Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE han dado luz verde este lunes a la directiva de plataformas digitales tras un bloqueo a finales de 2023. Aunque Alemania se ha abstenido y Francia ha votado en contra, el cambio de postura de Estonia y Grecia ha permitido que la norma salga adelante. Según un comunicado del Consejo de la UE, el texto acordado “logra un equilibrio” entre respetar los sistemas laborales nacionales y garantizar estándares mínimos de protección para los más de 28 millones de personas que trabajan en plataformas digitales en toda la unión.
La directiva se inspira en la ‘ley rider’ española de 2021, aunque esta solo afecta a los repartidores de empresas como Uber y Glovo, mientras que el impacto de la norma europea se extiende a todos los sectores. Algo que demandaban las organizaciones sindicales tras el auge de estos modelos de trabajo en actividades como la limpieza y la traducción, entre otros.
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El texto se basa en una presunción legal de empleo que ayudará a determinar la correcta situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales y, por tanto, a evitar el uso de la figura de los falsos autónomos. Esta presunción se activará cuando se encuentren hechos que indiquen “control y dirección” del trabajador por parte de la plataforma. Además, las personas que trabajan en plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales pueden invocar dicha presunción legal y alegar que están mal clasificados. Corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral en ese caso.
La otra parte de la directiva establece que los trabajadores estén debidamente informados sobre los sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones usados para su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de determinado tipo de datos personales de los trabajadores de plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Adicionalmente, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluido el derecho a que dichas decisiones sean explicadas y revisadas.
España ve “falta de contundencia”
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo porque “ganan las personas trabajadoras y pierden las multinacionales”, aunque desde el ministerio critican “falta de contundencia a la hora de establecer la presunción de laboralidad” en el texto final.
El bloqueo a la directiva se produjo con el texto propuesto por la presidencia española del Consejo de la UE, con Díaz al frente como ministra de la materia. Por ello ha considerado que el texto aprobado este lunes, menos ambicioso, “no es un acuerdo perfecto” y “no entusiasma” a España. Según Díaz, puede dar lugar a una protección “desigual” de los trabajadores, pero lo ha apoyado porque prefiere situarse del lado de “la Europa que avanza” frente a “la que bloquea”.
Una vez completados los pasos formales de la adopción, los estados miembros tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional.
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