La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado una firme postura respecto a las “injusticias fiscales” vigentes en España, enfocándose especialmente en la necesidad de redefinir las exenciones de IVA en sectores como la educación y la sanidad privadas, así como en la tributación de las rentas de capital. Díaz, líder de Sumar y pieza clave en el actual Gobierno de coalición, ha esbozado también sus perspectivas en relación con el ámbito laboral, la protección social y la urgencia de encaminar al país hacia una verdadera democracia económica.
Entre los puntos más destacados, Díaz aboga por “que las rentas del trabajo tributen menos que las rentas del capital”, un cambio significativo que busca equilibrar la carga fiscal de los trabajadores respecto a los inversores. Esta posición sugiere un movimiento hacia una mayor progresividad fiscal, enmarcado en las negociaciones para los Presupuestos de 2024 con el PSOE, socio principal del Gobierno.
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En una entrevista para la Agencia EFE, la vicepresidenta ha cuestionado abiertamente las actuales concesiones fiscales, en particular la exención del IVA en la sanidad privada, y ha planteado la revisión de los tipos impositivos de los artículos de lujo y los billetes para vuelos internacionales, señalando que “en una situación de emergencia climática no tiene sentido” mantener dichas exenciones.
Sobre el escenario laboral, Yolanda Díaz ha señalado diferencias con el sector patronal respecto a la reforma del subsidio de desempleo, considerando crucial su ampliación y mejora. Esta medida, argumenta, es fundamental para asegurar una mayor cobertura y protección social, aunque reconoce dificultades para alcanzar un acuerdo con la patronal debido a visiones contrapuestas sobre el modelo económico y de protección social.
En lo que respecta al sector público, la vicepresidenta propone un reenfoque hacia la utilidad pública y social más que hacia la rentabilidad económica. Ejemplo de ello es su visión para Correos, que, en su opinión, no debería competir directamente con gigantes como Amazon, sino fortalecer su papel en la prestación de servicios financieros y combatir la exclusión bancaria. Además, menciona la necesidad de potenciar el carácter industrial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y mejorar las condiciones laborales en empresas públicas como Navantia y la Agencia EFE.
“Lo público es algo muy serio para un país y cuando lo público funciona, hace de tractor en la economía”, afirmó Díaz, subrayando la importancia de los servicios públicos y su impacto en el desarrollo económico nacional. Esta declaración refleja un compromiso con el fortalecimiento del sector público como motor de progreso, no solo en términos económicos, sino también en cohesión social y acceso igualitario a servicios básicos.
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Además, la vicepresidenta ha anunciado la próxima constitución del Consejo Nacional de Productividad, una iniciativa conjunta entre los ministerios de Trabajo y Economía. Este consejo buscará evaluar y mejorar los índices de productividad del país, atendiendo tanto a los aciertos como a las áreas de mejora. “Qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué indicadores tenemos que mejorar y cómo es el reparto de la productividad”, son algunas de las preguntas que se plantea abordar mediante este órgano.
Por último, Díaz resalta la necesidad de modernizar el país a través de una reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, como medida para potenciar la productividad y el bienestar de los trabajadores. Este enfoque hacia la calidad de vida laboral, junto con su compromiso de atender “la vida de la gente” por encima de criterios puramente económicos o financieros, resalta la visión humanista que pretende imprimir en su gestión.