Cada comunidad autónoma tiene sus normas, lo que también afecta al sueldo de sus máximos dirigentes. De hecho, hay nueve comunidades autónomas en las que sus presidentes no reciben ningún tipo de remuneración tras dejar el cargo, ni pensión tras cumplir determinada edad. Por la contra, hay cuatro autonomías cuyos presidentes tienen privilegios más elevados que la media del resto de regiones, como es el caso de Galicia, Cataluña, Navarra y Extremadura.
En el caso de la Comunidad de Madrid, aunque en 2015 el PP intentó crear un estatuto de presidentes que incorporaba un sueldo vitalicio de unos 8.500 euros al mes, actualmente, el Gobierno madrileño no cuenta con ninguna ventaja para los expresidentes. Con todo, a finales de 2023, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registro una ley para modificar el mencionado estatuto de expresidentes para que el Ejecutivo decida sobre su contenido, aunque sin especificar si se incorporaría un sueldo vitalicio o cuáles serán las ventajas para aquellos que hayan pasado por la Real Casa de Correos.
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Sueldo vitalicio
Los presidentes gallegos quizás sean los más agraciados por la ley, que data de 1983 y establece que los exmandatarios pueden percibir un sueldo durante los dos años siguientes a su cese. El sueldo lo establece la Xunta de Galicia, que en 2007 aprobó un decreto para que este sea del 60% de lo que cobraran cuando aún estaban en el cargo. En este momento, y tras una subida que efectuó Alfonso Rueda en el año 2023, el jefe del Ejecutivo gallego cobra 82.843 euros, es decir, podría percibir durante los dos años siguientes a su cese un total de 49.705 euros, lo que se traduce en 4.142,15 euros al mes.
Pero, además de esto, los presidentes gallegos tienen asegurado un vehículo con chófer y asistente durante cuatro años en el caso de que hayan permanecido en el cargo una legislatura, y de 10 años si han sido presidentes durante más tiempo, como es el caso de Manuel Fraga o Alberto Núñez Feijóo. Además, tienen un puesto de trabajo asegurado en el Consejo Consultivo de Galicia, en el que se cobran 66.000 euros al año. Presidentes como Xerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño formaron parte de este órgano consultivo gallego.
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Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana no ofrecen, como Galicia, esa indemnización para los que hayan pasado por la Presidencia, pero sí que les dan entrada directa al Consejo Consultivo, lo que se traduce en un buen sueldo vitalicio. En el caso de la Comunidad Valenciana, un buen ejemplo es el expresidente Francisco Camps, que percibe 81.586 euros al año por este puesto, además de una oficina, un asesor o asesora a su disposición, y un chófer. También dispone para él un local para instalar dicha oficina, con el dinero necesario para que funcione y un coche del parque móvil de la Generalitat.
En el caso de Castilla y León, las condiciones son parecidas a las de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con la diferencia de que los presidentes podrán seguir trabajando con un sueldo bastante elevado en el Consejo Consultivo pero solo hasta los 70 años, aunque podrán prorrogar su estancia hasta los 75 si así lo solicitan.
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En Extremadura, los presidentes podrán seguir cobrando el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y “como mínimo, por una legislatura completa”. Esto se traduce en 87.000 euros brutos anuales, por lo que, una vez fuera de la Junta, percibirían 69.600 euros, es decir, 5.800 brutos mensuales. Además, los presidentes extremeños tienen muchas más ventajas: un equipo de tres trabajadores a su cargo y un vehículo, dietas e indemnizaciones para gastos de viaje, estancias y traslados por actos de representación a instancias de la Junta. Asimismo, su seguro de vida estará a cargo de la Administración la mitad del tiempo que se haya ostentado la Presidencia. Además, también derecho a pensión cuando se les termine esa asignación o lleguen a los 65 años. Esta será permanente y representará el 60% de su sueldo de presidentes, es decir, 52.200 euros brutos anuales, lo que es igual a 4.350 euros al mes sin límite de años.
Y en Cataluña tampoco viven mal los antiguos jefes de la Generalitat, y es que, como en Extremadura, el cobro se extiende hasta la mitad del tiempo que han estado en el cargo. También pueden cobrar pensión vitalicia los expresidents que, al igual que los extremeños, se corresponde con el 60% de lo que percibían en el cargo. De esta forma, un expresident de la Generalitat cobrará el 80% de 132.856 euros al año en cuanto deje su cargo, es decir, 106.284,8 euros al año, lo que suponen 8.857 euros brutos al mes. Y, cuando cumplan los 65 años, se podrán jubilar cobrando mensualmente 6.642,8 euros brutos.
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Despacho propio, pensión o “paro” de dos años
Hay otras ocho comunidades autónomas en las que sus exgobernantes no reciben remuneración alguna tras dejar su cargo: el Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Baleares, Murcia y Canarias. En cualquier caso, alguna de ellas sí que recoge algunas ventajas. En el caso de Asturias, pueden tener despacho propio y personal a su servicio y se les seguirá tratando como presidentes o “excelentísimo señor o señora”.
En Euskadi, aunque los antiguos lehendakaris no tienen derecho a un sueldo vitalicio, sí disfrutan de privilegios como una oficina de apoyo, una secretaría o un coche con chófer. Además, tienen derecho a una pensión cuando cumplen los 65 años, siempre que hayan sido lehendakaris durante al menos dos años y que se corresponderá con la mitad de su sueldo. Actualmente, el sueldo es de 103.750 euros, por lo que la pensión sería de 51.875 euros, más de 4.000 euros al mes.
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Los presidentes andaluces pueden cobrar el 60% de su sueldo percibido en el cargo una vez cumplan los 65 años, sin límite de tiempo y en el caso de que no tengan otro trabajo. Teniendo en cuenta que el sueldo actual de un jefe de Ejecutivo andaluz es de 87.333 euros, ya que Juanma Moreno lo subió en 2024, podrían percibir 52.399,8 euros al año, una vez cumplida esa edad, lo que se traduce en 4.366,65 euros al mes. Además, también se les ofrece una oficina y servicio de seguridad si lo ven necesario.
Navarra es otra comunidad con normas peculiares, y aunque no fija ninguna pensión vitalicia, sí estipula una indemnización temporal, como una especie de paro presidencial durante dos años. Se trata del 80% del sueldo actual, que se sitúa en estos momentos en 78.597 euros al año, por lo que percibirían 62.877,6 euros, que serían 5.239,8 euros mensuales.