Los efectos de la violencia de género repercuten en todos los aspectos de la vida de las mujeres que la sufren, independientemente de que esa violencia sea física, psicológica o sexual, pues todas esas formas tratan igualmente de controlar, amedrentar, acosar y humillar. Pero, además, la violencia de género también tiene un impacto en la economía que es cuantificable: 4.933 millones de euros, lo que supone un 0,37% del Producto Interior Bruto (PIB) y 104 euros per cápita.
Así lo refleja el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022, que ha presentado este jueves el Ministerio de Igualdad y que precisa que de esos casi 5.000 millones de euros, el coste de la violencia de género alcanza los 4.085 millones y los otros 848 restantes corresponden a la violencia sexual fuera de la pareja. Estos datos surgen tras analizar gastos cuantificables como los que suponen las horas de trabajo perdidas, el tiempo empleado en tratar a las víctimas en los sistemas de salud o los procesos judiciales, entre otros aspectos, y no solo afectan a las víctimas, sino también a familiares, allegados, sector público, empleadores y organizaciones del tercer sector.
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“El dolor tiene un precio”
“Cuesta poner precio al dolor [que genera la violencia de género], pero hay que ponérselo, porque ese precio lo pagamos toda la sociedad y, a través de estudios de este tipo, tratamos de acercarnos a ello”, ha explicado la delegada del gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, durante la presentación del informe. Y es que la importancia de este tipo de informes radica en que permiten cuantificar los recursos que se destinan del conjunto de agentes afectados por la violencia machista.
Se trata del segundo estudio que en España investiga los costes de la violencia de género (el primero se publicó en 2019) e Igualdad lo define como “complejo y ambicioso”, pues muestra una horquilla de posibles costes, ofreciendo así “una radiografía muy amplia de la realidad”. De esta forma, si se atiende a la metodología aplicada solo a la violencia de género, el informe permite estimaciones de costes más detalladas: 1.378 millones si se tiene en cuenta la violencia física y/o sexual que causa un deterioro de la salud; 2.033 millones si se pone el foco en la violencia física y/o sexual aunque diferenciando por su grado de severidad, y 3.015 millones si se contabiliza la violencia física, sexual, emocional y/o miedo de la pareja.
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Las autoras del informe, que ha sido realizado por el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá junto a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, aseguran que los resultados más próximos a la realidad siguiendo esta segunda metodología se corresponden con la tercera de las opciones, a los 3.015 millones, lo que supone un 0,23% del PIB y 64 euros por persona.
El sector público asume el 85% de los costes
Los costes legales, policiales y sanitarios derivados de la violencia de género son los más elevados, ha explicado María Teresa Gallo, doctora en Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y por tipos de agentes, el 85% de los costes totales de esta violencia los asume el sector público (más de 2.500 millones al año), seguido por los que asumen las propias víctimas y los empleadores, ha añadido la experta durante la presentación del informe.
Esa carga económica que asume el sector público debido a la violencia machista se debe a los pagos directos realizados por parte de las administraciones como pueden ser las prestaciones de desempleo, las compensaciones por bajas laborales, el gasto de asistencia sanitaria, la atención jurídica gratuita o los costes judiciales, ha indicado la economista. Además, el hecho de que haya una menor actividad laboral femenina también implica menos cotizaciones al sector público.
“Como sociedad tenemos que pagar un elevado precio por la violencia de género, por eso comprender estos costes es fundamental para comprender la magnitud y el alcance de estas violencias y poder asignar recursos”, ha concluido Gallo.