¿Los séniors quitan empleo a los júniors?: “España tiene una legislación pensada en que los trabajadores mayores molestan”

España envejece a marchas aceleradas por la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers, la generación más numerosa y sin reemplazo en el mercado laboral. Esto provocará que el porcentaje de mayores de 65 años sobre la población de entre 20 y 64 sea cada vez mayor, pasando del 33,6% en 2023 al 58,8% en 2050, según estima el Ministerio de Seguridad Social. Ante esta evolución, los expertos de Fedea señalan la urgencia de hacer compatible la pensión con el trabajo, pero la legislación española aún pone trabas.

Según explica Segri Jiménez, catedrático de economía e investigador de Fedea, en España han imperado las ideas erróneas de que alcanzar una cierta edad suponía “la imposibilidad física o psíquica de trabajar” y que la retirada de los trabajadores mayores “ayudaba a mejorar las condiciones laborales de los jóvenes”. Estas tesis han llevado a que exista la discriminación laboral por edad (edadismo) y a unas reformas de pensiones que favorecieron las jubilaciones anticipadas y dificultaron la compatibilidad de la jubilación con el trabajo, aunque desde 2010 se pretende revertir la tendencia ante las preocupantes previsiones de sostenibilidad del sistema de pensiones públicas.

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La reforma de pensiones de 1985, sobre la que se basa el sistema actual, introdujo varios programas específicos para favorecer la sustitución de trabajadores mayores por jóvenes, como la jubilación parcial. En opinión de José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en economía y subdirector de Fedea, estas tesis todavía persisten: “España tiene una legislación pensada en que los trabajadores mayores molestan”. Algo que planea sobre la falacia de la cantidad fija de trabajo, teoría que consiste en que la cantidad de horas que se pueden trabajar es fija y la persistencia de un trabajador mayor impide la entrada de otro joven.

“Cuando la mujer se incorporó al mercado laboral se decía que los hombres no iban a tener trabajo y también se hace con los inmigrantes”, señala Conde-Ruiz para recordar que este supuesto también se ha aplicado desde otros ángulos. En realidad, la sustitución de trabajadores de edad avanzada por júniors es imperfecta, dado que las ocupaciones y cualificaciones profesionales son distintas. Por otra parte, la mejora continuada en la calidad y esperanza de vida de los mayores ha aumentado su capacidad de trabajo y de generar riqueza. “Los individuos llegan a la edad avanzada con mejor salud, más educados, más activos y capacitados”, asegura Jiménez.

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La edad efectiva de jubilación ha alcanzado los 65,1 años en 2023, un récord en la serie histórica reciente, pero esa no es la edad a la que los trabajadores salen del mercado de trabajo. De hecho, si se compara con los países de la OCDE y de la UE, la vida laboral en España dura menos y la salida del mercado laboral se produce antes que en muchos estados, consecuencia de esa cultura de rechazo a los trabajadores más longevos. “Debería cambiar la percepción social de estos trabajadores de que no deben ser contratados”, critica Jiménez.

Según el último informe de pensiones de la OCDE, la salida efectiva del mercado de trabajo se situó en 2022 en España en los 62,1 años para los hombres y en los 61,8 para las mujeres. Estas cifras son notablemente inferiores a la media de la OCDE (64,4 y 63,1, respectivamente) y también están por debajo de la UE. En cuanto a la duración de la vida laboral, en España se alcanzaron los 36 años en 2022, según Eurostat, por debajo de la media comunitaria y a mucha distancia de Países Bajos (43,2) y Suecia (42,6). En consecuencia, la tasa de empleo de los mayores en España es inferior a la media europea y su tasa de paro es mayor (razón de ser del subsidio de mayores de 52 años).

El Gobierno es consciente del problema y realizó una encuesta al respecto, cuyos resultados se incluyen en el informe de proyecciones de gasto en pensiones. Esta revela que más de dos tercios de los encuestados tendrían problemas para retrasar la jubilación en su empresa. La mayoría respondieron que podrían seguir con unos límites, pero un tercio aseguró que la decisión de seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación no es suya: “viene impuesta por su empleador”, señala el informe.

La estrategia seguida en la última reforma de las pensiones para revertir estas cifras y alargar la vida laboral de los trabajadores mayores ha sido endurecer la jubilación anticipada e incrementar los incentivos a la jubilación demorada. Desde Fedea recuerdan que restringir la jubilación anticipada no contribuye a reducir el gasto en pensiones y tiene “un efecto negativo sobre la satisfacción de los trabajadores y/o su mortalidad”. En cuanto a los incentivos a la demora, consideran que no son lo suficientemente generosos y que las fórmulas de jubilación combinadas con el trabajo tienen aún demasiadas trabas, aunque son estas últimas las que proponen fomentar.

Existen cuatro excepciones a la regla de incompatibilidad general del trabajo con la pensión, pero todas tienen “grandes desincentivos”, en opinión de Fedea. Estas son la jubilación activa, la parcial/flexible y la compatible con el trabajo autónomo. Algunas de las trabas son, en la modalidad activa, el requisito de tener una carrera contributiva completa y de que pase un año desde la edad de jubilación ordinaria hasta adaptar esta modalidad para poder compatibilizar la pensión con el salario.

En la parcial se exige cotizar como si se estuviera en un trabajo a tiempo completo, aunque solo se hagan unas horas y también se le obliga a la empresa a firmar un contrato de relevo con un nuevo trabajador. En cuanto a la jubilación flexible, mantiene severas restricciones de jornada y recorta la pensión, además, los ingresos de la persona en esta modalidad no pueden superar el SMI.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, las altas de jubilaciones demoradas se han casi duplicado en 2023 (8,1%) respecto a 2019 (4,8%), pero las jubilaciones anticipadas voluntarias siguen siendo el 19%. La jubilación parcial supuso otro 8% de las altas en 2023 volviendo a cifras de 2018 tras un descenso. A tenor de los datos, todavía queda mucho camino por recorrer para que las vías de prolongación voluntaria de la vida laboral sean mayoritarias.

Para ello, Fedea propone avanzar hacia un sistema de jubilación flexible, como tienen algunos países nórdicos, en el que no haya un proceso homogéneo para todos los trabajadores, sino que se tenga en cuenta la exigencia física, el estado de salud del trabajador y se den facilidades a quienes quieran y puedan seguir trabajando. Plantean que la edad de jubilación mínima sea de 63 años y establecer un nuevo contrato laboral plenamente compatible con la pensión y sin indemnización por despido