El Ejecutivo ha puesto en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación, que está centrada en canalizar créditos al tejido productivo para acelerar la transformación verde y la digital y para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de las empresas españolas. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la movilización de 40.000 millones de euros de fondos europeos a través de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). De este total, la mayor parte (22.000 millones) van destinados a la línea ICO-Verde, que incluye financiación a autónomos y a empresas para que compren vehículos eléctricos, según han detallado fuentes del organismo.
Esta medida tiene la finalidad de descarbonizar el transporte y busca dar facilidades a los negocios para adaptarse a las crecientes restricciones de movilidad con vehículos de combustión debido a sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Con la línea ICO-Verde también se financiarán actuaciones de eficiencia energética, energías renovables, descarbonización de la industria, gestión del agua, economía circular y adaptación al cambio climático. En definitiva, según ha afirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estos préstamos buscan “ayudar a nuestras pymes a realizar el salto en transición energética y a que estén preparadas cuando venga la nueva regulación”.
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No han trascendido los detalles exactos de los préstamos para comprar coches eléctricos, pero fuentes del ICO apuntan al verano de 2024 como fecha en la que algunas de las líneas de financiación estarán ya disponibles para la solicitud de los interesados. Antes de que esto suceda, el ICO debe firmar convenios con las entidades decisoras (organismos de los ministerios), algo que se hará en los próximos meses. Las operaciones se podrán formalizar hasta el 31 de agosto de 2026, según establece el reglamento de los fondos del plan de recuperación, pero las disposiciones efectivas al beneficiario podrán seguir haciéndose posteriormente.
Los créditos tendrán “condiciones favorables”, según Cuerpo, mejores que las del mercado, y estarán sujetos tan solo a una declaración responsable si tienen un importe inferior a los 10 millones de euros. No tendrán importe mínimo, según fuentes del ICO, precisamente porque están pensados para que concurran muchos autónomos y pymes, y la financiación puede llegar hasta el 100% del proyecto de inversión en cuestión.
Más allá de la línea ICO dedicada a la transición energética y ecológica, el Gobierno ha aprobado otras cuatro destinadas al crecimiento empresarial (8.150 millones); a promocionar vivienda en alquiler social (4.000 millones); a impulsar startups digitales (4.000 millones) y a incentivar proyectos audiovisuales (1.712 millones). Dependiendo del tamaño del proyecto y del tipo de beneficiario, el préstamo se efectuará a través de cuatro instrumentos financieros distintos: préstamos mediados a través de las entidades financieras (20.000 millones se gestionarán por esta vía); préstamos directos del ICO; compra de bonos corporativos e inversiones en capital de empresas a través de fondos de capital riesgo.
Cabe destacar que los créditos van destinados al tejido productivo, pero no por ello se limitan al sector privado. Las empresas públicas pueden optar a esta financiación y en algunos casos también podrán hacerlo las universidades. Los préstamos son finalistas, es decir, no se pueden destinar a otros conceptos, y solo se darán a empresas económicamente viables.
Créditos para empresas inmobiliarias y turísticas
La inversión de 4.000 millones en vivienda irá a proyectos que incrementen el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente. Los beneficiarios serán, sobre todo, promotores y constructores inmobiliarios, aunque también las empresas públicas de vivienda de los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Los precios entre los que deberán estar las viviendas construidas los definirá el gobierno local competente.
El ICO ya ha financiado proyectos de este tipo con las empresas públicas de vivienda de Sevilla y Barcelona, pero con los fondos del Plan de Recuperación podrá llegar a aportar hasta el 70% del importe del proyecto, frente al entorno del 20% máximo actual. Basándose en estas experiencias, el organismo reconoce que se trata de proyectos a muy largo plazo, que tardan en materializarse, y en los que la financiación puede llegar hasta los 30 años.
Por otra parte, 1.000 millones de la línea de empresas y emprendedores van destinadas a empresas turísticas como hoteles y restaurantes para digitalizar y hacer más sostenible el sector. Según el ICO, aunque las comunidades autónomas son las competentes en esta materia, quedan al margen de la concesión de los créditos a diferencia de los préstamos al turismo (FOMIT) de hace una década, por lo que no se esperan problemas competenciales como sucedió entonces. Cabe recordar que también hay subvenciones para el mismo tipo de iniciativas en la primera parte del Plan de Recuperación y que el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar su ejecución por las dificultades de los proyectos.