El Gobierno sentencia al Hotel Riu de Fuerteventura, la joya turística de la isla que cerrará por incumplimiento de contrato

El Hotel Riu Oliva Beach, emblema de Fuerteventura, que cada año alberga alrededor de 70.000 clientes y produce unos 600 puestos de trabajo en la isla de Canarias, tiene fecha de caducidad. El incumplimiento de varias normas y las denuncias por su ocupación de las Dunas de Corralejo, un Espacio Natural Protegido, han llevado a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha declarado la caducidad de la concesión del complejo hotelero y los apartamentos que también forman parte del Oliva Beach.

El hotel, que a lo largo de su historia ha tenido varios nombres, es uno de los puntos turísticos por excelencia de Fuerteventura desde que fue inaugurado en la década de 1970. Propiedad de la empresa Geafond, el hotel ha tenido varias concesiones, la última de ellas otorgada durante el Gobierno de Jose María Aznar en 2003. Una ampliación por encima de los límites establecidos, una multa sin pagar e indicios de suplantación de derechos han llevado a esta drástica decisión de clausurar un negocio del que continuamente se vanagloriaba el Gobierno canario.

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La decisión del ministerio de Teresa Ribera viene sustentada por un extenso informe del Consejo de Estado, órgano consultor del Gobierno de España, que avala la decisión de finalizar la concesión del contrato tras el incumplimiento de la empresa de varios puntos fundamentales. Infobae ha tenido acceso al escrito del Consejo y ha podido constatar que las conclusiones del órgano pasan por “declarar la caducidad de la concesión”.

El informe alega varios hechos como los determinantes para proceder a la anulación. Uno de ellos es el aumento del volumen de las edificaciones construidas en dominio público marítimo-terrestre y el “incumplimiento de las condiciones por las que se rige la concesión” según la Ley de Costas.

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Las obras de ampliación y renovación, además, superaron el límite establecido por la ley por encima de un 22% sobre el total autorizado. La construcción de diferentes instalaciones deportivas en terreno público, como pistas de baloncesto y zona de hamacas, también fue motivo de multa.

Sobre esto, el MITECO es claro: “Se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales. La empresa no hizo ninguna de las dos cosas”, explican. Los incumplimientos de la empresa son la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos por el título concesional y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 metros cuadrados) al uso público, lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medioambiente del Ministerio de Teresa Ribera, extrae algunas conclusiones tras la decisión de cancelar la concesión del terreno: “Hay cinco conclusiones principales que el Consejo de Estado (CES) determina en su dictamen y son las que llevan a la firma de la Resolución por parte del MITECO. Determina que la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado; el CES considera que queda acreditada una vulneración del condicionado al que estaba obligada la empresa; considera el CES que el concesionario ha suplantado derechos de 20 propietarios atribuyéndose títulos que no eran suyos. Todos estos hechos suponen un incumplimiento reiterado de la concesión que no pueden más que dar lugar a la caducidad de la misma. El MITECO, en este punto, no tenía más alternativa resolver conforme a lo indicado por el CES”, sentencia el alto cargo.

De este modo, el MITECO apunta al derrumbe de una parte del complejo y queda a la espera de saber el resto: “Se establece la obligación de la mercantil concesionaria a retirar las instalaciones del dominio público marítimo-terrestre a sus expensas, suspendiendo no obstante la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, en tanto se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos que no tuvieron ocasión de solicitar la concesión compensatoria”, sentencian.

La organización ecologista Ben Magec, parte de Ecologistas en Acción, ha aplaudido la sentencia y, ante la pugna existente por la importancia del hotel para el sector turístico, reitera que su lucha “no es contra RIU, no es contra el empleo ni es contra el progreso”sino que es “en defensa del territorio y contra quienes escudándose en la creación de empleo hacen un uso privativo de nuestras costas y de los espacios protegidos, saltándose la legalidad y perpetuando un modelo turístico absolutamente depredador que consume nuestro territorio y precariza a nuestra gente”.