Un juzgado de Castellón de la Plana ha condenado a un hombre por un delito de lesiones a un menor de edad con la agravante de odio siete años después de que ocurrieran los hechos. Fue en 2016 cuando un adolescente que se encontraba junto a un familiar en la terraza de un bar de Azuébar, en Castellón, comenzó a recibir insultos racistas por parte de otro cliente y la mujer que le acompañaba y, cuando el menor preguntó por qué le insultaba, este se levantó y le dio un botellazo en la cabeza mientras le gritaba: “Hay que exterminar a la raza gitana”, “fuera del pueblo” o ”te voy a matar”, entre otras palabras.
Cuando la madre del menor acudió a ayudar a su hijo, que entonces tenía 17 años, el hombre le seguía insultando y amenazando. El joven fue trasladado al hospital de Sagunto con un traumatismo craneal y, tras la agresión, tuvo crisis de ansiedad y miedo, “factores que se han sumado al estrés que le ha supuesto tanto a él como a su familia los más de siete años de espera para obtener justicia”, según indica este martes en un comunicado la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que denunció estos hechos ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Castellón.
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La pena finalmente impuesta tanto al hombre como a la mujer que le acompañaba será de dos años, de forma que no entrarán en prisión. También deberán pagar 3.150 euros en concepto de responsabilidad civil a la víctima y, en el caso del principal acusado, a la realización de un curso de prevención de comportamientos violentos y a otro de igualdad de trato y no discriminación y diversidad.
“Que sirva para que no vuelva a ocurrir”
La víctima de este caso, señala la FSG, ha precisado que “lo importante es que sirva para que ninguna otra persona sufra una agresión sólo por ser gitano”.”Después de más de siete años de espera podemos celebrar al fin una sentencia condenatoria en este gravísimo caso de antigitanismo, en el que se reconoce el delito de lesiones aplicando la circunstancia agravante de racismo y una reparación adecuada para la familia”, ha añadido por su parte Sara Giménez, directora general de la fundación. Este tipo de agresiones a “una población históricamente perseguida y discriminada”, añade, tienen impacto en toda la comunidad.
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“Este caso refuerza nuestra línea de litigio estratégico con la que pretendemos que los tribunales den una respuesta adecuada, como ha ocurrido aquí, a los casos de discriminación y antigitanismo”, concluye Giménez.
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