La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado en numerosas ocasiones que los salarios de España tienen un diferencial negativo en comparación con la media europea y ha fijado este aspecto como una de las brechas a cerrar desde la acción legislativa. El Ejecutivo solo puede subir de manera directa el salario mínimo que paga el sector privado, pero el partido minoritario del Gobierno plantea desde hace unos días que la reducción de la jornada laboral acordada con el PSOE busca realmente elevar el resto de los salarios.
Según defendió Díaz durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025 es “una norma que tiene que ver con el tiempo de vida de la gente y, sobre todo, tiene que ver con los salarios. La no reducción salarial es lo que va a permitir que sigamos tirando hacia arriba de los salarios”. Se trata realmente de un efecto indirecto: reducir la jornada laboral sin que disminuya el salario supone aumentar el precio por hora.
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El Gobierno reconoce así que la medida supone en el corto plazo un aumento del coste salarial para las empresas, que se ven obligadas a transferir rentas a los trabajadores por el nuevo marco legal, no por una decisión voluntaria de subida salarial o de contratación adicional de trabajadores. Es por esto que Díaz defiende que la reducción de la jornada laboral va más allá de ganar tiempo para el ocio y la vida personal: pretende avanzar en sus reivindicaciones sobre el reparto de los beneficios empresariales.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, lo explicaba con claridad hace unos días: “Lo que se está dirimiendo es el reparto de productividad a largo plazo entre excedente empresarial y trabajadores. Esto se debe disputar desde la mejora de los salarios, pero también desde la reducción del tiempo de trabajo, que indirectamente es una forma de mejorar el salario hora”. Análisis que coincide con el de la vicepresidenta. Según Sordo, ha habido “una apropiación muy desequilibrada en favor del capital y de las empresas” de las mejoras de productividad en los primeros 15 años de este siglo y ahora se trata de que ese reparto se haga “de forma mucho más equilibrada” tanto desde la negociación colectiva como desde la ley.
Los datos dan cuenta de que esta afirmación tiene matices: la masa salarial ya ha recuperado el terreno perdido en la Gran Recesión y lo ha hecho a costa del excedente bruto de explotación. La crisis de la pandemia ha sido muy distinta, tanto en sus causas como en la respuesta económica a la misma, y esto ha provocado que mientras los beneficios caían, las rentas del trabajo se mantuvieran por los ERTE y por el dinamismo del mercado laboral. También han influido las subidas salariales, más pronunciadas en 2023.
Según la Contabilidad Nacional que publica el INE, la remuneración de los asalariados ha supuesto un 47,8% del PIB en 2023, mientras que los excedentes han alcanzado un 42,3%. Son cifras que están en torno a la media de los últimos 30 años, aunque los beneficios empresariales sí se encuentran casi un punto por debajo y los impuestos (que van a las administraciones públicas) cuatro décimas por encima, representando el 9,8% del PIB. Si se compara con los países de la UE se observan diferencias con varios estados, como Francia y Alemania, donde los excedentes tienen un peso inferior (34,1% y 38,8%, respectivamente) y los salarios mayor (52,4% y 52,1%).
Un consenso complicado
Las negociaciones para reducir la jornada laboral no serán fáciles ni rápidas. La Confederación Española de Comercio (CEC) ya expresó su rechazo en un comunicado de hace unas semanas en el que tachó de “inasumible” la reducción de la jornada planteada por el Gobierno. Según la organización, la medida supondrá “una subida salarial encubierta equivalente al 6,25%” al tener que pagar lo mismo por menos horas de trabajo y “obligaría a la contratación de más personal para complementar esas horas”.
La CEC es miembro de la CEOE, única patronal con representación en el diálogo social. Aunque la organización liderada por Garamendi aún no ha rechazado oficialmente reducir la jornada, posicionamientos como este auguran que será muy complicado un acuerdo tripartito, algo fundamental para el PSOE. En un mitin el pasado 3 de febrero, Díaz aseguro que prevé “muchísimos problemas con la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial” y señaló que “dentro del Gobierno” también tiene “problemas” para implementarla, por lo que pidió “ayuda” a la ciudadanía a través de una recogida de firmas.
En el PSOE mantienen un perfil bajo respecto a la medida en sus cargos más políticos. A nivel técnico, el Ministerio de Economía consideró a preguntas de este medio que la creación de una mesa paralela solo de sindicatos y patronal para negociar la reducción de la jornada es “muy inteligente”. Según Israel Arroyo, secretario de Estado de Economía, la reducción de la jornada “no tendría por qué afectar a la productividad”, aunque la literatura es “bastante ambigua” al respecto. Por ello defendió que “lo más importante es que las empresas y trabajadores tengan la flexibilidad para adaptarse”. “Tampoco tenemos que pensar que tenga que tener un gran efecto negativo”, concluyó.