El PSOE y Junts encauzan la legislatura: blindan la aprobación de la amnistía y abren la puerta a los presupuestos

Han sido dos semanas de parón mediático por el conocido como caso Koldo, que ha acaparado portadas, titulares y la presión de la oposición tras más de medio año con la ley de amnistía monopolizando el debate político. Sin embargo, el acuerdo entre el PSOE y Junts se presenta más sólido que nunca, quizás por la ausencia de tanta presión a su alrededor. Este jueves la norma aterriza por segunda vez en la comisión de justicia del Congreso de los Diputados, de donde saldrá con el dictamen necesario para su aprobación en el pleno, tal y como han acordado el PSOE, Junts y ERC.

El acuerdo ya venía encaminado desde hace días, y ha sido este miércoles, un día antes del debate en la Comisión de Justicia, cuando lo han hecho público. En cualquier caso, el texto que llegue al pleno no será el mismo, ya que se han pactado cambios. Sin precisar de cuáles se trata exactamente, ninguna de las partes ha descartado que estas modificaciones afecten a los delitos de terrorismo. En concreto, los grupos han acordado transaccionar las diferentes enmiendas que se mantenían vivas “para reforzar la ley de amnistía”, que cubrirá a todas las personas vinculadas con el proceso independentista y será “plenamente” conforme a la Constitución, al derecho, a la jurisprudencia europeo y “los mejores estándares europeos e internacionales”, reza el pacto conocido a última hora de la tarde de este miércoles.

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También parecen haber incorporado a la negociación una nueva cuestión que, en esta ocasión, beneficia a los socialistas: la negociación para sacar adelante los presupuestos generales del Estado (PGE). Este miércoles, las cuentas han echado a andar después de que el PP tumbase, por segunda vez, la senda de déficit en el Senado, lo que no afecta a su recorrido parlamentario. Así, todas las partes parecen satisfechas y seguras de que la ley de amnistía llegará a buen puerto.

Lo único en claro es que el dictamen de la amnistía tendrá luz verde este jueves en la Comisión de Justicia, por lo que también saldrá adelante en el pleno. Todavía no se conoce su contenido, pero Pedro Sánchez ya avanzó a un conjunto de medios durante un viaje oficial en Brasil que los cambios en el texto a los que se abría iban dirigidos a ofrecer más garantías a los de Carles Puigdemont.

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“Este proyecto va a ser constitucional. Entró constitucional y alineado con el derecho europeo, y va a ser así lo que salga de las Cortes Generales”, dijo en sus últimas palabras públicas antes de la llegada del texto a la comisión.

El dictamen que se debate este jueves ya se aprobó en enero, pero no prosperó a su llegada al pleno por el no de Junts. También se debaten las enmiendas que los grupos mantuvieron vivas y que no se aceptaron en el pleno, además de las transaccionales que se puedan pactar sobre estas. En el caso de los cambios a los que se ha abierto el Gobierno, se introducirán a través de una transacción única a partir de las enmiendas.

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Aunque es necesaria la asistencia de todos los grupos, debido al rechazo en el que se reafirman el PP, Vox, UPN y CC, este jueves bastará con que Junts se abstenga, aunque su apoyo será igualmente necesario cuando el texto llegue al pleno, que es el siguiente paso y en el que los de Puigdemont hicieron decaer la norma la última vez. El pleno podría celebrarse el jueves 14 de marzo, o el 21 y, si la Cámara Baja da luz verde a la norma, sería el turno del Senado, con la mayoría absoluta del PP.

Pese a ello, el PP no puede paralizar la ley, pero intentará dilatarla todo lo posible —con un límite de dos meses— para rentabilizar al máximo su oposición. Pese a las peticiones de Vox de no admitir a trámite la ley de amnistía en el Senado, este es un movimiento que no puede hacer el PP. Con todo, aunque tuviera capacidad de hacerlo, tampoco le resultaría rentable políticamente, ya que la ley de amnistía se acabaría aprobando directamente sin debate en el pleno del Congreso, ni los plazos previos en el Senado que pretende el PP.

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Los populares utilizarán todos los recursos legales a su alcance para denunciar en el Senado lo que ellos consideran un “acto de corrupción política”. Por ello, desplegarán todo tipo de iniciativas en la Cámara Alta, incorporarán los informes oportunos y llamarán al Senado a las personas que, según el PP, Sánchez y sus socios han querido silenciar en el Congreso.

Al final de todo ese proceso en el Senado, la proposición de ley volvería al Congreso, que a su vez tendría que ratificar o enmendar los retoques realizados en el Senado. En este sentido, fuentes populares esgrimen que la Cámara Alta devolvería el texto no solo con el veto o las enmiendas, sino con una serie de informes a sus espaldas y un debate previo en el Senado. “Combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados”, avanzan estas mismas fuentes.