Blindar el aborto en la Constitución española es posible, pero con referéndum: “Urge una revisión en clave feminista”

La Torre Eiffel se iluminó el lunes pasado con un mensaje inusual: “Mi cuerpo, mi elección”. Era la forma de celebrar que los legisladores franceses acababan de consagrar el derecho al aborto en la Constitución, un hito histórico, pues se trata del primer país del mundo en reconocer e incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Carta Magna, de manera que estará más protegido y será difícil que un Gobierno lo impida en un futuro. “Mandamos un mensaje a todas las mujeres, vuestro cuerpo os pertenece y nadie tiene derecho a disponer de él en vuestro lugar”, dijo el primer ministro de Francia, Gabriel Attal.

Después de que los legisladores franceses emitieran 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones — mayoría que superó ampliamente los tres quintos requeridos —, la ministra de Igualdad en España, Ana Redondo, aseguró mirar con “envidia” al país vecino por el paso dado y expresó su deseo de que el aborto se convirtiera en un derecho blindado en la Constitución española. “Francia ha abierto nuevamente un camino que, ojalá, podamos transitar también en España. Me gustaría que el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia maternidad, también fuera un derecho reconocido constitucionalmente”, indicó durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado, donde explicó las líneas generales de su departamento.

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Pero este miércoles la ministra matizó sus palabras al ser preguntada en una rueda de prensa sobre la posibilidad de proponer al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, teniendo además en cuenta que el PSOE ya lo propuso hace 11 años, en la Conferencia Política en 2013, pero la propuesta nunca vio la luz, tal y como informa la Cadena Ser. La titular de Igualdad ha descartado blindar este derecho en España al considerar que “no se dan las condiciones necesarias” y ha recordado que se acaba de cumplir un año de la reforma de la ley que protege el derecho al aborto, por lo que lo importante ahora “es desarrollarla” y que todas las regiones se comprometan para que “las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto en todo el territorio”.

Reformar la Constitución Española para incluir el derecho al aborto, explicó Redondo, exige unos “consensos amplísimos: una mayoría de dos tercios, disolver las cámaras y que el pueblo español lo ratifique en un referéndum”, a diferencia de Francia, donde se requería el apoyo de tres quintas partes de los legisladores pero no era necesaria una consulta popular. En el país galo, además, la mayoría de los parlamentarios de derecha y extrema derecha han apoyado la reforma, “un consenso que en España no se está dando”, aclaró la ministra en referencia a Vox, partido que se opone al aborto.

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Para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España, explica a Infobae Abraham Barrero, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, en primer lugar sería necesario reformar el artículo 15, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y al formar parte del núcleo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del Capítulo Segundo, los procedimientos de reforma son más exigentes.

“Modificar ese artículo exige una reforma agravada de la Constitución, es decir, un procedimiento complejo que está regulado en el artículo 168 y que exige proceder a la aprobación definitiva del principio por mayoría de dos tercios. Después habría que disolver las Cortes y, finalmente, celebrar un referéndum”, indica Barrero. En caso de que se aprobara esa reforma, aclara, el Tribunal Constitucional no podría invalidarla, porque desde el momento en el que se incluye en la Carta Magna, “no puede ser declarado inconstitucional”.

Existe, sin embargo, otra forma menos compleja de introducir el derecho al aborto en la Constitución, tal y como apunta Ruth Rubio, también catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y es incluirlo en los principios rectores de la política social y económica que se recogen en el Capítulo Tercero, “de manera que tuviera un reconocimiento simbólico, aunque no tendría el mismo grado de protección que en el Capítulo Segundo”. “Sería una forma de establecer que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la salud reproductiva, pero no se estaría otorgando un nuevo derecho fundamental”, aclara la experta. En este caso, se necesitaría un procedimiento de reforma que requeriría las tres quintas partes de ambas cámaras, pero no un referéndum. “Depende, por tanto, de dónde se quisiera colocar jurisprudencialmente”.

Más allá de estos procedimientos, el principal obstáculo en España, coinciden ambos expertos, es que no hay consenso político, a diferencia de Francia, porque aquí se antoja complicado que PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, llegaran a un acuerdo para reformar la Constitución. No obstante, Rubio considera que la Constitución española “está más que madura para una revisión en clave feminista que pase por corregir el lenguaje sexista, por eliminar la discriminación abierta y directa que todavía existe con respecto al orden sucesorio de la Corona, por fundamentalizar la autonomía reproductiva y el derecho al cuidado y por hacer mención explícita a la violencia de género”. “Nuestra Constitución del 78 está obsoleta y no solo desde la perspectiva de género. Se ha quedado muy atrás si la comparamos con otras más recientes que se han elaborado de manera más participativa y con un mayor impacto de sociedad civil”, concluye la experta.

Sumar, por su parte, ha reclamado este miércoles introducir en la Constitución el derecho al aborto. Lo ha planteado su portavoz adjunta, Aina Vidal, acompañada de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y del resto de las diputadas del grupo parlamentario. Sin embargo, la ministra de Igualdad ya lo ha descartado al considerar que “no se dan las condiciones”.