Sara (nombre ficticio) tuvo que irse de España. Su familia (padre británico y madre española) decidió que lo mejor era matricularla en un colegio de la ciudad de Bath, en Inglaterra. La niña había enfermado y empezaba a sufrir daños psicológicos. Su vida, normal hasta entonces para una menor de 13 años, cambió en uno de los colegios más elitistas de la comunidad de Madrid, el British Council, ubicado en Pozuelo de Alarcón. Un centro muy caro, solo accesible para los bolsillos de familias privilegiadas. Los padres de Sara tuvieron que sacarla de allí y mandarla a 1.700 kilómetros de distancia después de la campaña de acoso que sufrió por parte de dos de sus dos compañeras, que no dudaron en mandarle 405 mensajes de texto y audio para vejarla e insultarla.
Cuando la situación se hizo insostenible, los padres llegaron a recopilar todos esos mensajes para ponerlos en conocimiento de la dirección del British: “Te odia todo el mundo que te conoce, nos sabes las cosas que dicen de ti”; “Uso condón, porque si no, pregúntale a tus padres, sale una aberración como tú”; “tienes menos neuronas que una rata, rata de cloaca”; “lávate el coño, cada vez que pasas cerca de mí huele a pescado”, “vete a Inglaterra, que aquí nadie te quiere”; “eres una vergüenza para la raza humana”; “vete a Júpiter y muérete por el camino”... imposible reproducirlos todos. En audio y en texto.
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Un lenguaje demasiado violento y cruel para niñas de 13 años. Mensajes que hacían incluso referencia al aspecto físico de Sara, que es británica de origen indio. “Tienes una mierda de pelo punki estropajo”, le escriben estas dos compañeras. Todo empieza en noviembre de 2021. Los padres relatan todo lo sucedido en un escrito que enviaron a la dirección del British. Las dos presuntas acosadoras crearon un grupo de Whatsapp en el que incluyeron a Sara el 19 de noviembre de 2021. Durante los siguientes días le llegaron a enviar 405 mensajes. Sara se sale incluso de este grupo varias veces, pero las compañeras la vuelven a meter. Hasta que Sara las bloquea. Son momentos complicados para la menor, que incluso pasa los recreos encerrada en el baño para que las otras dos niñas la dejen en paz.
Los padres intentan sin ningún éxito que la dirección del British les organice una reunión de manera presencial, logrando solo ser escuchados telemáticamente a través de ‘Teams’. El centro replica que entre el 14 de octubre al 22 de diciembre de 2021 hubo ocho reuniones con los padres, algunas de ellas presenciales y otras por videollamada. “El colegio siempre dio la opción a los padres de que las reuniones fueran presenciales”, explica un portavoz del British.
Los progenitores de Sara exigen verbalmente y por escrito que el colegio investigue y castigue a las culpables, perfectamente identificadas en los audios y mensajes de texto. El British Council inicia una investigación por acoso el 10 de diciembre y la cierra una semana después, el 17. Pero concluye que no hay nada. Literalmente. Que se trata de un caso puntual, no de un acoso continuado. La familia de Sara insiste en que se tomen medidas, que su hija está empezando a tener secuelas psicológicas. Y físicas. Denuncian por escrito que precisamente ese día 17 de diciembre es agredida con un fuerte codazo en la cabeza por haberse quejado de sus compañeras.
El centro recomienda entonces a los padres de Sara que si no están satisfechos con las conclusiones de su investigación, acudan al Servicio de Inspección de la Consejería de Educación. Lo hacen, pero les sorprende la respuesta que reciben. Educación les contesta que el régimen jurídico por el que se rige el British está regulado en el Real decreto 806/1993, de 28 de mayo, que señala que como condición de centro educativo extranjero, la supervisión del funcionamiento de este colegio corresponde a los servicios de inspección del sistema educativo británico. “En este sentido, funcionan como una embajada”, aclaran desde la Comunidad de Madrid. Es decir, los inspectores madrileños no son competentes para analizar un caso de acoso en el British. “Somos un colegio privado, gozamos de plena autonomía y nos regimos por nuestras propias normas”, señala el British a los padres en otro escrito.
Un portavoz del British señala a Infobae España que no es exactamente así. “El British Council School es un centro docente privado que en su actuación en nuestro país está sometido a la normativa española, por lo que ha sido autorizado y es supervisado por las autoridades españolas, sin perjuicio de gozar de autonomía propia en lo relativo al currículo y a los programas de estudio, como cualquier centro de enseñanza privado”. En lo referente a temas de acoso, Educación sí tiene competencias. “El colegio está y siempre ha estado en constante comunicación y sintonía con la inspección educativa y con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid”, aclara el mismo portavoz. “Pues nadie hizo nada. Todos se lavaron las manos”, asegura desde en entorno de la familia de Sara.
Fuera del colegio
Todo esto es la gota que colma el paso. Los padres de Sara toman entonces una drástica decisión en marzo de 2022 ante “el brutal daño psicológico causado”, la “falta total y absoluta de interés y empatía por el bienestar de nuestra hija” y la “pésima gestión de la investigación de acoso escolar”. El 3 de febrero comunican al colegio “la baja definitiva” de la menor. Pero no bajan del todo los brazos. El 26 de abril de 2022 ponen una denuncia ante la Policía Nacional. En la denuncia relatan que el acoso comenzó cuando su hija se negó a encubrir ante una profesora una falta de disciplina que había cometido una de las presuntas acosadoras. Pero la denuncia quedó en nada. Las implicadas, al tener menos de 14 años, eran inimputables. “Ya les dijo el comisario de Pozuelo que no había nada que hacer”, revelan las mismas fuentes.
La denuncia policial señala, no obstante, que aunque el centro dictamina que no hubo acoso, decidió mandar a las dos supuestas acosadoras tres días a casa para que reflexionaran. Sara había dejado de ir al centro el 20 de diciembre de 2021. No aguantaba más. Abandonó España y sus padres la trasladaron a Inglaterra, para que siguiera allí sus estudios. El British, no obstante, les recordó a los padres que tenían que pagar el trimestre que iba de diciembre de 2021 hasta febrero de 2022, unos 3.585 euros, ya que Sara no fue dada de baja oficialmente hasta febrero de ese año. Obviamente, nunca pagaron. Era lo que faltaba. Sara terminó el curso 2021-2022 en Bath y regresó a España. Hoy está matriculada en otro centro privado de Madrid. Todavía con secuelas. Pero sin nadie que la acose.
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Desde el Colegio Británico aseguran que “queremos expresar nuestro apoyo a todas las personas, especialmente a los menores, que se han visto afectadas. El bienestar y la protección de nuestros estudiantes son y siempre han sido nuestra prioridad. Son principios irrenunciables para el Colegio Británico y consecuencia de ello nuestra política hacia el acoso escolar es de tolerancia cero. Cualquier posible caso, aunque no sea calificable como “acoso escolar”, pero sí sea susceptible de afectar a la estabilidad personal y emocional de cualquiera de nuestros alumnos, siempre es investigado siguiendo nuestros procedimientos internos, de forma extremadamente cuidadosa y preservando ante todo la intimidad del menor. Esto es así en todos los casos”.