Salidas bloqueadas, sin luces de emergencia y sin pulsador de alarma contra incendios: así estaba la residencia en la que murieron tres ancianas

Es solo un párrafo en un acta policial de cuatro páginas. Pero es bastante esclarecedor de cómo fallaron algunas medidas de seguridad en la residencia concertada de mayores Juan XXIII, situada en la calle Proción 10 del distrito de Moncloa-Aravaca. Un incendio originado el pasado domingo en una de las habitaciones de la primera planta provocó la muerte de tres residentes, tres mujeres de avanzada edad. La Unidad de Policía Científica pudo constatar tras el siniestro que “desde la segunda planta de la residencia parte una escalera hacia la planta primera que desemboca en una puerta de emergencia de salida al exterior, la cual se encontraba bloqueada”.

El acta policial, adelantado por la Cadena Ser y al que también ha tenido acceso Infobae España, prosigue: “Asimismo, se comprueba que en la planta primera otra puerta de emergencias de salida a la terraza exterior se encuentra también bloqueada, que no existen luces de emergencia en ninguna estancia y que el pulsador de alarma de incendios no emite señal luminosa ni acústica al ser accionado. Que todo esto dificulta la labor de los agentes para evacuar a los residentes”.

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En el documento se relata cómo varios agentes de la Policía Municipal intentaron utilizar la boca de incendios situada en el pasillo principal de la primera planta, donde se originó el incendio, pero que esta no funcionaba. “Al accionarla, observan como a los pocos segundos la manguera perdió toda la presión, dejando de expulsar agua. Al tratar de reactivarla, se observa por parte de los agentes que el manómetro [el indicador de presión] marca 0 bares, habiendo perdido toda la presión”. Ante la imposibilidad de extinguir el fuego, dos agentes cogen de sus vehículos patrulla sendos extintores para sofocar parte del fuego de la habitación 8. Pero no puede acceder a ella, “debido al gran calor que se desprende, la gran cantidad de humo y la nula visibilidad”.

El fuego se originó en esa habitación 8 de la primera planta. La principal hipótesis es la explosión de un cargador de móvil defectuoso que hizo que prendiera un colchón. Los Bomberos certificaron después que la bomba de presión de la boca de incendios “carecía de corriente eléctrica, motivo por el cual no presentaba presión en el momento de ser utilizada por los policías”. El motivo de este fallo es que “estaba conectada al cuadro eléctrico general de la vivienda, en lugar de a uno independiente, el cual no hubiera sido afectado por el incendio”.

El fuego provocó dos muertes ese mismo domingo, dos mujeres que compartían una misma habitación y que, tras evacuarlas al exterior, se comprobó que ambas presentaban quemaduras en todos su cuerpo. Una de ellas había ya fallecido. A la segunda mujer le realizaron maniobras de reanimación sin éxito. Una tercera mujer falleció el lunes en el hospital de La Paz, donde estaba ingresada, a consecuencia de las graves quemaduras sufridas y de la inhalación de gran cantidad de humo. Las tres víctimas mortales tenían 65, 90 y 93 años. Además, otros 16 residentes fueron hospitalizados por intoxicación leve por humo.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha asegurado que el servicio de residencias públicas de Madrid “debería dar seguridad a los residentes y a sus familias” y criticó que la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, afirmara este lunes que la residencia siniestrada hubiera pasado dos inspecciones, en abril y en agosto, cuando este martes se ha conocido “el acta policial que revela datos escalofriantes”. Maestre no solo ha recordado lo que encontraron los policías: salidas de emergencia bloqueadas, luces que no funcionaban, bocas de incendio no operativas, sino que además dos de las residentes compartían una misma cama individual.

“Basta ya de negligencias”, ha sentenciado Maestre, que ha exigido de manera inmediata al alcalde José Luis Martínez-Almeida que haga públicos “las actas e informes de inspección de las residencias de mayores en nuestra ciudad”, así como la comparecencia de los responsables del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para depurar responsabilidades. El acta policial también recoge que los primeros policías que llegaron al aviso de incendio tuvieron que entrar a la residencia a través de una terraza, forzando una persiana y una ventana corredera. La residencia Juan XXIII lleva abierta desde 1990 y tiene 40 plazas en habitaciones individuales y compartidas, 36 de ellas concertadas con la Comunidad de Madrid. En el momento del incendio, estaba ocupada por 38 personas mayores. La portavoz del Gobierno central, la ministra Pilar Alegría, ha pedido que abra una investigación.