Las pensiones contributivas, entre ellas las de incapacidad permanente, han subido un 3,8% este año. Las nuevas cuantías han llegado al bolsillo de los beneficiarios hace un par de semanas. De este modo, la pensión mínima por incapacidad permanente para una persona con cónyuge a cargo ha alcanzado los 21.698 euros anuales —1.549 euros al mes en 14 pagas—, mientras que la prestación máxima ha crecido hasta los 3.175 euros mensuales. La inserción laboral de las personas con discapacidad sigue siendo todo un reto, por eso, muchos beneficiarios siguen necesitando un plus para llegar a final de mes.
La pensión de discapacidad nace para compensar la pérdida de ingresos motivada por el deterioro de la salud de las personas afectadas. Los ciudadanos también se pueden acoger a esta prestación si tienen alguna enfermedad que pone en riesgo su capacidad de trabajo. El grado de discapacidad de los pacientes lo determina un especialista, teniendo en cuenta su propia valoración y los criterios establecidos. Los Servicios Sociales de cada municipio se encargan de gestionar este certificado. El examen médico tiene en cuenta diversos factores, como los síntomas, las secuelas, y los antecedentes personales de cada trabajador. El grado de discapacidad resulta determinante para la cuantía y el número de prestaciones al que tiene derecho cada persona.
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Los trabajadores, para recibir una pensión por discapacidad, tienen que acreditar un grado igual o superior al 65%. Además, para cobrar una pensión no contributiva de invalidez, los demandantes tienen que estar en edad de trabajar, residir legalmente en España y tener unos ingresos máximos anuales de 6.784,54 euros. El certificado de discapacidad es el documento en el que un profesional médico refleja el grado de discapacidad de cada trabajador y resulta imprescindible para recibir las ayudas correspondientes. ¿Qué subvenciones pueden reclamar las personas con una discapacidad igual o superior al 33%?
Beneficios en el empleo y la asistencia médica
El certificado de discapacidad es un documento oficial que acredita el grado de discapacidad que tiene una persona. El grado mínimo que se puede reconocer es del 33%. Los ciudadanos en estos casos tienen a su disposición una serie de descuentos, deducciones y prestaciones económicas. Las administraciones públicas contemplan una pensión no contributiva para que las personas en esta situación puedan tener algún tipo de ingreso que les permita llegar sin preocupaciones a final de mes. Esta partida asegura una asignación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios para todas las personas en situación de invalidez y estado de necesidad.
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En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para las personas con discapacidad, que, además, no tienen que pagar ninguna tasa por derechos de examen en las pruebas selectivas. Las empresas privadas con una plantilla de más de 50 trabajadores también están obligadas a cumplir, al menos, con este porcentaje del 2%. Las personas con discapacidad igual o superior al 33% también pueden adquirir la Tarjeta Dorada de Renfe, con validez anual y distintos descuentos en función del tren/día de viaje elegido. Además, tampoco tienen que pagar el impuesto de circulación ni el de matriculación en caso de adquirir un vehículo nuevo. Los descuentos en el transporte público y la cultura también están al orden del día. Las familias con ascendientes, descendientes y cónyuges con discapacidad a cargo también pueden disfrutar de una serie de bonificaciones fiscales.