La gestión de la autopista AP-9 de Galicia es un quebradero de cabeza prolongado durante años en este territorio. En la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero, este asunto ha estado muy presente, siendo uno de los principales objetos de disputa entre las principales fuerzas con opciones de llegar a la Xunta de Galicia. La AP-9 es la principal vía de comunicación y de desarrollo de la economía en la región.
Con 219,6 kilómetros de trazado (solo 46,2 km están exentos de coste directo para el usuario), la autopista vertebra el eje atlántico desde Ferrol (A Coruña) hasta Tui (Pontevedra), así como la movilidad interna de la comunidad autónoma. Y es que sirve de enlace entro los principales centros económicos gallegos y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño (Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña y Ferrol), además de conectar con el resto de la Red de Carreteras del Estado y los Puertos y Aeropuertos.
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La AP-9 es una infraestructura imprescindible para la movilidad terrestre, ya que la dispersión de la población gallega, concentrada en pequeños núcleos repartidos por el territorio, dificulta la conexión y la movilidad en el medio ferroviario. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), la institución que tiene la titularidad y las competencias de la autopista, “unos 61.485 usuarios de media pagan cada día por utilizar la autopista para ir a trabajar, a la playa, al hospital, a visitar familiares, comprar o transportar mercancías”.
Dentro de la autopista, el recorrido de pago que más usuarios distintos tiene en un día laborable tipo es el que une Pontevedra y Vigo con 18.716 coches diarios de media. “La distancia entre ambas ciudades, que forman parte de la misma Área Urbana, es relativamente pequeña (unos 26 kilómetros)”, dice el ministerio liderado por Óscar Puente. El segundo tramo más utilizado es el que une Pontevedra y Santiago, con unos 8.668 usuarios distintos de media en un día laborable tipo.
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“Estos datos muestran que el uso de la carretera responde, en gran medida, a la lógica de trayectos recurrentes metropolitanos, lo que hace de la carretera una infraestructura básica para la cohesión social en Galicia. En esta línea, sólo seis coches de media al día utilizan la autopista para ir de Ferrol a Tui, lo que da idea de que el recorrido de punta a punta es residual”, añade el departamento.
Bonificaciones y descuentos del Gobierno
El Gobierno introdujo nuevas bonificaciones y descuentos a través de un real decreto-ley en julio de 2021, con mejoras y ampliaciones a todos los días de la semana y a toda la autopista, unas medidas que ya están vigentes en algunos tramos desde 2013. Dos de las grandes diferencias con los descuentos comerciales y las bonificaciones que ya se aplicaban a los vehículos ligeros es que se amplía del día natural a las 24 horas el plazo para realizar el viaje de vuelta y que se suman los domingos y festivos (antes era de lunes a sábados).
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Otra medida fue la bonificación adicional del 50% del recorrido de ida para aquellos usuarios que realicen en un plazo máximo de 24 horas dos recorridos iguales (con el mismo origen y destino) y de sentido contrario dentro del tramo Puxeiros (Vigo)-Tui y viceversa, en días laborables y festivos. También, la gratuidad en el acceso desde Redondela. Asimismo, se contempla la rebaja del 20% del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para aquellos vehículos que realicen al menos 20 desplazamientos en dicho periodo.
¿Qué proponen los partidos sobre la autopista AP-9?
En todo caso, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible aumentó las tarifas de la AP-9 un 6,55% de media entre todos sus tramos en 2024, en virtud de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) a nivel estatal. Por ende, más allá de estas medidas, ¿qué sugieren los principales partidos políticos para hacer frente a este quebradero de cabeza de los gallegos?
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El PP de Alfonso Rueda resalta que la AP-9 y la AP-53 son de titularidad estatal y que actualmente son las más caras del país. Desde la Xunta, en manos del popular Alfonso Rueda, aseguran que llevan defendiendo 14 años la transferencia al Gobierno autonómico de las competencias de la carretera, a lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega. Defienden que si tienen la competencia podrán mejorar la gestión de la carretera. Realmente, la transferencia podría haber sido efectiva en el año 2020, si dos décadas atrás José María Aznar no hubiese prolongado su concesión hasta 2048.
En el año 2016 se dio el primer intento, y se sucedían las unanimidades en el Parlamento gallego, que se frenaban a su paso por el Congreso. Los populares aprobaban la transferencia en Galicia, pero la tumbaban en Madrid, alegando motivos técnicos que, cuando saltó el 1-O en 2017, se convirtieron en territoriales. Feijóo, entonces en la Xunta, alegaba que Galicia era leal al Estado para intentar convencer a su propio partido en Génova de que se efectuase esa concesión. Ahora continúan pidiendo la transferencia de la AP-9, aunque con el PSOE en el Gobierno.
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Aunque el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, acordó con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez hasta un 75% de bonificaciones para los usuarios frecuentes y recurrentes de la AP-9 y de la AP-53, la candidatura de Ana Pontón pide en su programa la transferencia inmediata a Galicia de infraestructuras básicas, como estas dos autopistas. “Se pedirá al Gobierno del Estado que atienda la petición de la Comisión Europea y proceda a la anulación de las ampliaciones de la AP-9 concedidas ilegalmente” (la concesión a Audasa finaliza en 2048), concreta el proyecto del BNG, el principal partido que se postula para desbancar al PP de la Xunta.
El PSdeG-PSOE, con José Ramón Gómez Besteiro a la cabeza, se compromete a “dotar a Galicia de peajes gratuitos, tanto en la autopista AP-9 que une Ferrol y Tui, como en la AP-53 entre Santiago y Ourense”. Además, los socialistas recogen la defensa de la transferencia de titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia, “con el fin de incrementar la capacidad de la Administración gallega de intervenir en la gestión de la principal vía de comunicación de la comunidad y en la política de tarifas, descuentos y bonificaciones”.
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Sumar, liderado por Marta Lois, pide la “transferencia urgente” de la gestión de esta autopista de cara a “reforzar el marco competencial” de Galicia. Podemos, por su parte, pide el “rescate inmediato” de la concesión de la AP-9 y su posterior traspaso a Galicia. “En los últimos 23 años, ha recaudado más de 2.500 millones euros, con un beneficio antes de los impuestos de 1.900 millones euros, generando una rentabilidad un 700% más que la media de empresas estatales”.
Vox, con su candidato Álvaro Díaz-Mella al frente, no tiene una posición concreta para la autopista A-9 en Galicia, lo único que dice en su programa electoral es que apuesta por una mayor inversión en las vías de titularidad estatal, por lo que se sobreentiende que no abogaría por la transferencia.