La familia que gastó 50.000 euros en clínicas privadas porque la sanidad pública rechazó tratar a su hija anoréxica

Cursaba 4º de la ESO y en su ansiedad por no ganar peso, la adolescente hacía continuamente ejercicio, incluso a escondidas cuando ya estaba a solas en su cuarto. Una mala relación con sus compañeras de clase y un cambio de instituto como antecedentes destaparon problemas de salud mental en una joven de 15 años residente en Guadalajara, que fue diagnosticada casi de inmediato por los servicios de psiquiatría con una anorexia nerviosa.

El caso ha salido a la luz ahora, pero tuvo lugar en 2018. Todos los informes profesionales aseguraban que el tratamiento más adecuado para la joven y evitar que el problema, ya agudo, no empeorara, requería de un ingreso hospitalario en alguna sección especializada, pero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) rechazó la posibilidad en un informe en el que alegaba la incapacidad y falta de recursos. La menor apenas pesaba 40 kilos, tan delgada que sufría de amenorrea (pérdida del ciclo menstrual) y pasaba un calvario cada vez que comía. “Si tengo que comer me corto las venas”, llegó a decir frente a sus padres.

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El proceso de esta joven refleja los cuadros más clásicos de la anorexia. De la inconformidad con su cuerpo y cierta obsesión con las redes sociales afloraron miedos a engordar que derivaron en dedicar su jornada casi al completo a hacer ejercicio y a controlar sus comidas. La menor también había manifestado ideas suicidas, además de irritabilidad y un estado de ánimo bajo y apático, síntomas relacionados con el trastorno alimenticio, pero que también pudieron ser los disparadores de todo lo demás.

Aunque la anorexia y la bulimia siempre habían sido enfermedades relacionadas con mujeres que rondaban la mayoría de edad, el problema avanza y cada vez afecta a personas más jóvenes. El grupo de riesgo principal cada vez abarca más rango de edad y están dentro del paraguas desde las adolescentes de 12 años hasta las mujeres de 21 años. En total, los porcentajes de personas con Trastorno de la Conducta Alimenticia (TCA) se dispararon durante la pandemia en España y crecieron alrededor del 40% en 2021 respecto a 2019, según datos de la Sociedad Española de Urgencias en Pediatría (SEUP). Justo entre esos años tuvo lugar este caso.

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Ante el deterioro crónico de la menor, los planes de los padres pasaban porque fuera ingresada en alguna clínica o en alguna Unidad de Trastornos Alimentarios. Al no disponer Guadalajara de una sección especializada para estas enfermedades, las opciones eran dos: un traslado al Hospital Niño Jesús de la Comunidad de Madrid o el ingreso en la unidad especializada del Hospital de Ciudad Real. La psicóloga de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del centro alcarreño descartó ambos trámites. “No había convenio con Madrid y que no hay hospitalización de día en Ciudad Real”, fue la explicación que se dio y que está recogida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Ante la falta de perspectivas y la urgencia de la menor, los padres desistieron de la atención recibida por la sanidad pública y acudieron a la sanidad privada para recibir ayuda profesional. Más de 50.000 euros invertidos en tratamientos que deberían estar disponibles en la red del Sistema Nacional de Salud. Con sentimiento de injusticia, acudieron a la justicia y mediante la Asociación El Defensor del Paciente y la letrada Carmen Fernández-Bravo, denunciaron al sistema público castellanomanchego, que ha tenido que indemnizar a la familia y pagarles los costes invertidos en el sector privado.

“La Sentencia recoge la lucha de los padres, antes de acudir a la sanidad privada, para que el SESCAM actuase y prestara a la menor la correspondiente asistencia médica, cosa que no hizo, informando al mismo expresamente de la gravedad de la situación, la respuesta fue que no hay recursos en Guadalajara ni en el SESCAM para el tratamiento”, zanja la organización que ha defendido a la familia.