Multas de hasta 150.000 euros por destruir fosas o un censo de víctimas: las medidas de memoria democrática que el PP y Vox han derogado en Aragón

El Partido Popular, Vox y el PAR han derogado la ley de memoria democrática de Aragón, tal y como dispusieron los populares y la extrema derecha en el acuerdo de coalición para investir a Jorge Azcón. El punto 10 del acuerdo de gobierno, en el que ambos se comprometen a defender el patrimonio histórico y cultural de la autonomía, incluye la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón. Y eso es lo que ha sucedido este jueves en las Cortes de Aragón: la norma se ha suprimido.

Aragón se suma así a la lista de comunidades, junto con Galicia, Madrid y Murcia, que no tienen una legislación concreta sobre memoria democrática, lo que implica que varias líneas de trabajo, e incluso determinadas sanciones, desaparecen, entre ellas, las que tienen que ver con la exhumación de víctimas de la Guerra Civil. Fuentes del Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, señalan a Infobae España que las exhumaciones, que es lo que más preocupa, se seguirán realizando hasta ahora para ayudar “a quien lo pida”, y aseguran que el Ejecutivo está trabajando en un “plan de concordia” que recogerá acciones que tienen que ver con estos temas.

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Con todo, el Partido Popular considera esta ley “sectaria” y quiere sustituirla por un plan que tenga en cuenta, además de las víctimas de la guerra y del franquismo, también a las de ETA, pese a que Aragón ya cuenta con una ley que reconoce a estas víctimas. Y es que el texto que hoy se deroga en las Cortes se centra en las violaciones de derechos humanos acaecidas en Aragón desde el golpe de Estado de 1936 contra la Segunda República española, hasta la aprobación de la Constitución de 1978, junto con las condenas, sanciones y cualquier forma de “violencia personal” producida por razones políticas, ideológicas, de expresión o identidad de género, de etnia o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Estas son algunas de las medidas que decaerán con esta ley:

— No habrá ninguna conmemoración por parte del Gobierno el día 3 de marzo, declarado como el día de la memoria democrática de Aragón, porque en 1938 la aviación sublevada bombardeó indiscriminadamente Alcañiz, lo que provocó cientos de víctimas mortales.

— Para identificar y exhumar a las víctimas para darles una “sepultura digna”, sus familiares tendrán que solicitarlo, ya que la Administración dejará de tener la obligación de promover estas acciones. Fuentes del Ejecutivo de Azcón han aclarado a este medio que no se dejarán de realizar exhumaciones, aunque se pierde la obligatoriedad.

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— Desaparece el Centro de investigación de la memoria democrática y el censo elaborado con información de los desaparecidos y víctimas de la guerra civil y el franquismo de Aragón, que hasta ahora era de carácter público, y facilitaba el acceso a las ayudas del Gobierno para los familiares de las víctimas.

— Decaen las medidas de reparación y reconocimiento del Gobierno de Aragón a las víctimas y a instituciones, organizaciones o colectivos sociales y sindicales que contribuyeron a la defensa de la democracia, y también el apoyo a entidades y universidades que soliciten ayuda para acciones de reparación y reconocimiento de las víctimas.

— La Administración no tendrá obligación de promocionar la construcción de monumentos conmemorativos o el fomento de investigación científica para reconocer y reparar a las víctimas. Tampoco de señalizar los lugares donde hubo trabajos forzados.

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— El “mapa de fosas de Aragón” dejará de actualizarse. Era la principal herramienta para localizar los lugares de enterramientos de las víctimas, cuya información se enviaba al Gobierno, y a la que también tenían acceso las personas interesadas y el público general mediante su publicación en el portal web de memoria democrática de Aragón.

— La ley también contemplaba una base de datos genética, promovida por el Gobierno aragonés en colaboración con el Instituto de Medicina Legal y las rutas y la creación de un inventario de ubicaciones de memoria democrática, con señalizaciones de valor histórico

— Se pierde toda la protección de esta ley sobre los documentos y la información comprendida en el periodo histórico antes referido

— La ley sostenía el Centro de Investigación sobre esta materia, cuya existencia ya no será obligatoria para el Gobierno, también se podrá poner fin al registro de entidades de memoria democrática

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— No será necesaria la revisión de los currículos educativos para ver si la información es veraz y está actualizada

— Se pierde la legislación específica contra los símbolos, personas o elementos que vayan contra la memoria democrática, y la regulación para la coordinación con otras entidades e instituciones, como el resto de comunidades autónomas, el Estado o universidades

— Decaen las infracciones previstas en la ley, que iban desde los 200 euros hasta los 150.000, según fuesen leves, graves o muy graves. Entre ellas, el silencio ante la identificación de una fosa común o un lugar de interés para las víctimas, o el robo de restos humanos de las fosas, o la destrucción de estas, que conlleva la sanción más elevada

— El Gobierno de Aragón dejará de prestar apoyo en la exhumación de víctimas aragonesas en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente llamado Valle de los Caídos)