La exclusión financiera afecta principalmente a personas mayores, pues muchas aprendieron a hacer gestiones como el cobro de la pensión o domiciliar recibos mediante atención en ventanilla y ahora se les está “exigiendo” que aprendan a utilizar herramientas “más complejas”, como Bizum o la banca digital. Los grupos parlamentarios del Congreso, salvo Vox, han propuesto garantizar que haya, al menos, un cajero automático por municipio o por cada 5.000 habitantes. Los ponentes han defendido que la instalación de estos cajeros corra a cuenta de los bancos, sobre todo mirando las cuentas de resultados del 2023, cuando la gran banca española superó los 26.000 millones de euros en beneficios.
Jordi Orobitg, de Esquerra, ha subrayado la necesidad de garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos, especialmente a los más vulnerables. Sobre todo teniendo en cuenta que el número de sucursales ha menguado en los últimos años en España, pasando de cerca de 46.000 en 2008 a unas 17.000 en septiembre de 2023.
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Con este panorama, y teniendo en cuenta que operar con una cuenta bancaria debería ser “un derecho fundamental”, Orobitg ha reclamado implantar una fórmula de liderazgo público que movilice recursos privados para la prestación del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. De su lado, Joan Carles Gallego, de En Comú Podem, ha recordado que al tiempo que la banca registra beneficios de 26.000 millones de euros en 2023, hay 1.500 oficinas y 6.000 trabajadores menos que en 2021. Esto ha hecho, apunta el diputado, que si antes una oficina atendía unas 1.500 personas, en la actualidad atiende a más de 2.500.
Las oficinas bancarias siguen cerrando en los pueblos
En 2023, respecto a 2022, un total de 167 municipios en España ganaron un punto de acceso presencial, según el Banco de España. Es el resultado de 223 poblaciones que obtuvieron un punto de atención frente a los 56 municipios que perdieron el último punto de acceso que les quedaba. De los 223 municipios que ganaron acceso a servicios bancarios, 179 eran municipios de menos de 500 habitantes. La mayoría de cierres del único punto de servicio también se producen en poblaciones de este tamaño, con 45 cierres.
La mayoría de estas ganancias de puntos de acceso no es a través de oficinas bancarias estables, sino a través de canales alternativos -agentes financieros, ofibuses, cashback, Correos Cash, etc-. Estos canales siguen siendo de uso minoritario para la población, que prefiere la atención en oficinas bancarias estables. De hecho, en municipios donde el único punto de acceso es un canal alternativo, la población residente acude a otros municipios con oficina para realizar sus gestiones bancarias, según ha indicado Banco de España.
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El número de puntos de acceso presencial a servicios bancarios experimentó un ligero descenso en el conjunto de España, debido a que la reducción de oficinas no se ha visto totalmente compensad por canales alternativos. Entre 2021 y 2022, las oficinas bancarias se redujeron un 7,2%, pasando de 19.014 a 17.648. De su lado, los puntos de acceso mediante canales alternativos aumentaron un 1,6%, desde 49.869 a 50.672 puntos. A este respecto, los mayores incrementos porcentuales se registraron en el número de ofibuses (28,4%) y agentes financieros (34,4%).
En los municipios más pequeños, de menos de 500 habitantes, el número de oficinas bancarias se redujo de 426 a 379, un 11% menos. Sin embargo, aumentó un 22,1% los puntos de acceso alternativos, desde 1.109 a finales de 2021 a 1.354 al cierre de 2022. Esto supone que pese al cierre de oficinas, los puntos de acceso en municipios pequeños crecieron un 12,9%.
“Esta aparente discrepancia entre la evolución de las medidas de accesibilidad por el lado de la oferta y por el lado de la demanda podría deberse, al menos en parte, a que la mayor disponibilidad reciente de puntos de acceso se explica por la implantación de nuevos canales alternativos, en un contexto en el que la clientela aún utiliza mayoritariamente las oficinas bancarias. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de atender no solo a la información por el lado de la oferta, sino también a la información por el lado de la demanda, para analizar la efectividad de las distintas alternativas disponibles en el diseño de los planes de actuación en materia de accesibilidad a los servicios bancarios” culmina el análisis del supervisor.