguna relación con ellas ni tenemos previsto entrar en tratos con ellas en el futuro”, detallan los correos del anexo. “En cuanto a los ocho fabricantes intermediarios mencionados en su segunda comunicación, podemos confirmar que mantenemos una relación comercial con algunos de ellos”, firma Raúl Estradera, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Inditex.

Mango, por su parte, respondió que no es cliente de ninguna de las empresas citadas en el informe ni de sus filiales. “Conscientes de la situación en la región de Sinkiang, examinamos cuidadosamente las instalaciones chinas de las que nos abastecemos, del mismo modo que rastreamos nuestras prendas desde la producción del hilo/tejido y su procesamiento hasta el producto final”, aseguran.