Desde el 1 de marzo, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la factura de electricidad de España experimenta un incremento, pasando temporalmente del 10% al 21% después de que el precio promedio en el mercado mayorista de electricidad se ubicara en febrero por debajo de los 45 euros por megavatio hora (MWh). Esta decisión, tomada por el último Consejo de Ministros del año anterior, tiene como condición que los precios del MWh superen dicho umbral para mantener reducido el IVA. Los hogares con bono social, sin embargo, no se verán afectados por este aumento, manteniendo su tasa de IVA en el 10% durante todo el año 2024.
Este ajuste tributario responde a una baja en el precio de la electricidad registrada en febrero, influenciada significativamente por un incremento en la producción renovable, especialmente la eólica, como consecuencia del paso de varias borrascas. Este fenómeno ha propiciado que la media del precio en el ‘pool’ eléctrico se situara en los 40 euros/MWh. Desde Facua-Consumidores en Acción, han apelado al Gobierno solicitando que este decrecimiento del IVA en la electricidad se establezca de manera permanente, argumentando que “la medida no puede tener carácter coyuntural y debe desligarse de los vaivenes del mercado”. En palabras de la asociación, “es fundamental que se consolide un impuesto reducido”.
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En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido que el IVA eléctrico se mantenga en el 10%, recordando que países como Bélgica y Portugal han adoptado IVAs aún más bajos para este servicio esencial, estableciendo tasas superreducidas del 6%. Desde la OCU recalcan que “es un servicio de primera necesidad para los consumidores”.
La propuesta de Facua también hace hincapié en el financiamiento de los servicios públicos esenciales, sugiriendo que “la bajada de recaudación para las arcas del Estado que se derive de esta disminución del IVA puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan -grandes empresas-”, asegurando así la continuidad de la financiación para la sanidad y la educación públicas.
Este ajuste fiscal del IVA en la electricidad plantea un panorama de relevancia tanto para la economía doméstica de los españoles como para el debate sobre el modelo de tributación energética y su impacto en el fomento de las energías renovables. La vinculación del IVA a los precios del mercado mayorista subraya la complejidad de equilibrar las necesidades fiscales del país con la promoción de un consumo energético más limpio y accesible.
La factura se incrementa en 62 euros al año
Según cálculos de OCU, un hogar medio con la tarifa regulada -el denominado PVPC-, con una potencia de 4,6 kW y un consumo mensual de 292 kWh de consumo mensual, pagará 51,64 euros durante el mes de febrero, pero en el momento que incluya consumos de marzo, el IVA aplicado será del 21% y el recibo se elevaría a 56,81 euros. De esta manera, la organización estimó que el incremento en el IVA eliminaría la rebaja de los mercados y supondría un aumento de 62 euros al año en las facturas de un usuario medio de mantenerse en el 21%.
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Además, aunque los precios de la energía en el mercado diario han bajado sustancialmente por esa mayor presencia de las renovables, la tarifa regulada no ha bajado tanto, ya que la nueva metodología de cálculo que entró con la llegada de 2024 ya no depende enteramente de ese mercado diario, sino que otorga un peso del 25% a los mercados de futuros. Con ese ‘ajuste’, en este mes en concreto, el PVPC del mes de febrero se ha encarecido en un 14%.
Así, el nuevo sistema penaliza la factura de los hogares con PVPC, pues si en el mercado diario hay bajadas, no se trasladan rápidamente. En concreto, con el antiguo cálculo que no incluía ese ajuste de futuros, la factura del PVPC sería de 47,10 euros con el IVA del 10% -51,8 euros con el IVA de 21%-. Es decir, el ajuste del mercado de futuros este mes ha encarecido la factura en un 10% (4,53 euros).