Las sanciones de la UE a las que se podría enfrentar Puigdemont si se demuestra su relación con Rusia

El Parlamento Europeo quiere investigar las supuestas injerencias rusas y sus lazos con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, por lo que ha instado a que España profundice en los nexos entre el Kremlin y el movimiento independentista catalán, una investigación que iría en la línea del caso Volhov. La Cámara europea ha pedido una investigación interna tanto a nivel europeo como a nivel nacional.

Mientras tanto, el líder de Junts sostiene que todo esto responde a una estrategia en la que el PP ha conseguido imponer sus estándares a la mayoría conservadora europea, y recuerda que en España, el juez Manuel García-Castellón, que investiga la causa contra Tsunami Democràtic también decidió investigarle por terrorismo el mismo día en el que se hacía público el pacto entre Junts y PSOE para investir a Pedro Sánchez.

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Y en cuanto al caso Volhov, reabierto por el juez titular del caso Volhov, Joaquín Aguirre, Puigdemont señala que este magistrado ya es “conocido por su animadversión al independentismo”, y por eso decidió reactivarlo. En el caso de que se demuestre que había nexos entre el independentismo y el Kremlin con el objetivo de desestabilizar a la Unión Europea, el líder de Junts podría enfrentarse a una serie de sanciones recogidas en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento europeo, que se aplicarían según la gravedad de lo que se demuestre:

— Una amonestación: esta será la sanción más suave a la que se puede enfrentar Puigdemont, que sería, básicamente, una reprimenda por parte del Parlamento Europeo.

—La pérdida del derecho a las dietas para gastos de estancia durante un periodo de dos días a dos meses: los diputados tienen derecho a 350 euros al día para cubrir alojamiento, comida y otros gastos, por lo que Puigdemont podría dejar de percibir entre 700 y 21.000 euros.

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—Suspensión temporal, de dos días a dos meses, de la participación en actividades en el Parlamento

— Prohibición para representar al Parlamento en alguna delegación interparlamentaria, una conferencia o cualquier foro similar, durante un periodo máximo de un año, que se podría extender a los dos años si el incumplimiento de Puigdemont es repetido

— Si se vulnera la confidencialidad, se podrá limitar el derecho de Puigdemont al acceso a la información clasificada o confidencial durante un año, como máximo

—Suspensión o cese de los cargos que ocupe en el Parlamento, si así lo propone el presidente de la Cámara a la Conferencia de Presidentes

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El juez del ‘caso Volhov’ considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña. Así lo indica en un auto el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para prorrogar otros seis meses la investigación de este caso sobre supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr el apoyo en el procés.

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Para el juez, se desprenden inicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y de que su entorno llegó a reunirse con “los más altos capos de la mafia rusa”. En esta pieza separada de la causa, que empezó en 2016, están investigados Josep Lluís Alay, además del informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros. El juez ha dictado la prórroga de la causa a finales de enero.

Según el juez, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el expresidente catalán no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.

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En opinión del juez, Alay y Boye viajaron a Rusia para “entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin”. Según el magistrado, los contactos con “altas instancias del Kremlin” se llevaron a cabo tanto antes como después de la Declaración UnilateraI de Independencia (DUI) y, tras octubre de 2017, Alay pasó a relevar a Terradellas en los contactos con Rusia, dado que este quedó “inutilizado” por su detención en la primera fase del caso por la presunta trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona.

“Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos”, asegura el magistrado.