La Comisión Europea ha publicado este miércoles el informe sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia que evalúa la marcha del plan a la mitad del periodo de implementación (2021-2026) según la metodología establecida. Bruselas constata por primera vez que los países acumulan retrasos generalizados en la implementación de las medidas (hitos y objetivos) para recibir el dinero, aunque le resta importancia atribuyéndolo a las revisiones de los planes que se efectuaron durante 2023. Estas se hicieron precisamente para ajustar y aplazar ciertos compromisos (algunos de ellos perjudicados por la inflación) ante la evidencia de que no llegarían a cumplirlos.
Entre los datos del documento destacan los que comparan los hitos y objetivos realizados por cada país con los que tenían que haber cumplido a fecha del primer trimestre de 2023. En total, los estados miembros solo habían realizado satisfactoriamente 705 medidas, lo que supone un 32% de las comprometidas para dicha fecha y un 11,3% del total de hitos y objetivos del plan. En este baremo destaca España, que a pesar de tener 62 medidas retrasadas, ha cumplido un 66% de las comprometidas (121) y un 29,1% del total (416) que tendrá que hacer si quiere recibir todos los millones que le corresponden. Cabe recordar que la metodología de cumplimiento de la Comisión no evalúa si los fondos han llegado a la economía real, solo si se han aprobado las reformas y tramitado las inversiones.
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Los hitos se refieren a un paso de implementación cualitativo y los objetivos a uno cuantitativo. Para cumplirlos se requiere hacer paquetes de reformas e inversiones que hasta que no están completas y vayan en la dirección que la Comisión cree correcta, no cuentan para recibir los fondos. “El cumplimiento de hitos y objetivos está retrasado detrás de la planificación (...) los riesgos de retrasos no se limitan solo a unos pocos países”, reconoce Bruselas en el informe. De hecho, hay nueve países en los que no se podía considerar totalmente cumplido ninguno de los paquetes de medidas en la fecha estudiada porque no habían recibido ningún desembolso.
Esto es algo que ha cambiado en los últimos meses de 2023 y primeros de 2024, ya que Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Hungría y Polonia han recibido sus primeros pagos (quedan Irlanda, Suecia y Países Bajos), por lo que el porcentaje de hitos y objetivos cumplidos actual ha aumentado respecto a los 705 citados. No sucede así en España, que ha estancado su avance desde la fecha medida por la Comisión en este informe intermedio.
Los motivos de la pérdida de ritmo han sido tres. En primer lugar, la celebración de elecciones generales en verano, en segundo, la complicada aritmética parlamentaria resultante; y el tercero, los problemas para su ejecución. España no llegaba a las fechas de solicitudes de pago previstas inicialmente, por lo que en la adenda enviada en junio (antes de las elecciones) se modificó el calendario y se pactó una fórmula para ejecutar fondos más allá de 2026, el plazo límite. En la segunda mitad de 2023 Italia y Portugal han adelantado a España solicitando el quinto pago y recibiendo el cuarto pago, respectivamente. España solicitó el cuarto, de 10.000 millones, a finales de 2023, pero la no convalidación en el Congreso de la reforma del subsidio por desempleo retrasará la llegada de al menos 720 millones.
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Otras medidas que sí están ya aprobadas, pero no cuentan como tal hasta que Bruselas dé el visto bueno al cuarto pago son: la segunda parte de la reforma de las pensiones; la Ley de Vivienda; la Ley Crea y Crece; la Ley de Start-ups y las reformas en la función pública. Además, España debería solicitar en el primer semestre de 2024 el quinto pago (de 7,2 millones) por la realización de otros 24 hitos y objetivos. Una fecha muy ajustada teniendo en cuenta que la Comisión tiene hasta el 20 de marzo para decidir sobre el cuarto y que ambos ejecutivos están en negociaciones para salvar el escollo de la reforma del desempleo.
El problema de los retrasos es que la fecha límite para ejecutar los fondos es el 31 de diciembre de 2026, un fin que la Comisión Europea se niega a ampliar. “Nuestro mensaje a los Estados miembros es que se centren en la implementación y tengan en mente las fechas límite fijadas en el reglamento”, ha sentenciado Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico, en declaraciones recogidas por EFE. A este se ha sumado Paolo Gentiloni, comisario de Economía, pidiendo “no dedicar capital político” a prorrogar la fecha final. Pedro Sánchez aseguró el pasado 11 de enero que promete “dar la batalla” para que sí se produzca una segunda edición de los fondos.
Luces y sombras en los efectos del plan
Más allá de los retrasos, el informe refleja ya resultados positivos en la deuda, el PIB y el paro de las economías comunitarias, especialmente en las más endeudadas, las de mayor paro y menor PIB per cápita, entre las que se encuentra España. De acuerdo con el informe, los fondos habrían reducido un 0,66% la tasa de paro en 2022 (haciendo que no pasara del 13%) y habrían evitado un aumento de 14 puntos porcentuales más de la deuda pública, a lo que se suma un impacto potencial en el PIB de 3,5 puntos porcentuales adicionales para 2026.
La Comisión ensalza la reforma laboral de 2022: “Los datos recientes del Banco de España han confirmado los resultados positivos vinculados a la reforma del mercado laboral y despejado cualquier duda sobre la eficacia de las medidas adoptadas”, afirma, añadiendo que los dos principales objetivos de la norma se han logrado (aumentar el número de contratos indefinidos y reducir el número de temporales). También pone de ejemplo de buena práctica la ejecución del programa Kit Digital.
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A la vez, el documento minimiza la confirmación de algunos efectos negativos no esperados, como el desplazamiento de los antiguos fondos de cohesión en ciertos países (España entre ellos) para priorizar el plan de recuperación o la falta de capacidad administrativa para ejecutar los fondos a tiempo, algo que ya se había detectado en anteriores informes. Por otra parte, la Comisión también critica que las reformas implementadas en las políticas activas de empleo a través de la ley de empleo de 2023 no son suficientes por falta de coordinación con las administraciones territoriales.