Marlaska, rodeado de voces que piden su dimisión: “Vulnera sistemáticamente los derechos de los migrantes”

En el mundo de la política, como en botica, hay de todo. Desde ministros efímeros que no han durado ni una semana en el cargo, como ocurrió con Màxim Huerta tras destaparse sus problemas con Hacienda, a otros que resisten a críticas, polémicas y escándalos de diversa índole. Es el caso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya acumula 2.079 días al frente de la cartera, más de cinco años y medio, convirtiéndose así en el político que más tiempo ha liderado en España este complejo departamento encargado de la política de seguridad ciudadana y de la legislación en materia de extranjería, entre otras funciones.

Marlaska se ha visto envuelto en numerosas polémicas desde su nombramiento y la más reciente ha tenido lugar después de que el 9 de febrero dos guardias civiles murieran tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, un suceso que ha conmocionado a esta localidad gaditana castigada por el desempleo y donde agentes y fuerzas judiciales vienen reclamando desde hace tiempo más medios para luchar contra el narcotráfico. En esta ocasión las críticas contra Marlaska no solo han llegado desde el Partido Popular y Vox, que han pedido su dimisión, sino también desde Podemos, que considera que el ministro “acumula demasiados escándalos y debe asumir responsabilidades”. El titular de Interior, por su parte, ya ha asegurado que no dimitirá y que esos dos crímenes “no quedarán impunes”, al tiempo que el Gobierno ha defendido su trabajo destacando que está “perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío”.

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Pero dentro de la lista de polémicas que rodean su mandato, es su cuestionada gestión migratoria la que se lleva la palma y son muchas las organizaciones de migrantes y antirracistas que llevan tiempo exigiendo su dimisión al considerar “escandaloso” que continúe en el cargo. La masacre de Melilla del 24 de junio de 2022, cuando cerca de 2.000 personas trataron de acceder a suelo español y tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera murieron al menos 37 de ellas, la expulsión ilegal de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 o el reciente hacinamiento de migrantes en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas en Madrid son solo algunos ejemplos.

Según la abogada Adilia de las Mercedes, la gestión del ministro del Interior se caracteriza por la “vulneración sistemática de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, que han sido criminalizadas a través del discurso y las prácticas institucionales de un Gobierno que en nada se separa de las políticas, las prácticas y el discurso de la extrema derecha”, sostiene. En su opinión, Marlaska debería haber dimitido el mismo día de la masacre de Melilla “por su pésima gestión, saldada con ejecuciones extrajudiciales, expulsiones ilegales y tortura, entre otros graves crímenes”, indica, “y, con causa acumulada, debió hacerlo el día en el que el Congreso lo reprobó”, añade la jurista especializada en la defensa y protección de los derechos humanos.

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La experta se refiere a la iniciativa que salió adelante en febrero de 2023 impulsada por el Partido Popular y que apoyada por Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y BNG, un texto donde se recriminó la gestión de Marlaska en Melilla por “su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria”. Los partidos que entonces votaron en contra de esta reprobación, que no tiene consecuencias jurídicas ni obliga al político en cuestión a dimitir, fueron el PSOE, Unidas Podemos, Más País-Equo y Teruel Existe.

“Que en una democracia parlamentaria el Congreso le retire su confianza a un ministro debería tener como consecuencia su inmediata dimisión. Sin embargo, está claro que en aquel momento para Unidas Podemos y para el PSOE la reprobación de un ministro era algo con lo que podían convivir perfectamente aun autodenominándose el Gobierno más progresista de la historia”, critica la jurista.

Para Adrián Vives, coordinador de incidencia política y participación social en la Comisión Catalana de Acción para el Refugiado (CCAR), la gestión del ministro Marlaska a nivel migratorio también “es absolutamente nefasta”, no únicamente por tragedias como la de Melilla que han tenido un mayor impacto a nivel mediático, explica, sino por otras situaciones como el hacinamiento de migrantes que se produjo en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, en 2020, donde durante cuatro meses permaneció en funcionamiento un precario campamento para albergar a centenares de personas. Un episodio en el que el titular de Interior también defendió su política migratoria.

“Marlaska ya tendría que haber dimitido o tendría que haber sido apartado por parte del presidente del Gobierno”, señala Vives con rotundidad y considera que Sumar, como socio del Ejecutivo, debería “haber presionado” para que no siguiera al frente de la cartera cuando en diciembre pasado se conformó el nuevo Ejecutivo.

Además de los casos más sonados, el Ministerio del Interior, en definitiva, “no ha dejado de poner dificultades a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional”, resume Vives, pues se enfrentan a numerosos obstáculos tanto a la hora de conseguir citas en las oficinas de extranjería como para formalizar las solicitudes de asilo, que se siguen cronificando y dejan a miles de personas en un limbo legal durante meses. También recuerda que el Gobierno ha acordado imponer visados de tránsito a los ciudadanos con pasaporte de Senegal a partir del próximo 19 de febrero, como ya ocurre con los de Kenia desde el 20 de enero, y ha pedido la colaboración a Marruecos para impedir que embarquen personas de Senegal sin visado Schengen expedido dos años antes, lo que añadirá “más trabas” a los migrantes.

Esa misma opinión es compartida por la jurista, que considera que “la verdadera democracia se mide por el respeto a los derechos humanos de quienes huyen del hambre y de la guerra” y, a su juicio, la española está vulnerando los de las personas en mayor riesgo.