Tres semanas encerrado en un aeropuerto y deportado aunque venía a España a vivir con su novia: “La justicia es arbitraria”

Sirhan, un joven africano, sabe perfectamente que subirse a una patera es sinónimo de arriesgar la vida en el mar. Lo han hecho algunos de sus amigos para buscar nuevas oportunidades en Europa y no todos lo han logrado. Afortunadamente, en junio de 2023, él pudo poner rumbo a España por vía aérea y junto a su novia, una mujer española a la que conoció años atrás por internet, pero su alegría terminó al llegar al aeropuerto de Gran Canaria, donde le denegaron la entrada al carecer de visado. De nada sirvió la carta de invitación que su pareja había tramitado o que tuviera lugar donde alojarse en la isla.

Al no poder entrar en territorio nacional, Sirhan (nombre ficticio) fue derivado a la sala de inadmitidos de ese aeropuerto, un lugar donde los extranjeros que no han cumplido con ciertos requisitos permanecen retenidos hasta que hay una plaza de avión para devolverlos a su país de origen y, aunque no están privados de libertad, tampoco pueden salir de estas instalaciones. Ante esta situación — y ante las enormes dificultades a las que se enfrenta en su país —, el joven pidió asilo, por lo que no podía ser devuelto o expulsado hasta que no se resolviera su solicitud.

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Si bien no hay un periodo máximo establecido en cuanto al tiempo que los extranjeros pueden permanecer en las salas de inadmitidos, una vez pasadas 72 horas, la policía tiene que avisar al juzgado de que hay una persona retenida. En el caso de Sirhan ese tiempo se extendió mucho más, pues permaneció allí tres semanas.

“Fueron días muy largos en los que estuve solo y había momentos en los que ya no sabía qué hacer”, cuenta el joven a Infobae España, aunque aclara que tanto el espacio como las condiciones de higiene de la sala de rechazados de Gran Canaria eran perfctamente correctas, nada que ver con las instalaciones donde esperan los inadmitidos y solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, donde el hacinamiento y la insalubridad han alcanzado un punto crítico, tal y como vienen denunciando desde hace tiempo organizaciones humanitarias y sindicatos policiales. Ante el aumento de peticiones de asilo en los últimos meses, tres de esas salas han estado colapsadas con hasta casi 400 personas y la situación ha sido tan caótica que incluso Cruz Roja ha renunciado a prestar servicio por un tiempo, si bien a finales de enero la Policía Nacional abrió una cuarta para ampliar el espacio.

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Según relata la abogada Loueila Mint El Mamy, experta en materia de migración, el caso de Sirhan es muy diferente a otros de los que se ha encargado, pues para que la justicia autorizara la entrada del joven a Canarias, debía presentar un poder notarial donde constara que le representaba. Sin embargo, “no había forma de que él saliera del aeropuerto para firmar ese documento en un juzgado o de que un notario fuera hasta allí”, explica la letrada. “Fue muy desgastante, lo intenté de todas las formas, pero era imposible conseguir ese documento dadas las circunstancias. Más bien parecía un castigo por parte de la jueza de instrucción”, señala, y añade: “La arbitrariedad de la justicia marcó la libertad de Sirhan”.

A pesar de los esfuerzos por parte de la abogada y de haber recurrido cuando a Sirhan le denegaron el asilo, el joven fue finalmente devuelto a su país tras pasar esos 21 días encerrado en el aeropuerto canario. A día de hoy, él sigue preguntándose por qué Europa continúa obligando a miles de personas africanas a optar por vías ilegales para emigrar.

“Me dio mucha rabia, no puedo contar las veces que lloré. No entiendo cómo puede ser tan complicado y cómo pudieron expulsarme cuando ni siquiera llegué en patera e iba a instalarme con mi novia”, dice indignado al otro lado del teléfono. Sirhan, que no tiene una familia en la que apoyarse y que detalló a su abogada los numerosos problemas que sufre en su país (el cual prefiere no mencionar), sigue hablando cada día con su pareja y confía en poder entrar en España próximamente, una vez que haya conseguido el visado. Si fuera necesario casarse, también lo hará.

