El Consejo de Ministros aprobó, a finales del año pasado una significativa actualización en la estructura de las pensiones, implementando un incremento general del 3,8% para las pensiones contributivas y un notable aumento del 6,9% en las pensiones no contributivas. Esta histórica decisión ha conllevado un ajuste al alza para 11,8 millones de pensiones y prestaciones a partir del año 2024, evidenciando el compromiso del gobierno por mejorar el bienestar de los jubilados y personas con discapacidad.
Para febrero de 2024, la pensión media del sistema se posicionó en 1.250,7 euros mensuales, reflejando el esfuerzo por equilibrar las prestaciones dentro del sistema de la Seguridad Social. Dentro de este marco, la pensión de jubilación promedió los 1.437,1 euros al mes, mientras que la pensión de viudedad se estableció en 893,1 euros mensuales.
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En cuanto a las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, experimentaron un incremento hasta alcanzar los 7.250,60 euros anuales, equivalente a 517,90 euros mensuales distribuidos en 14 pagos. Este ajuste ha marcado un hito al garantizar un incremento mayor en las pensiones de menor cuantía, lo que ha tenido un impacto directo en la reducción de la brecha de género, enfatizando uno de los pilares fundamentales del gobierno en su política social.
Las pensiones contributivas, esenciales en el sistema de protección social, se otorgan a quienes, tras haber contribuido a la Seguridad Social, cumplen con los requisitos de edad y cotización. Estas comprenden varias modalidades de jubilación: ordinaria, anticipada, parcial, flexible, y especial a los 64 años, ajustándose así a las necesidades y situaciones particulares de cada trabajador.
Pensiones no contributivas
Por otro lado, las pensiones no contributivas se presentan como una red de seguridad para aquellos ciudadanos que, por diversas circunstancias, no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su día a día, incluso aquellos que no han tenido la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social. Para el año 2024, el requisito principal para acceder a este tipo de pensiones es disponer de unos ingresos anuales inferiores a los 7.250,60 euros. Específicamente en el caso de la jubilación no contributiva, es necesario haber cumplido 65 años y haber residido legalmente en el país durante 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos y anteriores a la solicitud de la pensión.
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La gestión de este tipo de pensiones es competencia de las Comunidades Autónomas y las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), asegurando así una atención cercana y directa a los beneficiarios. El sistema establece algunas condiciones de compatibilidad e incompatibilidad de pensiones para garantizar la justicia y equidad del sistema. Por ejemplo, generalmente no se permite la acumulación de dos o más pensiones dentro del mismo régimen, con la excepción de la pensión de viudedad. Sin embargo, es posible recibir pensiones de distintos regímenes si se ha cotizado en ambos por un mínimo de 15 años.
Un aspecto notable de esta reforma es la posibilidad para los facultativos de atención primaria de compatibilizar su pensión contributiva de jubilación con continuar en activo, percibiendo el 75% de la pensión, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y, en particular, la atención primaria. Este amplio abanico de medidas refleja el empeño del gobierno por adaptar el sistema de pensiones a las cambiantes necesidades sociales, procurando siempre proteger a los más vulnerables y asegurar una vejez digna y estable para todos los ciudadanos. La reforma pensional del 2023 se establece, así, como un paso adelante en la lucha contra la pobreza y la exclusión, marcando un antes y un después en la política social de España.