Nuevas ayudas al alquiler: los inquilinos pueden recibir subvenciones de hasta un 75% del coste de su renta

El precio del alquiler ha inaugurado el año pulverizando récords tras escalar en enero un 1,8% y subiendo el coste del metro cuadrado hasta los 12,4 euros de media, que casi se duplica en las grandes capitales como Barcelona, donde se paga a 20,8 euros, o en Madrid, donde cuesta 18,3 euros.

Este encarecimiento de las rentas dificulta a los ciudadanos el acceso al mercado del alquiler, sobre todo a los jóvenes, como ha reconocido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha lamentado en varias ocasiones los “datos dramáticos en la emancipación” de los jóvenes.

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La tasa de emancipación juvenil en España se situó en el primer semestre de 2023 en el 16,3%, prácticamente la mitad de la media de la Unión Europea, que es del 31,9%, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud.

Para paliar este problema, que también afecta a las familias con menores recursos, tanto la administración central como las autonomías han articulado una serie de ayudas al alquiler. Entre ellas destaca el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ofrece ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a los ciudadanos con menos rentas, que van desde jóvenes a personas víctimas de violencia de género, ciudadanos desahuciados de su vivienda habitual o sin hogar.

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El plan estatal también recoge un incremento de la oferta de vivienda en alquiler social mediante el impulso del parque público de vivienda y de la puesta a disposición de pisos de la SAREB y de entidades públicas.

Para optar a estas ayudas, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos, tener unos ingresos anuales inferiores a 25.200 euros, el equivalente a 3 IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que este año está en 850,50 euros mensuales. Aumentan a 33.600 (4 IPREM) si se trata de personas con discapacidad y hasta 42.000 euros (5 IPREM) para personas con determinados grados de discapacidad.

La cuantía de la ayuda es de hasta el 50% de la renta del alquiler durante 5 años y se aplica a arrendamientos de hasta 600 euros mensuales o hasta 300 euros para alquiler de habitación. Aunque en algunos supuestos y previo acuerdo de la comisión de seguimiento del convenio correspondiente podrá aplicarse a arrendamientos de hasta 900 euros mensuales.

Otro de los programas de ayudas es el Bono de Alquiler Joven que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros anuales destinado a favorecer a 70.000 alquilados de entre 18 y 35 años. Consiste en una ayuda cuyo importe máximo alcanza los 6.000 euros, repartidos en 24 mensualidades de 250 euros cada una.

Para ello, hay que cumplir una serie de exigencias como ser ciudadano europeo o de otros países siempre que se tenga residencia legal en España, la subvención debe destinarse únicamente a pagar el alquiler y el precio máximo de la vivienda alquilada será de 600 euros, 300 para el arrendamiento de habitaciones. Estas cantidades podrán ser superiores en algunos casos, hasta los 900 euros o hasta 450 euros si lo que se alquila es una habitación.

Los ingresos anuales no deben superar tres veces el IPREM (25.200 euros), mientras que las familias numerosas y personas con discapacidad pueden optar al bono aunque superen cuatro veces el IPREM, y cinco veces en caso de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad más severa. Los alquileres, tanto de vivienda como de habitaciones, tienen que contar con contrato legal.

El bono se solicita en las comunidades autónomas y es compatible con otras ayudas para personas con bajas rentas, como el Ingreso Mínimo Vital.

Las comunidades autónomas también han aprobado programas para ayudar a los colectivos menos favorecidos a afrontar el incremento de los precios del alquiler. Entre ellas la Comunidad de Madrid, que a finales de enero de 2021, aprobó el Plan Vive con el objetivo de poner en el mercado de alquiler hasta 25.000 viviendas a lo largo de ocho años.

El plan trata de facilitar el acceso a la vivienda a colectivos preferentes, como jóvenes menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género.

Entre los requisitos que hay que cumplir para acceder a él destacan destinar la vivienda a residencia habitual y carecer de otra vivienda en el territorio nacional, ser mayor de edad o menor emancipado y tener nacionalidad española o residencia legal en España.

Respecto a los ingresos requiere un mínimo de 1,5 veces IPREM y máximos de 5,5 veces el IPREM, si se trata de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio básico (VPPB) y 7,5 veces IPREM si se tratara de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio limitado (VPPL).

Para informarse de todo lo referido a alquiler de vivienda y vivienda social hay que dirigirse a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

La Agencia de la Vivienda de Cataluña también tiene una prestación de ayuda a las personas con dificultades económicas para hacer frente al coste del alquiler. El objetivo de estas subvenciones es dejar sin efecto el embargo de la vivienda por impago de la deuda de alquiler, lo que posibilita la permanencia en ella del solicitante y de su familia. Con ellas también se pretende prevenir la exclusión social como consecuencia de la pérdida de la vivienda.

Con estas prestaciones se puede hacer frente a la renta, a los atrasos de la renta, a los importes correspondientes a la repercusión de las obras de mejora, al impuesto de bienes inmuebles (IBI), a la tasa por el servicio de recogida de basuras y, en su caso, los gastos de garaje y trastero incluidos en el contrato.

La Comunidad Foral de Navarra tiene el programa Emanzipa para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, que tiene como destinatarias a personas jóvenes con el propósito de que logren emanciparse o continúen emancipadas. Este año también pueden solicitarlo los ciudadanos inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y en desempleo.

Con el objetivo de habilitar ayudas para el alquiler, el Gobierno del País Vasco lanzó el programa Gaztelagun dirigido a los jóvenes de hasta 35 años. Consiste en el pago mensual de un porcentaje de la renta abonada por el alquiler de una vivienda ubicada en esa comunidad.

La renta mensual no puede ser superior a 800 euros, en Bilbao, Donostia-San Sebastián, y Vitoria-Gasteiz; a 750 en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia-San Sebastián y en los municipios de más de 10.000 habitantes y a 675 euros en el resto de municipios.

El gobierno vasco también aprobó en diciembre del año pasado un decreto que regula una nueva ayuda de 300 euros mensuales destinada a la emancipación de más de 15.000 jóvenes. Se trata del Programa Emantzipa y está dirigido a jóvenes de entre 25 y 29 años que hayan iniciado o vayan a iniciar un proceso de emancipación.

Para acceder a estas ayudas los solicitantes deben estar empadronados en cualquier municipio de la comunidad autónoma de Euskadi con un antigüedad de al menos un año previo a la solicitud o acreditar tres años continuados de empadronamiento en la comunidad autónoma a lo largo de los últimos diez años.

Tendrán que disponer de ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 28.000 o 34.000 para el supuesto en que hagan la declaración de la renta de forma conjunta sus cónyuges o parejas de hecho. En cuanto a su patrimonio, no podrá superar los 75.000 euros.

También deberán acreditar que se han emancipado mediante la aportación del contrato de alquiler o compraventa de una vivienda libre, que debe ser su domicilio habitual y permanente.

La Comunidad de Andalucía concede ayudas al alquiler dirigidas a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes que alcanzan el 40% de la renta mensual establecida en el contrato de alquiler de la vivienda habitual y permanente.

Si el alquilado ha cumplido los 65 años, la ayuda alcanzará el 50% de la renta. Mientras que si se acredita una situación de especial vulnerabilidad por los servicios sociales comunitarios, la subvención podrá llegar a ser del 75% de la renta.

En el caso de jóvenes que no hayan cumplido los 35 años en el momento de presentación de la solicitud tendrán derecho a una ayuda del 50% de la renta.