¿Es rentable el campo español? La subida de precios en origen y las subvenciones impulsan el sector tras años de pérdidas

El estallido del malestar del campo se ha producido tras un año de buenas cifras globales en lo económico, aunque la situación es muy heterogénea por sectores. Determinados cultivos se han visto afectados por la sequía y por la competencia de los productos de terceros países, pero otras plantaciones y explotaciones ganaderas han elevado el valor de su producción al subir los precios mientras descendían los costes. A esto se suma que las subvenciones han crecido ligeramente en los últimos años, especialmente las que proceden de la PAC.

Según los datos de avance del Ministerio de Agricultura, la renta agraria creció hasta los 31.931,3 millones en 2023, máximo de la serie histórica (desde 1990), y supone un aumento del 11,1% respecto al año anterior. Se trata del mayor aumento interanual desde 2016 y llega después de cuatro años de pérdidas (2018, 2019, 2020 y 2022). La renta agraria es el valor generado por la producción del sector medido como la remuneración a los factores de producción (tierra, trabajo y capital). Este indicador no informa de los beneficios empresariales, pero sí de la rentabilidad del sector, incluyendo los costes de producción, de amortización, el precio de lo producido, los impuestos pagados y las subvenciones recibidas.

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Las cantidades producidas en la agricultura y en la ganadería han disminuido en términos generales (las excepciones son las patatas, las frutas, la carne de ave y los huevos), pero la inflación y la bajada costes en la energía y los fertilizantes han paliado en gran medida el menor volumen. La compensación ha sido parcial en la agricultura, que debido al descenso del volumen producido (-11,7%) ha perdido valor (-3,4%) pese al alza de los precios (9,4%). En la ganadería la compensación ha sido total, con un aumento del valor del 13,4% debido al aumento de precios (16,3%), mientras ha generado menos volumen (-2,5%).

La caída en el volumen de la agricultura ha estado motivada por un mal año hidrológico que no ha afectado de la misma manera a todos los cultivos. Paradójicamente, las producciones de secano han sido las más perjudicadas (especialmente los cereales) y no han conseguido compensar el descenso de volumen con los precios. Las plantaciones de regadío han producido niveles similares o incluso superiores y han registrado mayores precios.

El caso más claro es el de las frutas, con un aumento del 3,6% del volumen producido y una subida de precios del 12,9%, lo que da como resultado un valor un 16,9% superior. El producto vegetal que más ha caído en volumen ha sido el aceite de oliva (-58,6%), que a pesar de la subida de precios del 70,7%, ha generado un valor inferior (-29,4%).

Una parte de este valor generado corresponde a las subvenciones, que son de dos tipos: directas a los productos y otro grupo de ayudas en el que destaca la PAC. La suma de ambas ha ascendido a 7.155 millones de euros en 2023, por lo que son el 22,4% de la renta agraria. Aunque su cuantía es mayor, su peso en la renta agraria marcó el año pasado uno de los valores más bajos del siglo debido a que el valor que se genera por la actividad agraria no subvencionada ha crecido más. En 2009, uno de los peores años de la crisis financiera, las subvenciones llegaron a representar el 32,7% de la renta agraria.

Cabe destacar que más allá de las subvenciones directas a los productos (que ascendieron a 868 millones en 2023) la PAC favorece expresamente a ciertos cultivos. En 2022 (últimos datos disponibles) dedicó una partida específica de 288,9 millones al sector de las frutas y hortalizas y otra de 56,8 millones al cultivo del algodón. Estas ayudas han ido a parar en mayor medida a empresas grandes y competitivas que se dedican sobre todo a exportar su producción. Es el caso de Vicasol (8,9 millones) y Murgiverde (6 millones), empresas que integran toda la cadena de producción agrícola mediante agricultores asociados.

Las organizaciones agrarias protestan por un conjunto de cuestiones y muchas de ellas no tienen que ver directamente con la rentabilidad: pacto verde europeo, cuaderno digital y excesiva burocracia. No obstante, dos de las principales peticiones sí inciden en lo económico: hacer un control más exhaustivo de los precios en la cadena alimentaria y, sobre todo, exigir a los productos agrarios importados “las mismas normas de producción y comercialización que en la UE”, detalla un comunicado de UPA.

Esto último no es posible en el mundo globalizado actual, por lo que las exigencias de la UE (cláusulas espejo) solo limitan el uso de productos fitosanitarios, mayoritariamente, para que un producto pueda ser importado. Además, en las últimas décadas han proliferado los acuerdos de libre comercio que han liberalizado más el sector agrario.

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Al igual que en el análisis de la renta agraria, los datos globales del comercio del sector primario son positivos, lo que no significa que haya explotaciones que realmente no puedan subsistir con el tipo de producto y de producción que tienen. España exporta más productos del campo de los que importa, de manera que la balanza comercial agroalimentaria tuvo un superávit de 12.589 millones hasta noviembre. El país sale ganando en el comercio global de productos agroalimentarios al vender más caro fuera y comprar más barato a terceros países. Un claro ejemplo es el de los tomates, vendidos a 1,75€ el kg en 2022 y pagados a 1,25€ los importados.

Sin embargo, no todos los agricultores y ganaderos tienen la capacidad de acceder a los mercados exteriores, aunque se trata de una realidad complicada de medir en datos. Los disponibles (de la Agencia Tributaria a partir del INE) no permiten saber qué porcentaje de negocios agrarios exportan y cuáles no, solo el número de empresas agrarias que venden al exterior (2.268 en 2021).

Hay dos productos afectados especialmente por la competencia de terceros países: los tomates y los cereales. En 2001, España era líder en exportación de tomates, ya que poseía el 21,3% de la cuota de mercado global de este producto, pero 2021 (últimos datos disponibles en el OEC) la cuota había descendido ya al 11,4%. Lo que ha sucedido entre un año y otro es que a España le ha salido competencia, especialmente por parte de Marruecos.

En un informe de 2022, el antiguo Ministerio de Industria y Comercio reconoce que “desde 2016 se observa una tendencia creciente y un aumento bastante preocupante de las importaciones de tomate de Marruecos tanto en valor (218 %) como en volumen (150 %)”. Según explica el ministerio, esto es debido en parte a que las preferencias arancelarias que la UE aplica a las importaciones de tomate de Marruecos basándose en el Acuerdo de Asociación son “especialmente favorables” en cuanto a los aranceles de importación y a otras concesiones.

Por otra parte, España siempre ha tenido déficit comercial en cereales, pero la retirada de aranceles al grano ucraniano desde junio de 2022 ha hundido los precios del producto español, a lo que se ha sumado la sequía. Según el Ministerio de Agricultura, las explotaciones de cereales han producido un 34,7% menos en 2023 y su precio ha caído un 23,7%, lo que da como resultado una pérdida de la mitad del valor de producción respecto a 2022. El pasado seis de febrero, en plena jornada de protestas, Agricultura publicó el listado de beneficiarios de unas ayudas extraordinarias para agricultores con cultivos de secano, arroz y tomate de industria afectados por la sequía y la guerra en Ucrania.