El Gobierno no se achanta con la posición de la Junta de Fiscales sobre Puigdemont y su vinculación con el terrorismo en un momento clave para la amnistía

La relación entre Junts y el Gobierno para sacar adelante la ley de amnistía no pasa por su mejor momento. La Junta de Fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido tumbar el informe que presentó el ponente Álvaro Redondo. Los miembros del órgano ven indicios de terrorismo suficientes como para investigar al expresident Carles Puigdemont por los disturbios de Tsunami Democràtic. La decisión no ha causado grandes “sorpresas” en el seno del Ejecutivo, que dice “respetar” el trabajo de los fiscales, pero también recuerda que su informe no es vinculante. “El criterio de la Fiscalía no se puede anticipar”, señalaban desde Moncloa tras conocerse la noticia.

La decisión de la Junta de Fiscales llega en un momento clave para la negociación de la ley de amnistía y la estabilidad de la legislatura. El contador se puso a cero este martes y la Comisión de Justicia tiene 15 días para emitir un nuevo dictamen, prorrogables por otras dos semanas si la redacción del texto se atasca. Las conversaciones entre el PSOE y las formaciones independentistas son cruciales para conseguir que el texto avance en su recorrido parlamentario pero la propuesta que lanzó al aire Pedro Sánchez sobre la LeCrim ha quedado sin respuesta por parte de los de Puigdemont.

Y el informe de los fiscales del Supremo, que asume la tesis del juez Manuel García Castellón, podría tensar todavía más las negociaciones. El magistrado de la Audiencia Nacional insiste en imputar al expresident por un presunto delito de terrorismo y lo acusa de haber planificado las protestas de Tsunami Democràtic.

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El Gobierno ha restado importancia al informe emitido por la Junta de Fiscales del Supremo y ha puesto en valor la ponencia del fiscal encargado, que entiende que “no concurre terrorismo en la causa del Tsunami”. A la Fiscalía del Supremo es a la que le corresponde argumentar si el Supremo debe o no asumir la investigación por delitos de terrorismo contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado catalán Rubén Wagensberg y otras nueve personas, como ha propuesto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del ‘procés’ en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito y el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, al que le tocó redactar el borrador de informe, coincidía con ese criterio. Pero la Junta de Fiscales del Supremo ha debatido este martes ese informe y ha decidido rechazarlo. Por 12 votos a 3 ha acordado que se debe investigar por terrorismo a Puigdemont.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha trasladado su “máximo respeto” al dictamen de los fiscales y ha enmarcado en la normalidad democrática el “debate jurídico” que han tenido este martes. “La decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos y criterios jurídicos que se han expuesto”, ha concluido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La socialista ha dejado la pelota en el tejado de la número dos de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, que será la encargada de unificar el criterio y redactar el informe definitivo.

Pilar Alegría no ha sido la única en pronunciarse. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “normalidad institucional absoluta” lo que ha ocurrido este martes en la Junta de Fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo y ha asegurado que van a respetar “cualquier decisión que tomen tanto los tribunales como el Ministerio Fiscal”. La titular de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido en la misma línea. “Los fiscales hacen su trabajo. Esto es un trámite, no me preocupa especialmente. Tenemos que dejar trabajar a todos los organismos”, ha sostenido. La número dos del partido, María Jesús Montero, ha insistido en el “respeto” y ha remitido a la prensa a las declaraciones de la ministra portavoz. El PP, por su parte, ha pedido no “presionar” a los miembros de la Junta de Fiscales.

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Los fiscales han rechazado el informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, que solo veía desórdenes públicos en las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia del procès. La mayoría de los miembros del órgano —12 de los 15 fiscales— han votado en contra de exonerar a Carles Puigdemont y han considerado que existen indicios suficientes como para imputarlo por un presunto delito de terrorismo. Los dos fiscales jefes de la Junta, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, han defendido posiciones contrarias, motivo por el que la “decisión final” queda en manos de la número dos de la Fiscalía General, Ángeles Sánchez Conde, que será quien resuelva el caso.

La Junta de Fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido tumbar este martes el informe que presentó el ponente Álvaro Redondo para impedir la investigación de Carles Puigdemont como presunto autor de un delito de terrorismo en el marco de los disturbios de Tsunami Democràtic. Los hechos se remontan al año 2019, cuando la plataforma organizó una cascada de protestas en la comunidad tras la sentencia del procès. Cabe recordar que el juez Manuel García Castellón presentó una exposición razonada de más de 100 páginas ante el alto tribunal para imputar por un delito de terrorismo tanto al expresident catalán como al diputado del Parlament, Rubén Wagensberg —ambos aforados—, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

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Álvaro Redondo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, sostiene que “no concurre el tipo penal de terrorismo” en la causa de Tsunami Democràtic. La mayoría de fiscales de la Junta, en cambio, ha asumido la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que insiste en atribuirle al expresident la planificación de los actos de protesta que poblaron las calles de Barcelona tras la sentencia del procès. La noticia llega poco después de la filtración de un primer borrador firmado por el fiscal Álvaro Redondo, donde se manifestaba a favor de que la Sala Segunda del Supremo investigara a Carles Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo. La prensa ha especulado con la posibilidad de que el borrador fuese modificado después de una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero los dos implicados han desmentido cualquier posible influencia.