Traore Abdallah ha pasado casi la mitad de su vida viviendo en un país en guerra. Porque aunque en Mali el conflicto armado entre el Ejército y los grupos separatistas tuaregs comenzó en 2012 y terminó tres años después con la firma del acuerdo de paz de Argel, parte de los firmantes no respetaron el pacto y no abandonaron las armas, por lo que desde entonces ha reinado la inestabilidad. A consecuencia de esa guerra interminable, Traore se vio obligado a abandonar Mali y tras pasar un tiempo en Argelia, llegó finalmente a España en diciembre de 2023, jugándose la vida a bordo de una precaria embarcación después de pagar 3.000 euros. Ahora, ya en Madrid, las dificultades no han hecho más que aumentar para este joven maliense de 29 años.
Al igual que otros muchos migrantes que han llegado a España en este último tiempo, Traore ha tratado de pedir asilo, pero ni siquiera ha logrado una cita porque nadie responde al teléfono. Acceder al sistema se ha convertido en misión imposible para la gran mayoría, tal y como ya han denunciado las organizaciones humanitarias, que recuerdan que esos problemas “condenan a un limbo legal a miles de personas que esperan una media de seis u ocho meses para poder formalizar su solicitud de protección internacional”. Ante esta situación, una treintena de entidades sociales ha presentado este martes más de cien quejas al Defensor del Pueblo de personas migrantes que llevan meses intentando conseguir esa cita, pues el registro no debería superar los plazos de 3 a 6 días.
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“No facilitar el acceso a esta protección internacional impide la protección y el acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria, legal, psicológica o la posibilidad de formación”, advierten las ONG que han impulsado la iniciativa ‘Sin citas no hay derecho’, entre ellas Alcalá Acoge, Mundo en Movimiento, Coordinadora de Barrios o Sindicato de Manteros de Madrid. Las organizaciones también aseguran que España incumple “sistemáticamente” la legislación nacional y la europea en materia de asilo al impedir este derecho a los migrantes.
En el caso de Traore, que ahora se encuentra en un centro de emergencia para migrantes en Madrid, su desesperación aumenta a medida que van pasando los días y asegura que se encuentra en una situación muy complicada. “Salí de Mali por la guerra, porque allí la situación es muy difícil, no hay trabajo y tampoco se puede estudiar. Desde que llegué, llamo todos los días por teléfono [para pedir cita para solicitar asilo] pero nadie responde. No puedo ni dormir”, cuenta a Infobae entre suspiros. Su único deseo, después de todo lo que le ha tocado vivir, es poder formarse y trabajar, asegura.
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Mafias y vías inseguras
La ONG Mundo en Movimiento ha podido comprobar cómo afecta a la vida de las personas migrantes esa falta de citas para solicitar asilo y para llevar a cabo, en definitiva, otros trámites básicos relacionados con la extranjería. El Estado, apunta la organización, “está para garantizar que las personas puedan acceder a sus derechos y ejercerlos, no para impedirlo, que es lo que está haciendo” y debido a esos obstáculos muchos migrantes “quedan en situación de irregularidad administrativa, en situación de calle o desatención sanitaria”, aclara María Peñalosa Méndez, integrante de la organización, e incluso otras veces son devueltos a los países de los que han tenido que huir debido a los conflictos inacabados, persecuciones y violaciones a los derechos humanos.
La activista también denuncia que las citas previas para extranjería están controladas por mafias criminales, aunque también cree que “el bloqueo deliberado de los canales de acceso a las citas por parte de la Administración favorece la creación de esos grupos que mercadeen con ellas”. “Si la gente pudiese acceder a las citas, no tendrían que estar comprándoselas a esas mafias, pero, claro, esto también se podría aplicar a un contexto migratorio más amplio: si hubiese vías legales y seguras para viajar, las personas migrantes tampoco se verían obligadas a depender de las mafias”, que los trasladan en pateras desde países africanos hasta las costas españolas por cantidades que pueden llegar a los 5.000 euros. “La mejor lucha contra las mafias es la protección real de los derechos de las personas”, sostiene Peñalosa Méndez.
Además de las organizaciones humanitarias, abogados y gestores también han denunciado la existencia de estas mafias, que utilizan bots para adelantarse y pedir las citas de asilo más rápido que cualquier usuario y luego venderlas. El precio, que oscila entre los 40 y 500 euros, depende del trámite en cuestión.
Solo se reconocieron 12 de cada 100
Cabe destacar que a lo largo de 2023 un total de 163.220 personas solicitaron asilo en España, lo que supone un 37% más que el año anterior y un nuevo récord histórico, según los datos recopilados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), aunque el asilo solo fue reconocido a 11.163 personas, un 12% del total, lo que se traduce en un 4,5% menos que en 2022.
Así, España se convirtió un año más en el tercer país europeo con más peticiones de asilo, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5%, solo por delante de Malta y Chipre, quedando muy lejos de la media europea del 38%.
Este martes, además, seis entidades sociales que defienden los derechos de las personas migrantes — Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya, CONVIVE Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui — han denunciado que España está “lejos” de cumplir el Pacto Mundial de Migraciones (PMM) que adoptó junto a otros 151 países en diciembre de 2018, debido principalmente a políticas como la externalización de fronteras, las devoluciones en caliente, las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o las problemáticas pruebas de determinación de edad a menores.