Repsol vuelve a la carga contra el Gobierno: condiciona inversiones de hasta 6.800 millones en España por el impuesto a las energéticas

Repsol continúa con su batalla particular contra el Gobierno. Tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, en el que se establecía que los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas fuesen permanentes, el consejero delegado de la petrolera amenazó con restringir sus inversiones en nuestro país. Una amenaza que parece materializarse: dentro del plan inversor presentado este jueves, la compañía ha condicionado entre 5.500 y 6.800 millones de euros de su negocio a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España, es decir, a la permanencia del impuesto.

Repsol invertirá una cifra récord de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en los próximos cuatro años (2024-2027) para acelerar su plan de trasformación hacia una compañía cero emisiones netas y protagonista en la transición energética. La nueva ‘hoja de ruta’ del grupo, después de pulverizar con dos años de antelación gran parte de los objetivos marcados en la anterior, incide así en el camino de profundizar en una transición energética rentable de la compañía y en priorizar “las inversiones en el actual portafolio integrado de activos de calidad y en iniciativas bajas en carbono, así como una atractiva retribución al accionista y el mantenimiento de la fortaleza financiera”, indicó la compañía.

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De estas inversiones, cuya situación en la parte alta o baja de esa horquilla de 16.000-19.000 millones de euros se modularán en función del escenario macroeconómico, la evolución de la tecnología y de la regulación, la madurez de los proyectos y el avance en la rotación de activos y las desinversiones previstas, el 60% tendrá por destino España y Portugal, mientras que Estados Unidos supondrá el 25%, los dos grandes focos geográficos para el grupo.

No obstante, Repsol mantiene todavía en todo lo alto las espadas con el Gobierno español y, dentro de su negocio industrial, condiciona unas inversiones netas de entre 5.500 y 6.800 millones de euros para la transformación de sus instalaciones industriales y desarrollar iniciativas bajas en carbono a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España. La petrolera ha sido una de las compañías más beligerantes ante el impuesto extraordinario que estableció el Gobierno para la banca y las energéticas para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania, siendo además la empresa más perjudicada con unos 450 millones de euros, y ya llegó a amenazar con llevarse proyectos fuera de España si se mantenía en el tiempo el gravamen.

Repsol obtuvo un resultado neto de 3.168 millones de euros en 2023, lo que representa una caída del 25,5% con respecto a los 4.251 millones de euros ganados en el ejercicio anterior, informó la compañía, que lanza este jueves además un nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2027, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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El beneficio neto ajustado del grupo, que mide específicamente el desempeño de los negocios, ascendió a 5.011 millones de euros, con un descenso del 26% con respecto a los 6.774 millones de euros de 2022. El flujo de caja de las operaciones durante el año 2023 del grupo ascendió a 7.064 millones de euros, 1.859 millones de euros inferior respecto al de 2022. En lo que respecta a la deuda neta de Repsol, al cierre del año se situó en 2.096 millones de euros, 160 millones de euros inferior a la del cierre de 2022. El ratio de apalancamiento de la compañía a finales de 2023 se situó en 6,7%, frente al 8,0% al cierre de 2022.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, señaló que 2023 fue “un año extraordinario”, en el que el grupo alcanzó esos 7.064 millones de euros de flujo de caja de las operaciones, “la segunda mayor cifra en nuestra historia en medio de un entorno incierto y volátil”.

Repsol anunció también la propuesta para su próxima Junta General de Accionistas del pago de un dividendo complementario de 0,5 euros por acción que, unido a los 0,4 euros ya abonados a cuenta, supondrá incrementar en un 30% la remuneración, alcanzando los 0,9 euros por títulos y superando así objetivo de remuneración previsto para 2025 en el plan estratégico. Además, se procederá a un nuevo programa de recompra de acciones propias por un máximo de 35 millones de acciones y se propondrá a la Junta una reducción de capital de 40 millones de acciones que se prevé ejecutar antes de finales del mes de julio mediante la amortización de acciones propias.