Madrid tira de bonos verdes para endeudarse y poder pagar becas universitarias, medicinas o la subvención de abonos transporte

La deuda de la Comunidad de Madrid era, a cierre de 2023, de 34.345 millones de euros. Madrid es la única comunidad autónoma del régimen común que se financia al 100% al margen del Estado. Es decir, los sucesivos Gobiernos autonómicos del PP han decidido acudir al mercado por libre en lugar de financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado en el año 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (también del PP), para ayudar a las comunidades que empezaban a tener problemas económicos tras agravarse la crisis iniciada en 2008.

Para captar financiación, es decir, endeudarse, la Comunidad de Madrid suele lanzar periódicamente emisiones de bonos verdes. El Gobierno regional que ahora preside Isabel Díaz Ayuso es pionera en poner el mercado este tipo de bonos sostenibles. “La Comunidad de Madrid ha sido la primera Administración Pública española que solicitó financiación del mercado de bonos para financiar proyectos sociales de forma específica. Esto demuestra, la gran preocupación por aspectos no estrictamente financieros como son el cambio climático y el desarrollo social”, señala el Ejecutivo autonómico.

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Los Bonos Verdes son un producto financiero de renta fija vinculado a financiar proyectos con beneficios ambientalmente sostenibles. En concreto, los bonos verdes tienen una particularidad respecto a otros tipos de bonos, pues tienen en teoría solo ese objetivo sostenible: deben destinarse a financiar proyectos que ayuden a paliar las consecuencias del cambio climático o que busquen preservar el medioambiente.

Según datos facilitados por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, desde que Ayuso llegó a la presidencia regional, Madrid ha colocado en el mercado 2.300 millones en bonos verdes: 700 millones en 2020, 500 millones en 2021, otros 500 millones en 2022 y 600 millones en 2023. Este mes de febrero de 2024, la Comunidad de Madrid ha acudido de nuevo a los mercados de capitales para intentar colocar un nuevo bono sostenible a un plazo de 10 años y por un volumen de 1.000 millones de euros. ¿Quién suele comprar esta deuda? Por tipo de inversor, destacan en primer lugar los gestores de fondos (con un 43%), seguidos de los bancos privados con un 34% del volumen total de la emisión, los fondos de pensiones y aseguradoras con un 9% y los bancos e instituciones oficiales con otro 9%.

El problema, según la oposición, es que la Comunidad de Madrid “está comprando con deuda servicios públicos que deberían financiarse con impuestos, obligando a futuras generaciones a hacerse cargo de su desastre tributario”, explica el diputado Alberto Oliver, de Más Madrid. La documentación que acompaña a esta emisión de bonos recoge la relación de lo que cuestan los servicios públicos esenciales que se financian con este tipo de deuda sostenible: construcción de nuevas promociones de viviendas protegidas, programas de préstamo de libros, medicamentos, la atención domiciliaria de personas en situación de dependencia o la subvención que se paga para el transporte público, los abonos transporte. Son solo algunos ejemplos.

“La situación financiera de la Comunidad de Madrid es preocupante”, prosigue Oliver. “La permanente política de bajada de impuestos de forma indiscriminada ha propiciado un problema de tesorería que está obligando a nuestra región a financiar, mediante emisión de deuda, servicios públicos esenciales como son las becas universitarias, la ayuda a la dependencia o la cada vez más exigua Renta Mínima de Inserción”, concluye el parlamentario de Más Madrid. Solo con la bonificación del impuesto de patrimonio, la Comunidad deja de recaudar unos 1.200 millones cada año en este tributo.

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Isabel Díaz Ayuso siempre ha presumido de que Madrid no tiene deudas. “No queremos hipotecar a las generaciones futuras ni comprometer nada con el dinero que no nos pertenece”, señaló en un foro organizado por Deloitte y el diario Abc hace unos meses. “La Comunidad de Madrid es capaz de financiarse en los mercados porque les da confianza y porque somos solventes y lejos de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica que financia los servicios públicos de las regiones, somos quienes más aportamos en él”, reiteró el mes pasado. Lo cierto es que Díaz Ayuso al frente de la economía madrileña, la deuda por habitante ha subido de los 4.936,5 euros por ciudadano de 2019 a los 5.158,8 de 2022, aunque ha descendido en relación con el PIB (del 13,8% al 13,3%, tras dispararse al 15,8% en 2020).