La única opción que no contempla es quedarse en su país, pues aunque actualmente la situación política y social es más estable que en otros países vecinos de África occidental, un elevado porcentaje de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza mientras la corrupción avanza, llegando a gran parte del sector público. De hecho, Sirhan se vio obligado a dejar la universidad en su primer año porque le pidieron dinero, explica, “para subirle la nota de los exámenes finales y así poder pasar de curso”, cuando en realidad, asegura, le habían salido bien, y advierte que allí solo encuentra trabajo quien tiene buenos contactos, por lo que “es muy complicado sobrevivir”.

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El de Sirhan es tan solo un ejemplo de las numerosas dificultades que enfrentan la mayoría de las personas africanas a la hora de conseguir un permiso para viajar a España, pues debido a la complejidad de los trámites y los largos tiempos de espera, obtenerlos en los países de origen es prácticamente imposible. Al no poder tampoco pedir asilo en puestos fronterizos, muchas personas optan por echarse al mar a bordo de embarcaciones precarias y arriesgar su vida en el trayecto, por lo que las organizaciones humanitarias siguen reclamando vías legales y seguras para “evitar más muertes y sufrimiento” a los migrantes.

Es más, todos los países africanos requieren de visado para venir a España, recuerdan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “una realidad que hace que las rutas migratorias procedentes de África sean las más peligrosas”, señala Mauricio Valiente Ots, director de campañas y políticas de la organización.

En un reciente informe CEAR también ha informado de que fueron 163.220 las personas que solicitaron asilo en España en 2023, lo que supone otro año consecutivo de récord histórico, aunque la organización lamenta que solo se haya reconocido el asilo a 12 de cada 100 personas, un 4,5% menos que el año anterior. Asimismo recuerdan que sigue habiendo enormes dificultades para acceder al procedimiento de asilo en todo el territorio, ya sea para conseguir citas o formalizar las solicitudes, que “se siguen cronificando y dejan a miles de personas en un limbo legal durante meses”, advierten.

Por otro lado, en los puestos fronterizos solicitaron asilo 3.386 personas en 2023, un 25% más que el año anterior, un aumento que refleja la situación vivida en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas, ya que la mayoría se formalizaron en esas dependencias, añade CEAR. Ese incremento ha sido exponencial desde el pasado mes de agosto y ha provocado tanto “retrasos en la formalización de las solicitudes de asilo” como un “grave hacinamiento que vulnera los derechos fundamentales” de las personas refugiadas.

Cabe también recordar que con el objetivo de “evitar el colapso de peticionarios de asilo” una vez que hacen escala en el aeropuerto de Barajas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado imponer visados de tránsito a los ciudadanos con pasaporte de Senegal a partir del próximo 19 de febrero, como ya ocurre con los de Kenia desde el 20 de enero, además de pedir la colaboración a Marruecos para impedir que embarquen personas de Senegal sin visado Schengen expedido dos años antes. Para CEAR esta medida supone un nuevo obstáculo para muchos migrantes, dejándoles como “única alternativa arriesgar su vida en la mortífera ruta atlántica, en la que al menos 956 personas perdieron la vida el año pasado”.

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“Es una vuelta de tuerca más, es un visado para hacer escala cuando vas a un tercer país y eso conlleva al mismo resultado: es imposible usar una vía ordinaria para migrar”, concluye Valiente Ots, que advierte de que esta medida no va a detener la migración. “Lo que hace es que la ruta sea más peligrosa y que las personas migrantes sean más susceptibles de mafias”.

2023 no solo ha sido un año récord en cuanto al número de personas que llegaron a España de forma irregular por vía marítima y terrestre, con un total de 56.852, lo que supone 25.633 más que en 2022, según datos del Ministerio del Interior, y la mayoría, 39.910, llegaron a Canarias por vía marítima. El año pasado también fue el más mortífero, pues un total de 6.618 personas fallecieron tratando de alcanzar las costas españolas, una media de 18 cada día, según indica el colectivo Caminando Fronteras, que recopila estos datos desde 2007.