Una mujer de 80 años acudió a su centro salud de Altea (Alicante) con un fuerte dolor de estómago y un soplo en el corazón. Los médicos optaron por recomendarle una nueva revisión en la Atención Primaria y la mujer acudió dos días después, cuando los síntomas se habían agravado, a la vez que habían aparecido otros, como el cansancio. A pesar de todo, no se trató de urgencia y se derivó a cardiología. Dos días después, la mujer acudía a la sanidad privada a la vista de la falta de respuestas, puesto que los dolores no remitían, y allí le encontraron un infarto agudo de miocardio. La anciana murió dos días después.
Estos hechos, acontecidos en 2019, llevaron a los dos hijos a presentar una denuncia contra el sistema público de salud valenciano, al que denunciaron por un mal diagnóstico y el posterior fallecimiento. Cinco años después, la Justicia ha dado la razón a la familia, aunque con una resolución criticada por la poca cuantía de la indemnización: 15.000 euros a cada hijo de la fallecida. La familia pedía 100.000 euros, pero esa cifra fue descartada por la Justicia.
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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estimó parcialmente la demanda contra la consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que reconoce que en las visitas previas al centro de salud se perdió la “oportunidad de obtener un diagnóstico correcto en un momento anterior y en consecuencia de haber podido mejorar el pronóstico del infarto de miocardio que la llevó finalmente al fallecimiento tan solo unos días después”, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae.
Indignación de los expertos por la escasa indemnización
La demanda de la familia fue tramitada por la Asociación El Defensor del Paciente, que a pesar de la indemnización para las víctimas, ha sido muy crítica con la justicia. Carmen Flores, la presidenta de la organización, pone el foco en la poca reparación económica para los dos hijos: “Debemos llamar la atención, de nuevo y en el plazo de escasos días, acerca de la escasísima indemnización que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -en su línea habitual- ha resuelto conceder a los dos hijos de la fallecida”.
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No es la primera vez que la Justicia interviene para dar la razón ante una mala decisión médica. De hecho, en todo 2023, se contabilizaron un total de 602 personas fallecidas en España negligencias médicas. En total, durante todo el año se recabaron 12.071 casos, un dato levemente inferior a 2022, pero igualmente alto según las organizaciones que recabaron los datos.
Las comunidades autónomas con más denuncias por negligencias son: Madrid (3.118 casos), seguido de Andalucía (2.289 Casos); Cataluña (1.406 casos); Comunidad Valenciana (846 casos); Castilla y León (714 casos); Galicia (651 casos), Castilla-La Mancha (638 Casos); País Vasco (410 Casos); Murcia (403 casos) y Aragón (331 casos).