Solo el 10% de los madrileños en pobreza severa accede a una renta mínima mientras Ayuso ahorra el 80% de la ayuda regional

Las rentas mínimas regionales ya existían cuando se implantó en el verano de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero su objetivo fue configurar una red de último recurso estatal para proteger mejor a la población más vulnerable, sobre todo en unos meses complicados como fueron los de la pandemia. Las ayudas de cada comunidad autónoma presentan características y grados de implementación muy distintos, lo que ha facilitado que algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, hayan aprovechado la llegada del IMV para sustituir su prestación anterior en vez de actuar para complementar la ayuda y dar mayor cobertura.

Esta es una de las conclusiones de un informe publicado este jueves por el think tank Future Policy Lab en colaboración con Oxfam Intermon, aunque ya había datos oficiales que apuntaban en esta dirección, como la evolución del gasto ejecutado en las rentas mínimas autonómicas. El análisis coordinado por José Antonio Noguera lo comprueba por otra vía, a través de una simulación con microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2022. El estudio calcula qué porcentaje de población en riesgo de pobreza severa de cada comunidad autónoma está cubierto por una renta mínima, así como los potenciales beneficiarios, dependiendo de las características de las rentas mínimas autonómicas y de su complementariedad o no con el IMV.

Te puede interesar: Los hogares se empobrecen por la inflación, pero el 10% más pobre gana poder adquisitivo gracias al IMV

Los resultados para Madrid son que algo menos del 10% de los hogares en situación de pobreza severa (el 7,2%) tendrían acceso actualmente a una renta mínima. Esto se debe al propio diseño de la ayuda regional y al denominado non-take up, un fenómeno que se repite en todas las prestaciones y que consiste en que un volumen de personas no solicitan la ayuda a pesar de que cumplirían los requisitos para cobrarla. Si se eliminara este último efecto, las familias en pobreza severa cubiertas por una renta mínima en Madrid podrían llegar al 86,2%, pero solo gracias al IMV.

El motivo es que la renta mínima de Madrid (RMI) tiene una cuantía inferior a la del IMV y unas condiciones más estrictas, por lo que tiene menor alcance potencial. “Lo que encontramos es una RMI que, de facto, no se está implementando porque está siendo ‘absorbida’ por el IMV”, detalla el informe. Si bien esta sustitución sería esperable por la “escasa generosidad” de la cuantía regional, “la Comunidad de Madrid no ha optado por desarrollar una estrategia de complementación”, de manera que la llegada del IMV en Madrid ha supuesto un ahorro para las arcas públicas.

El gasto ejecutado de la Comunidad de Madrid en la RMI ha descendido un 81,2% entre 2022 y 2020, según el informe anual que publica el Ministerio de Derechos Sociales. También han caído los beneficiarios (un 73%) y el gasto medio por beneficiario (un 30,3%).

La situación es distinta en otras regiones como Cataluña y País Vasco. La primera ha complementado el IMV con parte de la renta autonómica y la segunda ha integrado la prestación estatal en un programa más generoso y con mayor cobertura de carácter regional. Euskadi fue la primera región en crear una renta mínima y ha sido la “más desarrollada y con mayor impacto”, según el informe, alcanzando a unos dos tercios de los beneficiarios potenciales.

De hecho, la renta mínima vasca es la única prestación que por sí sola es potencialmente capaz de cubrir a toda la población en situación de pobreza severa de esa región, incluso teniendo en cuenta el non-take-up. Además, según el cálculo del estudio, con una implementación total de esta más el IMV podría cubrir “a más del doble de hogares” que aquellos que se encuentran en pobreza severa.

Te puede interesar: La AIReF constata “escasos” avances en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV): solo llega al 35% de los posibles beneficiarios

Cataluña se encuentra a mitad de camino. Podría alcanzar una cobertura por encima del 100% de los hogares en situación de pobreza severa (el 119,2%) si todos los potenciales beneficiarios solicitaran el IMV y la renta mínima regional, pero el non-take-up deja esta cifra en una cobertura del 47%. A nivel estatal, el IMV tiene una cobertura potencial de la pobreza severa peor que la de Cataluña y la del País Vasco (el 19,9%) porque tiene un non-take-up elevado, del 57%, pero aun así es mejor que la de Madrid.

Según explican los autores, para erradicar o reducir sustancialmente la pobreza severa, los umbrales de renta que dan acceso a las rentas mínimas deben ser superiores a la línea de pobreza, que para un hogar unipersonal supondría unos ingresos mensuales de 560€ al mes. Por tanto, un umbral de ingresos inferior al de la pobreza severa, además de limitar el alcance de la prestación e impedir el acceso a muchas familias en esa situación severa, “no permite otorgar a los beneficiarios una cuantía suficiente para superarla”.

En ninguno de los escenarios planteados se consigue erradicar la pobreza severa, pero el que más se acerca es el País Vasco, que la conseguiría reducir un 4,7% con la suma de su renta mínima y del IMV si todos los potenciales beneficiarios las solicitaran. A esto se añade que es la región con menor pobreza de las estudiadas. A nivel estatal, el IMV solo habría conseguido reducir un 1,5% la pobreza severa, pero habría llegado a más del 5% sin non-take-up. Muy lejos todavía de la reducción necesaria para erradicar la pobreza severa en España (-8,8%).

Cabe destacar que este es el primer estudio que analiza de manera conjunta el impacto de las rentas mínimas autonómicas en conjunto con el IMV y que las relaciona con la cobertura de los hogares en pobreza severa. La AIReF, que ha analizado la eficacia del IMV por encargo del Gobierno en dos ocasiones, ha criticado que la política no fijó en ningún momento cuál era su objetivo cuantitativo de los hogares en pobreza que pretendía alcanzar, por lo que no se puede hablar estrictamente de éxito o de fracaso en esos términos. Además, no pudo hacer un análisis del trasvase entre las rentas mínimas autonómicas y el IMV por “escasa claridad” de los datos.

Te puede interesar: El Gobierno plantea la devolución a plazos para quienes hayan cobrado de forma “indebida” el Ingreso Mínimo Vital

La institución también criticó la forma en la que ofrece las cifras mensuales del IMV el Ejecutivo, en términos acumulados, de manera que es imposible saber las variaciones que se producen en la prestación ni cuantos beneficiarios hay en un momento determinado. El último informe dio pie a una sonada polémica con el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, precisamente por este motivo.