El Gobierno impulsará la reducción de los vuelos que duren menos de 2,5 horas y tengan alternativa ferroviaria, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales, según el acuerdo al que han llegado el PSOE y Sumar este miércoles en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.
La proposición no de ley que han pactado, a iniciativa de Sumar, supone también que el Ejecutivo analizará el marco europeo que existe para una posible restricción de los vuelos de los jets privados y para gravar fiscalmente el queroseno utilizado como combustible en el sector de la aviación.
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La eliminación de los vuelos nacionales de duración inferior a 2,5 horas, si hay posibilidad de hacer en tren el mismo recorrido, es una medida incluida en el acuerdo para formar un gobierno de coalición PSOE y Sumar que firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tras las elecciones generales del pasado 22 de octubre. Sumar, no obstante, ha intentado en la comisión forzar a los socialistas a ir “más allá”, instando al Ejecutivo, en su proposición no de ley, a estudiar las consecuencias de suprimir vuelos de hasta tres horas de duración, con el fin de reducir las emisiones de la aviación.
La aviación, gran responsable del cambio climático
Se estima que la aviación es responsable de entre el 5 % y el 8 % del impacto climático global y, si no se toman medidas al respecto, se espera que las emisiones de la aviación se dupliquen para 2050, hasta representar una cuarta parte del conjunto mundial de gases de efecto invernadero, según el Atlas Europeo de la Movilidad publicado por la Green European Foundation.
La diputada de En Comú Podem Júlia Boada ha destacado que Francia ha eliminado recientemente tres rutas de dos horas y media con alternativa ferroviaria que formaban parte del acuerdo del Estado francés con Air France, cuando rescató a la compañía durante la pandemia de covid, y ha lamentado que España rescatara a “Iberia, Vueling y Air Europa por más de mil millones de euros sin condicionantes, ni siquiera ambientales”. El diputado socialista Arnau Ramírez rechazó ampliar la medida a los vuelos de tres horas y condicionó su voto a favor a que Sumar aceptara sus enmiendas dirigidas a “respetar la promoción del turismo como motor económico y las características de la insularidad”.
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La negociación finalmente culminó en un texto pactado que insta al Gobierno a “impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor a 2,5 horas, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales. También a “analizar la directiva que se está elaborando en el ámbito de la Comisión Europea sobre la fiscalidad de los productos energéticos y las iniciativas europeas relativas a la restricción de los vuelos de los jets privados”.
La iniciativa ha salido adelante con los votos en contra del PP, que ha considerado la medida “ineficaz” para descarbonizar la economía; y de Vox, que ha sostenido que llevará a los españoles a ser “menos competitivos y que conllevará “más pobreza y un retroceso en derechos y libertades en nombre del fanatismo climático”.
Los vuelos que pueden verse afectados por la normativa
De entrar en vigor, el pacto acordado este miércoles por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso afectaría principalmente a los vuelos entre Madrid y Alicante, entre Madrid y Barcelona, y entre Madrid y Valencia. Los tres trayectos cuentan con alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media de duración. Es el trayecto entre Madrid y Barcelona el que más contamina en España: este corredor aéreo “registró en 2019 más de 15.000 operaciones que generaron más de 168.000 toneladas de CO2″, según un informe de Ecologistas en Acción.
Esta organización resalta que entre 2013 y 2019, los vuelos domésticos crecieron un 27% en España, lo que supuso un aumento del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a ellos. Los datos están muy por encima de países europeos como Alemania, que mantuvo prácticamente invariable su número de operaciones internas; Francia, que las redujo un 5%; o el Reino Unido, que consiguió disminuirlas un 8%.
*Información elaborada por EFE