Por qué Óscar Puente ha denunciado a un abogado inmerso en un caso judicial de divorcio

El juzgado de instrucción número 2 de Valladolid investiga por injurias a Pablo M. M., un abogado de 48 años, que desde el año 2020 está librando su particular batalla judicial para conseguir la custodia compartida de sus tres hijos tras un divorcio tormentoso. La denuncia contra el letrado está interpuesta por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que se ha unido a dos jueces de Valladolid (magistrados que son matrimonio) que también comparten la denuncia con Puente contra este letrado. Los tres, ministro y jueces, han pedido el secreto de las actuaciones.

Los dos jueces son Emilio Vega González, exdecano de los magistrados vallisoletanos (en enero fue trasladado a León) y su esposa Soledad Ortega, titular del juzgado de instrucción número 5 de Valladolid. Los denunciados son Salvador G., responsable del digital Impacto Noticias España; los titulares de la web Estado de Alarma; la persona que está bajo la denominación @eslamonda, un perfil en redes sociales; los titulares de la página web El Diestro; y, por último, el abogado Pablo M. M, que se ha visto en medio de toda esta insólita historia.

Te puede interesar: Defensa niega la muerte en acto de servicio a un guardia civil que empezó a trabajar antes de su turno

Pablo M. M., en conversación con Infobae España señala que le “sorprende que un ministro” le “denuncie por retuitear informaciones que aparecen en los medios”. “Eso no es delito. Los ciudadanos no tenemos capacidad de verificar toda la información que aparece en Twitter. Eso lo tiene que hacer la Fiscalía antes de que el juez admita una denuncia por injurias”, apunta.

Por su parte, el juez Emilio Vega señaló en su denuncia una “campaña de desprestigio” emprendida por Pablo M. M. “contra mí a través de las redes sociales y de varias páginas webs, con ataques tan furibundos como injustificados, pues los mismos están basados en informaciones y apreciaciones completamente falsas”. Vega asegura que Pablo usó su cuenta en X (antes Twitter) para incluir manifestaciones en las que se imputa al juez “dictar resoluciones injustas” con el fin de beneficiar a la exmujer de Pablo, “querer meterle en prisión y organizar una trama en a que participan todos aquellos que intervienen en el proceso” de divorcio entre Pablo y su ex. Es decir, que lo que hizo Pablo es tuitear noticias publicadas por algunos medios contra el juez Vega.

El ministro Puente se adhirió a la denuncia porque la web Impacto España Noticias publicó una información el 3 de enero de 2023 con el siguiente titular: “Corrupción: EXCLUSIVA: El amigo de Pedro Sánchez, el socialista Óscar Puente, tiene un millón de euros en un banco de Andorra”. La noticia también aseguraba que Puente y Vega eran íntimos. El ministro insistía en su denuncia que estas “falsedades” perseguían una finalidad lucrativa, “pues en el cuerpo de la noticia en su apartado final se consigna una cuenta bancaria para que los lectores que quieran ayudar a estos medios a ‘luchar contra la corrupción’ efectúen sus donaciones”. Lo que hizo Pablo es mover en sus redes sociales esta noticia contra el ministro. Puente ratificó su denuncia en octubre de 2023.

La verdad es que el origen de este rocambolesco episodio judicial es complejo. Como hemos dicho, Pablo y su exmujer están divorciándose. El caso se lleva en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, del que era titular Emilio Vega. Lo más borrascoso del divorcio es la custodia de los tres hijos en común. Por eso, el mayor de ellos, de 13 años, tuvo que declarar en sede judicial, una declaración que se grabó y en la que estaban presentes cuatro personas: el juez Vega, una fiscal, un oficial y una letrada de la Administración de Justicia.

Te puede interesar: El extraño caso de B, la afiliada del PSOE que denunció a dos cargos del partido por acoso sexual mientras ocultaba que militaba en el PP

Pero la grabación se borró. El padre, Pablo, decide entonces encargar un peritaje informático profesional a una empresa especializada para saber qué dijo su hijo. El peritaje lo hace el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE). Dos peritos concluyen que el audio se manipuló para que no se pudiese escuchar. Con las conclusiones del peritaje, Pablo pone una denuncia en la Guardia Civil por los delitos de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia. La denuncia es contra el juez Vega, la fiscal, la letrada de la Administración de Justicia y el oficial, las únicas cuatro personas que estaban en la sala mientras se monitorizaba la grabación del menor.

La denuncia es repartida por el decanato que dirige el propio juez Vega en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid. Este último decide que no es competente para juzgar al magistrado Vega ni a la fiscal (debe hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) y archiva la causa contra los otros dos funcionarios. Pablo recurre ante la Audiencia Provincial de Valladolid. Esta se niega a investigar, sin negar que los hechos hayan ocurrido. Simplemente, destaca que no hay dato objetivo alguno que indique que las cuatro personas presentes en la sala cuando declaró el menor hayan manipulado al audio. Pudieron ser otras. ¿Quiénes? Y es que aunque el niño declaró en Valladolid, la grabación se gestiona desde Madrid, desde la Dirección General de Transformación Digital dependiente del ministerio de Justicia. Pablo no se rinde y pone una segunda denuncia ante la Guardia Civil en la capital en septiembre de 2023.

Esta segunda denuncia recae en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que se inhibe también al conocer que toda esta historia surge por unos hechos ocurridos en una sala de vistas de Valladolid. El caso vuelve al decanato pucelano, y este (con el juez Vega al frente) reparte la denuncia en otro juzgado, el de instrucción número 5, que dirige la magistrada Soledad Ortega, su mujer. Es decir, el juez Vega reparte una denuncia contra él en el juzgado que lleva su mujer. ¿Qué hace la magistrada esposa? El 16 de enero de 2024 “se abstiene del conocimiento del presente procedimiento al haber presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra el denunciante Pablo M. M.” Aquí la historia ya se ha enredado totalmente.

Porque el juez Vega y su mujer, la jueza Ortega, han denunciado por injurias a Pablo, que harto de su incomprensible periplo judicial ya había publicado en sus redes sociales denuncias sobre una presunta trama de funcionarios judiciales vinculados a su caso de divorcio. Pablo cuenta en sus redes que en su causa el nuevo fiscal es Manuel Javato, cuñado de Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid y hoy ministro de Transportes.

Te puede interesar: Ábalos empieza a hablar: dice que Pedro Sánchez no tenía en mente actuar contra él y que nadie del PSOE le informó del ultimátum: “Se notificó al universo”

A la denuncia por injurias que pone el matrimonio de magistrados se une sorprendentemente el propio Óscar Puente. Y es que Pablo ha retuiteado las noticias que han aparecido en algunos medios alternativos sobre supuestas irregularidades en el patrimonio de Puente. Así que a la denuncia contra Pablo que ponen el matrimonio de magistrados Vega-Ortega, se une la del ministro, que ‘dispara’ judicialmente contra todo aquel que menciona las informaciones sobre sus finanzas. Todo un disparate. Pablo denunciando al juez Vega por un delito de falsedad documental. Y el juez Vega y su mujer denunciando a Pablo por un delito de injurias. Y entre medias, todo un ministro.

El último movimiento judicial que ha hecho Pablo es recurrir este 2024 el secreto de las actuaciones de forma indefinida decretado por el juzgado de instrucción, al entender que este secreto sine die es contrario a la ley y se ha hecho “sin determinar ni concretar, ni mucho fundamentar, cuál puede ser la situación que puede comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso”. Además, el secreto de las actuaciones acordado “ha causado indefensión a esta parte, al habérsele privado del conocimiento del sumario”.