El limbo de la dependencia se reduce, pero aún hay más de 295.000 personas en lista de espera para recibir las ayudas

El Plan de Choque que el Ministerio de Derechos Sociales aprobó en 2021 con el objetivo de reducir las listas de espera del sistema de atención a la dependencia, y que ha incrementado la financiación estatal en 4.000 millones de euros, ha tenido un impacto “mucho menor de lo esperado”, según la última evaluación del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con la información oficial del Imserso. Si bien en los últimos tres años han aumentado en 287.636 las personas atendidas, y con ello hasta finales de 2023 había un total de 1.567.107 con derecho a prestación, aún hay 296.431 personas en lista de espera. De ellas, 179.244 se encuentra en espera de recibir la prestación o servicio y 117.181 esperando ser valoradas.

“Después de tres años de Plan de Choque, y pese al incremento presupuestario de 4.000 millones de euros, no ha habido una mejora sustancial a la dependencia, ya que hay más de 296.000 personas en las listas de espera”, ha indicado este lunes en rueda de prensa José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia. Esto ha provocado, ha añadido, que en España fallecieran en 2023 un total de 40.447 personas que se encontraban en las listas de espera, una media de 110 al día, de las que 18.454 estaban pendientes de que se les reconociera el grado de dependencia y las 21.993 restantes estaba esperando a ser atendidas.

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Ramírez también ha explicado que sigue habiendo grandes diferencias entre las comunidades autónomas, tanto en cobertura como en modelos de gestión del sistema de la dependencia. Así, diez regiones aprueban la escala este año, de forma que la media estatal baja a 4,9, y sólo 9 regiones aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con 8,3 puntos, son las que obtienen mejor puntuación, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Cataluña y Murcia, con un 1,7 puntos.

El tiempo medio en España para tramitar un expediente de dependencia es de 324 días (97 días menos que en 2020), si bien en cuatro comunidades autónomas se supera los 12 meses y sólo cinco están por debajo de los 6 meses que estable la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que entró en vigor en diciembre de 1996 y es uno de los pilares del bienestar social en España. “Los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del sistema, sin que se perciba una mejora notable a partir del importante incremento de financiación estatal, tal y como proponía como el Plan de Choque”, añade la asociación.

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También lamentan que sólo el 35,8% de las personas con grado de dependencia reconocido que viven en su domicilio tenían teleasistencia al finalizar 2023 y, en cuanto a la intensidad media de la ayuda a domicilio, “solo ha habido un incremento de 0,3 horas mensuales respecto al año anterior, al alcanzar 33,8 horas por mes.

La ayuda media que reciben quienes cuidan a un familiar en situación de dependencia en su propio domicilio es de 240 euros, una cuantía que asciende a 369 en el caso de los dependientes de grado III. En cuanto a la prestación vinculada al servicio para una plaza residencial en el caso de los dependientes de grado III, la ayuda asciende a 575 euros, “menos de una tercera parte del coste real de estos servicios en la mayor parte de España”, añaden. “Estos resultados tan limitados se explican debido a la complejidad de los procedimientos desde que una persona solicita que se reconozca su situación de dependencia, que venimos denunciando de manera sistemática, unido a la falta de voluntad política de algunos Gobiernos autonómicos, que ha reducido su aportación económica ‘haciendo caja’ con el incremento de financiación estatal que ha supuesto el Plan de Choque”, critican.

En ese sentido, las regionales que han reducido su aportación a la dependencia en 2023 han sido Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).

Por otro lado, la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca uno de los compromisos del Plan de Choque “que ha cumplido el Gobierno al posibilitar que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo social, lo que evitará los elevados costes y complejos procedimientos de reclamación que actualmente tenían que tramitarse y resolverse por la vía contencioso-administrativa”.