Plátanos a 30 céntimos en el campo y a 2,25 euros en el súper: los agricultores acusan a los intermediarios de llevarse hasta un 400% de sus beneficios

Los precios de los alimentos se han disparado. Esto es una realidad que constatan los españoles cada vez que van al súper. Sin embargo, pese a que muchos productos ahora cuestan hasta dos y tres euros más, los trabajadores del campo siguen afirmando que trabajan a pérdidas. De hecho, esta es una de las reclamaciones que ha impulsado a los agricultores a salir a la calle, y señalan claramente a los responsables de que sus ingresos no aumenten: los intermediarios.

Almacenamiento, transporte, embalaje... Muchos son los eslabones por los que pasan los alimentos del campo a la mesa. La operativa habitual de muchos agricultores es vender sus productos a cooperativas o almacenes que los venden a los mayoristas. Estos últimos serán los encargados de transportarlos a grandes complejos de distribución y mercados centrales -como es el caso de Mercamadrid o Mercabarna- donde acuden los comerciantes, tiendas especializadas, bares y restaurantes. Sin embargo, algunas cadenas de supermercado no siguen esta trayectoria y adquieren sus productos a través de plataformas que actúan como intermediarios.

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“No puede ser que un mero intermediario se lleve el 400% de lo que nos pagan (a los productores por nuestros productos) y es lo que hay que revertir de una vez por todas”, ha subrayado Eduardo Pérez Hoces, vicepresidente de Asaja. Las organizaciones agrarias aseguran que los precios están hundidos en origen y disparados en destino “porque no se produce una traslación inmediata” lo que pone de manifiesto la brecha significativa entre los costes de producción y el precio final de venta. Esta discrepancia ha generado acusaciones de prácticas especulativas por parte de los operadores de eslabones intermedios, quienes se beneficiarían a expensas de los productores agrícolas.

Otra de las patas de esta polémica es la Ley de la Cadena Alimentaria -que prohíbe la venta a pérdidas- y que las principales organizaciones agrarias de nuestro país reclaman que se refuerce para conseguir su máxima aplicación. “El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y, por lo tanto, con inspecciones de oficio” aseguran. Y Pedro Sánchez ha recogido el guante. Tras la oleada de cortes de carreteras y manifestaciones agrícolas que se han producido en los diferentes puntos del país, el presidente del Gobierno ha asegurado que reforzará la ley, lo que, en la práctica, podría conllevar un aumento de las inspecciones.

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Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), se han impuesto solo 195 sanciones “firmes” desde enero de 2023 hasta la actualidad, que oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros. En concreto, solo siete de las multas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad (104) se reducen a 1.801 euros, y el motivo más frecuente es el incumplimiento de los plazos de pago, sancionado en 128 ocasiones, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas. Una falta de sanciones que, según la asociación de consumidores Facua, es un claro indicador del “reducido” número de controles que lleva a cabo la AICA para detectar estas prácticas.

Los precios de los alimentos se han multiplicado por hasta nueve al pasar del campo hasta la mesa durante el pasado mes de enero, en un contexto marcado por el alza de la inflación y el impacto de la sequía en las producciones, según datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que mensualmente elabora la organización agraria COAG.

En concreto, los ajos multiplicaron por 5,56 su coste desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en las tiendas, al pasar de cotizar a 1,18 euros por kilogramo en origen para venderse en destino a una media de 6,56 euros por kilo. Por su parte, los limones costaban en los lineales de las tiendas un 880% más que el precio pagado a los agricultores en el campo, es decir 9,8 veces por encima, al marcar una cotización de 0,20 euros por kilo en origen y venderse en destino a una media de 1,96 euros.

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Igualmente, los precios de los plátanos se revalorizaron 8,33 veces del campo a la mesa, pasando de los 0,27 euros en origen hasta los 2,25 euros en el punto de venta al público, mientras que las naranjas multiplicaron su precio por 5,26, al pasar de un precio de 0,39 euros por kilo al agricultor a 2,05 euros al consumidor. En general, los productos agrícolas multiplicaron al cierre de enero su precio por 4,17 desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en los lineales, mientras que los derivados de la ganadería (pollo, cerdo, conejo o huevos) lo hicieron por tres.

En concreto, el precio del kilogramo de ternera pasó de 5,45 euros en origen a 21,03 euros por kilo en los puntos de venta al consumidor, es decir, un 286% más, mientras que en el caso del cordero, su precio se multiplicó un 4,1% más, pasando de los 4,68 euros del kilo en origen a los 19,21 euros en destino, lo que supone 310% más.