Informes de “ruralidad” o indemnizaciones por los ataques en Francia: el PP se sube al carro de la defensa del campo con un plan de choque

Los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han reunido con la Dirección Nacional del partido para analizar y coordinar la respuesta del partido ante crisis del sector en España. Han redactado un plan de choque con quince medidas para acometerla, entre otras, la suspensión del impuesto al plástico, el compromiso de no imponer otros nuevos, el pago de las indemnizaciones a los afectados por los ataques en Francia o la obligatoriedad de que cada medida aprobada lleve aparejada un informe de impacto en la economía rural.

Durante la reunión se ha consensuado un manifiesto en defensa del campo español para expresar el apoyo del partido a los agentes que componen el sistema alimentario español, además del compromiso de erigirse como el “gran partido del campo y del medio rural”. Todo ello después de que los agricultores de distintos países de la Unión Europea (UE) lleven semanas manifestándose para exigir cambios en las políticas nacionales y europeas, sobre todo en el caso de los pequeños productores.

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Aunque las movilizaciones comenzaron en Alemania, poco después el foco se trasladó a Francia, donde se bloquearon ciudades y carreteras, una situación que finalmente se ha desplazado a otros países. En concreto, el malestar generalizado viene por los requisitos de la nueva Política Agraria Común (PAC) y los precios bajos en origen, ya que países como Bélgica, España, Portugal e Italia denuncian que tienen mayores cargas administrativas, critican la imposición de determinadas prácticas ambientales y las importaciones de países que no cumplen con las normas de producción europeas.

El Partido Popular se ha subido al carro de la defensa del campo con un plan de emergencia que contempla estas 15 medidas:

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1— Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.

2— Reforzar la imagen de España en los mercados, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.

3— Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar la dependencia de terceros países. Para ello es necesario mantener el tejido agrario y la rentabilidad de las explotaciones españolas, no aprobar normas que supongan más restricciones sin haber regulado alternativas y revisar los acuerdos comerciales con terceros países para incorporar avances ambientales. El PP también llama a flexibilizar urgentemente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.

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4— Exigir que cualquier norma que se apruebe lleve aparejado obligatoriamente un informe de su impacto en la economía rural y en la producción de alimentos: impacto de ‘ruralidad’.

5— Exigir la flexibilización de la Política Agraria Común para consensuar criterios en España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de las condiciones medioambientales y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de países de la UE.

6— Un Pacto Nacional del Agua que acarree inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos.

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7— Exigir que se revise la Ley de la cadena alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.

8— Reexaminar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.

9— Reformar el PERTE agroalimentario, comprobando los criterios y fondos asignados por el gobierno a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial.

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10— Crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.

11— Inspeccionar todos aquellos elementos que lastran la competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea.

12— No crear nuevos impuestos, ni aplicar más cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.

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13— Suspender el impuesto al plástico, dado que España ha sido de los primeros países en aplicarlo, con recaudación récord por encima de las propias estimaciones del Gobierno en su primer año de aplicación.

14— Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluidos carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos y sus derivados.

15— Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés.