El mapa de la represión a la protesta en España: más de 1.000 vulneraciones de derechos entre 2022 y 2023

La criminalización de la protesta social se ha extendido a nivel global y España no es una excepción. Según el informe Defender a quien Defiende, elaborado por las organizaciones Novact e Irídia, en los años 2022 y 2023 se registraron 1.184 vulneraciones de derechos en un total de 261 casos, lo cual incluye detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y encausamientos. Del total de esas vulneraciones, la gran mayoría, 870, se produjeron el año pasado, mientras que las 314 restantes tuvieron lugar el año anterior.

El estudio indica que las protestas vinculadas al derecho a la vivienda y la okupación son las más represaliadas y criminalizadas, seguidas muy de cerca por las relacionadas con los movimientos ecologistas. También se ha podido observar un incremento en las vulneraciones relacionadas con la libertad de expresión y de información, “lo cual ha perjudicado la labor de humoristas, cantantes y profesionales del mundo del periodismo y la comunicación”.

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En ese sentido, Cataluña sigue siendo, por séptimo año consecutivo, el territorio donde más casos se han documentado y, por consiguiente, más vulneraciones, con los movimientos por la vivienda como los más criminalizados. No obstante, en Madrid, el segundo territorio con más casos y donde más se ha criminalizado la protesta, los movimientos ecologistas han sido los más perseguidos.

Cabe destacar que cada suele constituir más de una vulneración, puesto que puede afectar a varias personas y cada una de ellas puede haber sido objeto de distintas vulneraciones. Además, estos datos no representan la totalidad de la vulneración a la protesta en España, pues “no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la administración”, y, por lo tanto, los casos analizados deben ser leídos como una fotografía aproximada y parcial.

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Según el informe de Novact e Irídia, en comparación con los datos recogidos en 2022, el año pasado hubo un repunte en el número de convocatorias de movilizaciones y acciones de protesta, lo cual ha ido acompañado de un incremento de la represión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Buena parte de este incremento de la vulneración del derecho a la protesta se debe a cuatro fenómenos: la reciente ola represiva contra colectivos y organizaciones ecologistas, las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino en medio de la guerra entre Israel y Hamás, el movimiento en favor de la vivienda y la okupación y las vulneraciones relacionadas con la libertad de expresión y de información.

En ese sentido, el movimiento ecologista es, por primera vez, la categoría que más vulneraciones presenta, destacando especialmente el caso del colectivo Futuro Vegetal, pues varios de sus integrantes fueron detenidos en los últimos meses por la policía en varios puntos de España, algunos de ellos acusados de conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio. Por otro lado, el movimiento en defensa de la vivienda sigue haciendo frente a un alto nivel de represión, así como también ha habido un repunte de casos de vulneración a la libertad de expresión e información, ya sea “por censura, trabas y obstrucciones a la labor de profesionales de la información y comunicación que cubren las acciones de protesta o persecución a la crítica o sátira política”, añade el informe.

A lo largo del año pasado, las sanciones económicas, identificaciones, detenciones, casos de espionaje que se han dado a través de infiltraciones policiales en los movimientos sociales, la represión judicial (que comprende tanto los encausamientos como las condenas) y las prohibiciones, ya sea por impedir legalmente el desarrollo de una convocatoria o por censura o prohibición de símbolos, carteles o banderas, fueron los principales tipos de vulneración de derechos.

Entre las principales novedades que presentan los datos de 2023, el informe destaca “el uso de las balas de goma por parte de la Policía Nacional”, así como el aumento de las denuncias y quejas de activistas por malos tratos bajo custodia policial.

Desde la Plataforma Defender a quien Defiende aseguran que la criminalización y persecución de movimientos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil “tiene un efecto de desaliento evidente y generalizado entre la sociedad civil en general, dado que persigue y obstaculiza su mecanismo principal para defender sus derechos y libertades”. Por eso, con el objetivo de garantizar y proteger el derecho a la protesta en el país, la plataforma recomienda que se derogue la Ley de protección de la seguridad ciudadana y establecer un marco garantista del derecho a la protesta, así como asegurar el derecho de la sociedad civil, de profesionales de la comunicación y activistas, entre otros, a grabar y monitorear la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con funciones de orden público.

Asimismo consideran necesaria una reforma del Código Penal para garantizar que el ejercicio del derecho de manifestación, la desobediencia civil y la lucha no violenta no puedan ser investigadas y enjuiciadas por la Policía, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial bajo la atribución indiciaria de delitos de terrorismo o de organización criminal.