El Gobierno da luz verde al anteproyecto de ley de trata, que dará papeles y derechos a las víctimas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, Día Internacional de la Mujer, al anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular, de manera que no serán expulsadas del país, podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia.

El Gobierno recupera así una norma que quedó pendiente la pasada legislatura con el objetivo de buscar un “abordaje integral” de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual. Según ha indicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa, no se trata de una ley punitivista, sino que “está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas” para apoyar y “dar cobertura a las supervivivientes, especialmente las que están en situación irregular.

Te puede interesar: Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”

Según ha explicado, la norma contempla una “autorización provisional con permisos de residencia y de trabajo cuando se certifique la “condición definitiva de víctima de trata”, algo “importantísimo”, ha valorado Redondo, para estas víctimas que viven con “miedo y angustia” y a las que se debe “proteger y acompañar en todo momento”. El Gobierno asegura que tampoco se expulsará del país a víctimas que se encuentren “en situación de trata” y se les ofrece “toda una batería de ayudas y derechos” sin necesidad de denuncia: acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y tratantes.

Además, contempla un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijos o personas dependientes a su cargo. Derechos que, según ha subrayado la ministra de Igualdad, se reconocen “con independencia” de que haya denuncia. Tampoco se exigirá la colaboración en la investigación penal para recibir atención y protección.

Te puede interesar: Desde Ana Peleteiro hasta Aitana Bonmatí: las 8 mujeres que protagonizan el deporte femenino español en la actualidad

A preguntas de los periodistas, Ana Redondo ha explicado que, en el momento en que las Fuerzas de Seguridad son conscientes de que se está produciendo una situación de trata y se libera a las supervivientes, se procede a “una acreditación provisional” que es la que dará lugar al permiso de residencia y trabajo “desde el primer momento”. Más tarde, se abrirá “todo un proceso de acreditación” de esa situación. Pero tanto en esa acreditación provisional como la definitiva “se desliga” la protección ofrecida de la denuncia, ha explicado la ministra. Así, habrá todo un equipo que “desde el minuto 0″ va a hacer que “se proteja a las víctimas de trata y después se les pueda dar condición definitiva de víctimas”.

El Ejecutivo impulsa estas medidas consciente del “terror de muchas mujeres en el momento de la denuncia”. Por eso, ha incidido Redondo, “la ley va mucho más allá en la protección que se venía ofreciendo” y aspira a acompañarlas desde el primer momento en su recuperación y en su integración laboral y social. Echa así a andar un anteproyecto que contará con “la colaboración de todas las asociaciones comprometidas” con la lucha frente a la trata y explotación de seres humanos y en el que se recabarán los informes de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

El Gobierno también ha aprobado este viernes un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, una medida impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Igualdad. Redondo ha señalado que incluirá un “listado orientativo de conductas susceptibles de ser consideradas acoso” y que entrará en vigor en el plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las novedades, se creará un listado, pero la ministra ha asegurado que “no es exhaustivo ni cerrado”, pero sí es uno orientativo de conductas susceptibles a ser consideradas acoso. Entre ellas, se encuentran las insinuaciones sexuales, los flirteos ofensivos, las bromas de contenido sexual denigrantes, el ciberacoso o las cartas con contenido sexual. Además, la ministra de Igualdad ha prometido un “procedimiento ágil” que permita a las víctimas de acoso realizar una notificación de la situación que está sufriendo.

El protocolo se acordó la pasada semana con la mayoría de la representación sindical del Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), UGT y CIG. Sin embargo, Comisiones Obreras lo criticó por considerar que no protege correctamente a los trabajadores.