La comunidad universitaria se organiza para que la nueva ley de universidades eche a andar y tenga financiación

Durante la pasada legislatura, con Manuel Castells y Joan Subirats al mando del ya extinto Ministerio de Universidades, el gobierno aprobó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una nueva norma para reformar y actualizar la regla principal para la comunidad universitaria, que desde hacía dos décadas no sufría ninguna renovación.

La norma fue aprobada en abril de 2023 y todavía no ha logrado implantarse. La nueva configuración del Gobierno ha introducido la gestión de Universidades dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación de Diana Morant y desde los centros educativos reclaman medidas para que la norma, especialmente lo relacionado con los nuevos sistemas de financiación, no se conviertan en papel mojado.

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Un asunto enconado es la financiación. Los cambios que se proponen requieren una fuerte inversión y la LOSU, además, contemplaba la aspiración de crecer en financiación pública hasta el 1 % del PIB para 2030, para que la inversión universitaria pudiera hacer frente a las exigencias de la nueva norma. Sin embargo, la ley descarga esa responsabilidad en las Comunidades Autónomas.

Ante esta tesitura, un escenario que tiene difícil implantación, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) pedía hace unas semanas que fuera el Estado el que asumiera los gastos derivados de la nueva Ley de Universidades. Este miércoles, la organización hacía un nuevo movimiento de presión y celebraba una Asamblea General Extraordinaria para analizar la aplicación de la LOSU.

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La presidenta de la asociación y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha comunicado que se le ha trasladado al Ministerio, en el marco de la reunión del grupo de trabajo sobre financiación de la LOSU, que si se plantea una propuesta de flexibilización temporal de algunas de las disposiciones de la ley, así como de calendarización de la financiación, las propuestas deben “materializarse lo más pronto posible” y “contemplar que la mayor parte del plan de financiación se haga efectivo en el año en curso” para atender a la situación concreta que afronta cada universidad en la aplicación de la ley. “Las rectoras y rectores han coincidido en la urgencia de conocer lo antes posible los tiempos y criterios con los que se desarrollará la propuesta del Ministerio”, asegura CRUE.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también se ha puesto manos a la obra. Hace una semana, anunció la creación de una Comisión de Trabajo para la implantación de la LOSU, que tendrá una primera reunión el jueves 15 de febrero. Esta Comisión está diseñada con el objetivo de establecer un sistema de financiación de las universidades españolas que les permita alcanzar la disponibilidad de unos recursos que equivalgan al 1% del PIB en el año 2030, “fijando unos criterios comunes mínimos para todo el sistema y estables en el tiempo”, asegura el ministerio.

Otros de los objetivos de la LOSU son la estabilización de muchos puestos de trabajo temporales, mandato de la Unión Europea, pero que también recoge la ley. Unos 26.000 profesores asociados pasarán de tener contratos de tiempo parcial a indefinidos, movimiento que lleva un coste económico y quién paga es la gran pregunta. Rejuvenecer las plantillas y combatir la precariedad son otros elementos a mejorar.

Las propuestas que elabore la Comisión de Trabajo se debatirán y aprobarán posteriormente en el seno de la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participan todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.