La Oficina Federal de Justicia de Suiza, dependiente del Ministerio de Justicia, ha suspendido la comisión rogatoria cursada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la que solicitaba la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e información sobre una cuenta bancaria usada supuestamente para financiar las movilizaciones de Tsunami Democràtic en 2019 tras la sentencia del procés, algunas de las cuales derivaron en violencia. La instancia recuerda y reprocha que ya hace cuatro años denegó “por política” una petición “muy similar” al no hallar indicios de terrorismo. Es una información que firman José Manuel Romero en El País y Miguel Ángel Campos en la Cadena SER.
Así, Suiza suspende su colaboración hasta que García-Castellón dé explicaciones sobre una causa que afecta a 12 personas, entre las que se encuentra, además de Rovira, Carles Puigdemont, ambos prófugos. Guillaume Rousseau, responsable de la oficina, no parece ajeno al momento en el que se ha retomado esta iniciativa, coincidente con el impulso de la ley de amnistía. Rousseau solicita indicios de la “pertenencia” y la “implicación precisa” de Rovira en Tsunami y “más concretamente” con las agresiones sufridas por los policías que protegían el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuando fue asaltado. El juez español apunta a un muerto en aquellas horas, un ciudadano francés al que le dio un infarto.
Suiza no ve terrorismo desde el momento en que Tsunami no habría puesto “en peligro o amenazado la vida e integridad de las personas”, como sí habría ocurrido con un secuestro, tomando rehenes o utilizando “medios masivos” de exterminio”, explican El País y la Cadena SER en sus informaciones, difundidas este martes a primera hora de la mañana. Se trataría, por tanto y en cualquier caso, de “delitos políticos”.
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Amnistía
Según García-Castellón, Rovira participó en la reunión de Ginebra en la que “se planificaron las acciones más relevantes de Tsunami”, sin más detalles. Del mismo modo, apunta que fue la “persona que más rápido retuiteó el primer mensaje” de la plataforma, subrayando que lo hizo apenas tres minutos después de que fuera lanzado.
Asimismo, Suiza no comprende por qué el juez se sirve del método de cooperación jurídica internacional para conocer el paradero de Rovira, para lo que habría bastado hacerlo “mediante el procedimiento simplificado” de cooperación policial. Añade que en la petición no se especifica “qué finalidad se persigue” con la localización de la dirigente republicana. Sobre la información bancaria, la oficina cuestiona la “proporcionalidad” de la medida, ya que se solicita saber los movimientos de la cuenta hasta junio de 2020, cuando los hechos, tanto en el Prat como un intento de bloqueo de Barajas, en Madrid, se circunscriben a octubre del anterior año.
Para terminar, las autoridades suizas quieren conocer la ley de amnistía bien de parte del propio García-Castellón o bien de parte del Ministerio de Justicia, con Félix Bolaños al frente, tras saber “por la prensa” que el Congreso de los Diputados tramita esta norma, que dejaría sin efecto los procedimientos y condenas por los delitos que se pudieran haber cometido en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.