Andalucía y Comunidad Valenciana, las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas en residencias de mayores

Tras la irrupción de la pandemia, las plazas en residencias de mayores en España han aumentado 9.541. Sin embargo, el aumento no ha sido acorde al aumento de personas mayores de 65 años, que desde 2021 ha aumentado en 380.265 personas. Actualmente, España necesita 85.814 plazas residenciales para alcanzar el ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores, una estimación óptima que realiza la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Los datos recientemente publicados por el IMSERSO parecen indicar un crecimiento del sector residencial en 2022, tras el estancamiento registrado el año anterior como consecuencia del enorme impacto del covid-19 en estos centros. “Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando”, explica la organización en un comunicado.

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Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 85.814. Además, la organización recuerda que el país también necesita al menos 30.000 plazas para atender la demanda actual de personas en situación Dependencia Severa o Grandes Dependiente. Cierto es que la política del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ahora a cargo de Pablo Bustinduy y antes por Ione Belarra, opta por implantar políticas del cuidado en casa y no tanto en residencias. Ante esta política, que la organización de directores aplaude, sin embargo, asegura que “todavía no se han dado pasos decididos en esta estrategia. En 2022 este servicio solo alcanzaba una cobertura de 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia”, aseguran.

En cuanto a las horas de atención y cuidados, la media por paciente 20,2 horas mensuales, “dos décimas menos que en 2019, año previo a la pandemia”, explican. “Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres”, sentencia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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Actualmente, en España hay en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con Grado II y III, más 61.721 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 133.497 personas, según la estadística SAAD del IMSERSO de diciembre de 2023. De estas más de 133.000 personas, al aplicar los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3% de los grados III y un 16,3% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio. “De ahí la estimación de que serían necesarias unas 30.000 plazas residenciales solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia”, explica la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valencia, con 32.670 y 24.843 respectivamente. Mientras, en seis regiones hay exceso, con Castilla y León (17.234) a la cabeza. Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años. Los últimos datos recabados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que el 67,9% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Un total de 270.702, frente a las 127.873 exclusivamente privadas. “Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio. Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,79 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha”, explican.

En ese sentido, las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.