Pedro Sánchez se hace de rogar. Este jueves finaliza el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados llegue a un acuerdo para emitir un nuevo dictamen de la ley de amnistía que posteriormente enviará al pleno para su aprobación. Y aunque tanto el PSOE como Junts avanzan que la negociación ha ido bien y que hay un pacto inminente, todavía se desconoce si la norma incluirá una modificación del modo en el que quedan recogidos los delitos de terrorismo en la norma. Esta es la gran cuestión, sobre todo después de que el Tribunal Supremo abriera la semana pasada una investigación por este delito a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic. “Ya lo verán en la enmienda”, ha señalado Sánchez en una rueda de prensa durante su viaje oficial a Brasil.
El Gobierno ya da por hecho el pacto y admiten que hay cambios para dar más garantías a los independentistas. Sin embargo, no quieren aclarar si estas modificaciones que se han producido después de que la votación de esta ley fracasara en el Congreso en 30 de enero con el rechazo de Junts incluyen o no los delitos de terrorismo, una petición del partido del expresident y que hasta hace no mucho el Ejecutivo se refería a ella como “línea roja”.
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“Ya lo verán en la enmienda, quedan pocas horas para poder conocer la transaccional”, ha señalado Sánchez al ser cuestionado directamente por cómo quedará recogido este tipo penal en el redactado final de la norma. “Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo”, ha insistido. De esta forma, ha apuntado que están “a pocas horas” de alcanzar el acuerdo y que está convencido de que tanto Junts como el resto de socios apoyarán la norma.
Para Sánchez, la ley de amnistía es “trascendente para la democracia española” y va a significar dejar a tras “todas las consecuencias judiciales de una crisis territorial y constitucional como nunca vivió la democracia española”. El presidente ha señalado, como ya ha dicho en varias ocasiones, que el objetivo de esta ley es la reconciliación entre catalanes que “se vieron enfrentados en ese aciago 2017″ como consecuencia del procés y también de la sociedad catalana con el resto de españoles. En este sentido, ha recordado que el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía recoge que 54 países han aprobado leyes de amnistía y que eso ha permitido la reconciliación.
Junts gana el pulso
Junts dejó la amnistía en punto muerto y al Gobierno tocado cuando en esa votación de enero, la medida que más sudor y votos está costando al PSOE, y que el PSOE no habría adoptado de no ser por la exigencia de la investidura, cayó. Los emisarios de Puigdemont no se conformaban con la confianza o el compromiso en que esa norma serviría. Por su parte, el ejecutivo dijo que ‘hasta aquí’, que ya no daría un paso más. De modo que uno de los dos tenía que dar su brazo a torcer. Este miércoles se ha desvelado quién lo ha hecho.
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Eso que las dos partes se juegan mucho, a diferentes niveles. El Gobierno, una legislatura, un mandato largo en clara minoría; Junts, que Puigdemont pueda regresar a España sin ser esposado a la que pose un pie en el suelo. Los independentistas apostaron por estirar la cuerda, aún sabiendo lo que podían perder, en la última oportunidad para que su líder vuelva a casa. Si la información revelada por Sánchez se corresponde con lo que finalmente ocurra, el pulso fue acertado y lo han ganado.