Su nombre original es ‘Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho’, aunque se la conoce como Comisión de Venecia, porque esta es la ciudad italiana donde se originó y en la que se reúne cuatro veces al año. Se trata de un órgano consultivo —no deliberativo— del Consejo de Europa sobre derecho, elecciones y referéndum. Se creó en 1990 tras la caída del Muro de Berlín, ante la necesidad de asistencia por parte de Europa central y oriental. A través de este órgano, los Estados miembros pueden pedir asesoramiento jurídico sobre determinadas cuestiones a un grupo de expertos en derecho constitucional, además de ayuda para que adecúen sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos.
En España, la Comisión de Venecia es conocida porque el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, recurrió a ella para que avalase el referéndum de autodeterminación de Catalunya en el año 2017 antes de que se celebrase. “Cualquier referéndum debe ser llevado a cabo de acuerdo con la Constitución y la legislación en vigor”, respondió este órgano consultivo, que también advirtió al líder de Junts de que la Comisión solo puede intervenir si hay un acuerdo con las autoridades españolas.
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Ahora es el Partido Popular el que ha recurrido a esta herramienta a través de su Presidencia en el Senado, con Pedro Rollán al frente. En diciembre pidieron que se emitiese un dictamen sobre la ley de amnistía, lo que fue admitido a trámite y, de hecho, la Comisión de Venecia ya avanzó que mandaría una delegación a España para analizar la situación y preparar dicho dictamen. Un grupo de 7 juristas llega el jueves, 8 de febrero, para reunirse con Rollán y con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
Primera delegación que analiza la amnistía
El PP pretende que la Comisión de Venecia emita un informe negativo a la amnistía, un documento que también ha solicitado a la letrada mayor del Senado, o al CGPJ. Su objetivo es tener documentación suficiente con la que recurrir ante el Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), una vez la amnistía sea ley.
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En este sentido, los populares reclaman que el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, se reúna con la Comisión de Venecia durante su viaje a España, lo que no sucederá porque no tiene obligación, según ha alegado la Mesa del Congreso. Con todo, quien se encargará de elaborar el programa por el que se guiará a este grupo será la Comisión de Justicia, donde ha aterrizado la norma tras ser rechazada por el ‘no’ de Junts en el pleno del Congreso.
La delegación de esta comisión estará formada por siete personas: la vicepresidenta italiana de la Comisión, Marta Cartabia; el vicepresidente de los Países Bajos, Martin Kujier; la secretaria general y directora, Simona Granata-Menghini; la jurista suiza Regina Kiener; el búlgaro Philip Dimitrov; el mexicano José-Luis vargas Valdez; y el jefe de división Pierre Garrone.
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