La aprobación a finales de diciembre de un nuevo paquete de medidas anticrisis (el octavo) desajustó todos los cálculos hechos hasta el momento para cuadrar las cuentas públicas en 2024. La Comisión Europea había dado el visto bueno al Plan Presupuestario del Gobierno en noviembre, pero suponiendo que se eliminarían las medidas con el fin del año, como había pedido en reiteradas ocasiones. Esto no fue así finalmente: el Gobierno amplió las subvenciones al transporte público, la bajada del IVA de ciertos alimentos hasta junio y los impuestos energéticos se irán recuperando progresivamente durante la primera mitad de 2024.
Las medidas de 2024 suponen un coste fiscal de unos 5.000 millones de euros frente a los 15.000 del plan anterior, lo que equivale al 0,3% del PIB, según los cálculos del economista Javier García publicados en el informe mensual de CaixaBank Research. La extensión parcial del plan anticrisis implica una presión al alza del déficit este año de unas tres décimas en relación con las previsiones del Plan Presupuestario y de la Comisión, ya que ambos se calcularon como si no fuera a haber prórroga. El déficit se situaría así en torno al 3,3% o el 3,5% si se suma el desvío a cada uno de los escenarios, de manera que quedaría por encima del 3% que exigen las reglas fiscales y España se expondría a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.
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Sin embargo, este impacto al alza sobre el déficit se ve parcialmente compensado en una o dos décimas por un crecimiento del PIB mayor de lo que auguraban las previsiones, incluso las del propio Gobierno. El PIB nominal ha avanzado un 8,6% en 2023, por encima del 7,7% que preveía la Comisión Europea y del 8,3% calculado por el Gobierno. Que 2023 cierre con un “buen dato” generará “un efecto arrastre sobre el crecimiento de 2024″, señala García, ya que el punto de partida del nuevo año es mejor de lo esperado.
Teniendo en cuenta el coste fiscal de las medidas y la incorporación de los últimos datos macro, el déficit en 2024 se situaría entre el 3,1% y el 3,4% del PIB, según estima CaixaBank Research sobre los escenarios del Gobierno y de la Comisión, respectivamente. Que el déficit se sitúe en ese rango o incluso algo por debajo dependerá de si el PIB sigue dando sorpresas positivas; de la cifra con la que cierre el déficit en 2023 (dato que se conocerá en marzo y punto de partida para 2024) y de si los presupuestos para este año incorporan medidas adicionales de gasto.
Límite de gasto y descenso de la deuda: las principales complicaciones
El PIB lleva tres años (2021, 2022 y 2023) dando sorpresas positivas que se traducen en un alivio de los desajustes de las cuentas públicas, tanto del déficit como de la deuda, al medirse ambas ratios en relación con el PIB. El ejemplo más reciente de este efecto es el de la deuda: que se situó en el tercer trimestre de 2023 en el 109,9% del PIB, una barrera que el Ejecutivo pretendía superar en 2024, según comprometió en el Programa de Estabilidad de abril. Su fecha de consecución se ha ido adelantando impulsada por las revisiones al alza del INE.
Si se cumplen las últimas previsiones del Gobierno, las recogidas en el Plan Presupuestario, la deuda pública se situará en el cuarto trimestre en el 108,1% y caerá en 2024 al 106,3%, por lo que seguirá una senda descendente. Bruselas ve “riesgos bajos” a corto plazo para la deuda española, según su último informe anual de vigilancia publicado en diciembre, pero “los riesgos de sostenibilidad fiscal a medio plazo parecen elevados”.
El escenario de referencia a medio plazo anticipa que la ratio de deuda se mantendrá en un “nivel elevado”, disminuyendo hasta el 106% en 2026 antes de aproximarse de nuevo al 110% en 2034. Esta evolución de la deuda incumpliría lo que disponen las reglas fiscales, en las que se fija que la trayectoria plurianual de gasto neto (trayectoria técnica) “debe garantizar” que la deuda siga una trayectoria “plausiblemente descendente” al final del periodo de ajuste incluso en escenarios adversos. Según la AIReF, que coincide con la Comisión en este sentido, será necesario un ajuste.
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Por otra parte, aunque el crecimiento del PIB compense el aumento del déficit derivado de las medidas anticrisis y este termine en un 3% en 2024, el impacto fiscal de las mismas repercute en el límite del crecimiento del gasto primario nacional neto (de medidas de ingresos) establecido por la Comisión para este año, el 2,6%. Se trata de una nueva herramienta de control establecida por Bruselas para que, en el caso de que la economía vaya mejor de lo previsto (como le sucede a España), se destinen recursos a reducir los desequilibrios, no a gastar más. Es decir, salvar el déficit por la buena marcha del PIB no será suficiente para cumplir con la Comisión.
El Gobierno ya estimó en su plan presupuestario (según el cual se terminaban las medidas) que la ratio se situaría en el 2,5% este año, por lo que solo contemplaba una décima de margen. La AIReF calculó un 2,6% incluso sin prorrogar medidas y la más optimista fue la Comisión con una previsión del 2,1%, un margen fiscal de cinco décimas que Bruselas pidió destinar a reducir el déficit estructural, no a gastar más. Más allá de lo que haga el Gobierno central, también influirá lo que hagan las CCAA, otro frente problemático en 2024. Los recursos extraordinarios que están recibiendo de las liquidaciones les permiten hacer más bajadas de impuestos o aumentos de gasto y el límite de gasto es un cálculo que implica a todas las administraciones públicas, no solo a la central.